La jueza que investiga la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva ha imputado –investigado, según la nueva denominación– a 23 agentes del primer cuerpo que actuaron en cinco colegios de la capital gerundense. Se trata de antidisturbios de la Policía Nacional identificados por los propios denunciantes de las presuntas agresiones.
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la instructora detalla el reguero de agresiones denunciadas por las que decide imputar a los agentes, una vez cotejados los vídeos que forman parte del sumario. El centro que acumula más policías investigados es el colegio Verd de Girona, con doce antidisturbios. De este centro, cuatro agentes han resultado imputados por “golpear violentamente” a varios votantes, y otros tres por, según recoge el auto, “agredir” a un denunciante “y a otro señor que incluso estaba inconsciente”. Otro habría tirado las gafas al suelo a un hombre, al que también habría agredido.
Las versiones de los denunciantes acogidas provisionalmente por la instructora contrastan con lo expresado por los agentes intervinientes en los centros durante sus declaraciones como testigos en el juicio del Tribunal Supremo. Relataron los agentes que los concentrados en los centros los agredieron, por lo que tuvieron que repelerlos con las porras. Ninguno recordó ciudadanos lesionados por la intervención policial.
La instructora ha accedido a las peticiones de los heridos, la Generalitat y los Ayuntamientos de los municipios –que ejercen la acusación popular– y no solo ha imputado a los agentes, sino que ha mantenido la causa abierta por los presuntos delitos de lesiones y torturas. El de Girona se convierte así en el único juzgado catalán que investiga el presunto delito de torturas en la intervención policial del 1-O.
En este sentido, los letrados Albert Carreras y Mònica Tarradellas, que representan a los heridos, consideran que la actuación policial del 1-O en Girona se incardina en un presunto delito de torturas porque buscaba no solo cumplir con el auto del TSJC que ordenaba a los agentes impedir el referéndum, sino que tenía el objetivo de “castigar a los ciudadanos que pretendían participar en el referéndum”. Los letrados también han afeado que la Fiscalía se haya opuesto a las imputaciones, lo que a su juicio “dificulta la instrucción con el único objetivo de que las acusaciones decaigan y se archive el procedimiento”.