“Inoperativo”, “ineficaz” y “orientado a aparentar el cumplimiento del mandato del TSJC”. Así describe el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos el dispositivo de los Mossos d'Esquadra para impedir el referéndum.
En un informe entregado a la magistrada del TSJC Mercedes Armas, el coordinador del dispositivo policial del 1-O asegura que “en ningún caso la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes ni a los ciudadanos”. Si se usó la fuerza, añade el informe, fue porque “determinados individuos intentaron impedir físicamente el acceso de la fuerza pública a los locales” para retirar las urnas y las papeletas.
De los Cobos no se ahorra críticas hacia los Mossos. “Con carácter general –reprocha el mando único de Interior a la policía catalana– su actitud fue de absoluta pasividad y nula colaboración”. Y va más allá al asegurar que, en casos concretos, los Mossos se dedicaron a “entorpecer y obstruir” la actuación de las policías estatales.
En concreto, el informe detalla locales en que los Mossos cogieron urnas mientras los ciudadanos votaban, gestionaron el cierre del local sin intervenir material, realizaron “contravigilancias” o alertaron a las personas que se hallaban en el interior del recinto de la intervención de la Policía Nacional.
De hecho, De los Cobos destaca que las personas “parapetadas” en los colegios electorales mostraron “complicidad” y “agradecimiento” a los Mossos “ante la inacción de la mayoría” de patrullas de la policía catalana.
En lo único que coinciden los cuerpos policiales estatales y los Mossos es que era la policía catalana quien debía pedir la intervención de Policía Nacional y Guardia Civil. Mientras que los Mossos, en su informe ante el TSJC, criticaron que los cuerpos policiales actuaran sin avisarles, De los Cobos lo justifica por la “inactividad generalizada” de la policía catalana.
Considera además que la orden del TSJC a la policía para impedir el referéndum “habilitaba” a Policía y Guardia Civil a actuar “no sólo a requerimiento” de los Mossos, “sino ante la eventualidad de que se constatara que lo ordenado por la magistrada no se estaba cumpliendo”, como así ocurrió debido a la “constatación fehaciente de la más que limitada eficacia” de los Mossos, según De los Cobos.
“En ningún caso se estableció como medida de coordinación, ni tácita ni explícitamente, que la actuación de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se restringiera temporal o territorialmente a la concreta petición de apoyo por parte de los Mossos d'Esquadra”, abunda De los Cobos.
“Resistencia pasiva organizada”
Si los antidisturbios tuvieron que actuar el 1-O fue, según De los Cobos, porque además de la inoperancia de los Mossos se encontraron una “resistencia pasiva organizada” de los votantes frente a los colegios. Dicha resistencia, remarca el mando único, “obligó a una intervención laboriosa de los agentes”. En algunos colegios, además, la “virulencia de las personas parapetadas” derivó en “incidentes de violencia que obligaron a utilizar la mínima fuerza imprescindible”. Más de 1.000 fueron atendidas por los servicios de emergencia debido a las intervenciones policiales.
El “elemento común” de las concentraciones frente a los colegios y las posteriores cargas policiales del 1-O que dieron la vuelta al mundo fue, según De los Cobos, “la oposición organizada en contra de la intervención” de la policía.
En total, el informe cifra en 113 los puntos de votación cerrados por la Policía y la Guardia Civil, a los que suma otros 100 locales “desactivados” porque no llegaron a abrir o cerraron por la presencia de los cuerpos estatales en la zona. Añade que un total de 10 agentes se lesionaron el 1-O y que se practicaron 5 detenciones “por agresión a los agentes de la autoridad”. Por su lado, los Mossos aseguraron que decomisaron más de 400 urnas e impidieron la votación en un total de 446 colegios electorales sin llevar a cabo cargas.