Junts pel Sí sólo debatirá la moción de la CUP de desobediencia al Constitucional si se ajusta a la legalidad
Junts pel Sí ha puesto condiciones a que el pleno del Parlament de la próxima semana debata la moción de la CUP que pide “no atender” la sentencia del Constitucional que anuló la declaración independentista del 9 de noviembre y a reiterar su vigencia y contenido.
La reunión de la Mesa del Parlament, donde JxSí tiene mayoría, ha admitido a trámite la propuesta de la CUP para que la Cámara desatienda la anulación decretada por el TC de la declaración independentista. Pero lo ha hecho, según ha explicado su vicepresidente primero, Lluís Corominas (JxSí), con la condición de que se introduzcan cambios. El motivo, ha dicho Corominas, es que el texto suscita “dudas” legales.
Así, a pesar de la admisión a trámite inicial, Corominas ha explicado que, si no se produjera ninguna variación en el texto por la vía de enmiendas y transacciones, la Mesa propondrá someter a votación del pleno del Parlament del próximo 6 de abril una alteración del orden del día para retirar la moción. No ha tardado en responder a JxSí la diputada de la CUP, Ana Gabriel, que ha advertido que su grupo no piensa cambiar “ni una coma” del texto, y ha pedido a la lista del independentismo transversal que avise a los anticapitalistas “si la declaración del 9-N es papel mojado”.
Esta moción ha provocado el enfrentamiento entre Convergència y la CUP y que, a falta de las enmiendas que el grupo parlamentario de Junts pel Sí pueda presentar, puede provocar otro enfrentamiento entre los dos grupos independentistas del Parlament. Este lunes, el líder de CDC en el Congreso, Francesc Homs, cargó contra los cupaires por “partidismo” y utilizó dicha moción para cuestionar el independentismo de la CUP. De lo que han declarado Corominas y Gabriel se deduce que, si nada cambia, la moción acabará cayendo del orden del día.
Aparte de la desobediencia al Constitucional, la moción de los anticapitalistas insta al Govern que encabeza Carles Puigdemont a presentar al Parlamento en un plazo de 30 días un plan de ejecución de los anexos de la declaración, relativos a derechos sociales, así como “un plan de actuación relativo a la fase preconstituyente del proceso constituyente”. También reclama al Ejecutivo que reserve una partida a los presupuestos “para financiar dicha fase preconstituyente” y que apoye a los Ayuntamientos investigados por apoyar la declaración.
