Jordi Sànchez pide al juez Llarena que se pronuncie antes del lunes sobre si puede acudir a la investidura
La investidura catalana se ha convertido en una partida de ajedrez entre el candidato Jordi Sànchez y el juez Pablo Llarena. Después de que el magistrado haya abierto la puerta a decidir sobre la petición de libertad provisional de Sànchez después del pleno de investidura previsto para el próximo lunes, la defensa del exlíder de la ANC ha presentado en la tarde de este miércoles un nuevo escrito por el que pide al juez que decida únicamente sobre un permiso extraordinario para asistir al pleno de investidura.
El escrito solicita que Llarena tome la decisión sobre el permiso antes del lunes, sin dar traslado a las acusaciones y las defensas. Se trata así de encontrar un pronunciamiento del magistrado antes de la fecha en la que oficialmente sigue convocada la primera sesión del pleno de investidura: el lunes 12 de marzo a las 10h.
Llarena ha trasladado este miércoles la petición de libertad de Sànchez al resto de defensas, a la Fiscalía y a la acusación popular de Vox, a quienes ha otorgado un plazo de cinco días para decidir si se oponen o se adhieren a la petición de libertad. Este plazo podría llevar la decisión del magistrado sobre la libertad de Sànchez para el mismo lunes, día del pleno, o incluso el martes o el miércoles de la semana que viene.
El letrado de Sànchez, Jordi Pina, se ha reunido este miércoles con el presidente del Parlament, Roger Torrent, para abordar la investidura de Sànchez. Del encuentro ha trascendido que la defensa valora presentar una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para proteger los derechos del candidato a la presidencia de la Generalitat en caso que Llarena no decida sobre el permiso antes del viernes.
En su petición de libertad, la defensa de Sànchez recalcó la “decidida voluntad” del candidato y de JxCat para “respetar las decisiones del Tribunal Constitucional” así como de “obrar siempre de modo pacífico y respetuoso con la legalidad, sin que ello comporte renuncia alguna a sus firmes convicciones independentistas”.
