El Parlament de Catalunya interpondrá una querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye el caso por rebelión contra varios diputados y exmiembros del Govern. Así lo ha decidido este viernes a instancias del presidente Roger Torrent la Mesa, reunida de forma extraordinaria ante el veto que el magistrado impuso este jueves a la investidura de Jordi Sànchez.
La Mesa considera que con la resolución dictada el jueves el Supremo ha podido violar de forma consciente los derechos políticos del diputado Sànchez, quien había planteado hasta tres fórmulas para poderse presentar candidato a la investidura después de haber sido propuesto como candidato. La mayoría de la Cámara entiende que esta violación de sus derechos como diputado estaría agravada por el hecho de que Llarena conocía la comunicación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que se instaba al Estado, a petición de la defensa de Sànchez, a garantizar los derechos del preso.
Según fuentes de la Mesa, los letrados del Parlament han mostrado ante el órgano parlamentario sus dudas respecto a lo adecuado del paso, al asegurar que como letrados no tienen suficientes conocimientos de derecho penal. Este aspecto tiene relevancia ya que será el cuerpo jurídico de la Cámara quien deberá redactar la querella y llevar el procedimiento judicial como parte. Pese a las dudas mostradas, los cuatro miembros independentistas de la Mesa han votado favorablemente para interponer la querella.
La iniciativa del Parlament fue anunciada el jueves, pocas horas después de que Llarena dictase la resolución con la que impedía el cuarto intento de investidura. Torrent optó entonces por “aplazar” el debate de investidura, que debía celebrarse este viernes, pero convocó a cambio a la Mesa. Los grupos independentistas anunciaron en el mismo momento su apoyo a la querella por prevaricación. Desde el grupo de los Comuns tampoco ven con malos ojos abrir la vía judicial contra el instructor tras sus recientes decisiones.
Por su parte, Ciutadans se opuso diametralmente a que sea la Cámara la que se persone por vía judicial. Según explicó el portavoz Carlos Carrizosa, el Parlament no debe decirle al juez “lo que tiene que hacer”. Por ello anunció medidas judiciales para evitar que la Cámara gaste “un solo euro público” en esta querella. “Como lo hagan con dinero del Parlamento se encontrarán delante con Ciudadanos”, ha asegurado Carrizosa respecto a la querella en declaraciones a RNE.
La vía judicial abierta desde el Parlament es parte de la estrategia de defensa del equipo internacional que lidera el abogado británico Ben Emmerson, el mismo que acudió al Comité de Derechos Humano de la ONU obteniendo la polémica comunicación. Para la oposición, poco más que un acuse de recibo. Para el juez, según mostró en su auto, una comunicación sin efectos. Para el independentismo, en cambio, una puerta desde la que acceder a los tribunales internacionales.