El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado la petición del diputado de JxCat y candidato a la investidura, Jordi Sànchez, para poder participar en su debate de investidura. El juez se reafirma así en su negativa a permitir la asistencia de Sànchez al pleno como ya hizo el pasado mes de marzo, cuando el exlíder de la ANC fue propuesto por primera vez como candidato.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, debe decidir ahora si mantiene o aplaza el pleno de investidura convocado para este viernes a las 10h. Tras el primer 'no' de Llarena, Torrent optó por suspender el pleno y el independentismo acordó un nuevo candidato, Jordi Turull, opción que también frustró el instructor tras encarcelarle el día después de su primera votación de investidura fallida.
La defensa de Jordi Sànchez, que ejerce el penalista Jordi Pina, había planteado este martes al juez Llarena tres alternativas para que el exlíder de la ANC participara en el debate de investidura: la libertad provisional, un permiso extraordinario para salir de Soto Real únicamente para acudir presencialmente el Parlament y, en última instancia, exponer su programa por videoconferencia desde la cárcel.
El magistrado rechaza las tres opciones al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva en Sànchez y que no se conjura con ninguna de las medidas de libertad, conducción policial o intervención en el pleno por videoconferencia. Llarena añade que la eventual investidura de Sànchez, procesado por rebelión, presenta elementos que apuntan “marcada y racionalmente” a que su presidencia “pueda orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional por el que cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática”.
“Existen indicios de que el ataque al orden constitucional puede estar en desarrollo por más que se encuentre actualmente paralizado y en posible espera de un relevo en sus protagonistas”, sostiene Llarena sobre el devenir de la legislatura catalana. El instructor se basa en el Libro Blanco hacia la Transición Nacional, un proyecto para definir cómo tenía que ser Catalunya si lograba ser un estado independiente que Artur Mas encargó a un comité de asesores y profesores universitarios en 2014.
La defensa insistió en que Llarena “habilitara las medidas necesarias” para que Sànchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre, pudiera “tomar parte como candidato” en la sesión de investidura del viernes, tal y como se desprende del requerimiento de medidas cautelares formulado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Sobre la ONU, Llarena responde que las medidas cautelares la ONU no suponen que el Comité haga una indicación “concreta y vinculante” para el Supremo sobre los derechos políticos de Sànchez. Añade el magistrado que el Comité “ni siquiera osa sugerir” que la tutela de los derechos políticos de Sànchez pase por dejarle en libertad o permitirle acudir a la investidura, como sí interpretaba la defensa del de JxCat.
Según Llarena, el interés de evitar daños irreparables en los derechos políticos de Sànchez contenido en las medidas cautelares de la ONU “no implica que ineludiblemente deba autorizarse el ejercicio completo de su contenido”. Ni tampoco impide evaluar, añade el juez, si el “completo disfrute” de los derechos de Sànchez como parlamentario que le permitiría acudir a la investidura “resulta acorde con el principio de que la representación ciudadana se ejerza de forma constitucionalmente adecuada o si, por el contrario, puede arrastrar la negación parcial de unos derechos políticos del resto de la comunidad que sean dignos de protección preferente”.