El inspector de los Mossos d'Esquadra Jordi Arasa seguirá en el cuerpo hasta que tenga una sentencia firme, pero ya no realizará más funciones de orden público debido a su condena a dos años y cuatro meses de cárcel por aporrear a los indignados del 15-M. Así lo ha anunciado este miércoles el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, en una entrevista en Els Matins de TV3. “Es una pena muy severa, una sentencia condenatoria que deja en una situación complicada al inspector”, ha manifestado Sallent.
Según ha explicado Sallent, este mismo miércoles llamó a Arasa para comunicarle que “atendidas las circunstancias” de la sentencia de la Audiencia de Barcelona “tocaba cambiar de destino”. Hasta que no haya sentencia firme del Supremo –Arasa puede recurrir al Alto Tribunal su condena– no entraría pues en vigor la inhabilitación para ejercer de policía impuesta por la Audiencia de Barcelona.
La sentencia de la Audiencia de Barcelona, a la que Sallent ha mostrado todo su “respeto institucional”, destaca que los empujones, golpes y porrazos con los que Arasa desalojó la plaza Catalunya no estaban “justificados en ningún caso” porque los indignados estaban sentados en el suelo de forma “pacífica”. El fallo, según Sallent, obliga a la policía a que Arasa “puede seguir desarrollando sus funciones”, pero no dentro del orden público para controlar manifestaciones y concentraciones.
Los mandos arremeten contra el tribunal
Al contrario que Sallent, que ha mostrado en todo momento su respeto a las decisiones judiciales,, los mandos de los Mossos d'Esquadra han arremetido contra la sección 3a de la Audiencia de Barcelona por la condena a Arasa. En un duro comunicado, el sindicato de mandos SICME ha tildado de “injusta” la sentencia judicial, y ha considerado que el fallo “hace que nuestra labor quede afectada y en entredicho”.
“La pena es que las instituciones a las que protegemos puedan seguir el juego a los que quieren generar desgaste institucional y al sistema en el que vivimos”, lanza el sindicato mayoritario entre los mandos de la policía autonómica. La sentencia considera probados (y documentados por varios vídeos y fotografías) numerosos porrazos, golpes y tirones de pelo de Arasa a indignados que en ningún momento agredieron o amenazaron a la policía.
El sindicato SICME niega la mayor y dedica buena parte del comunicado a desmentir la sentencia. Si las magistradas concluyen que Arasa empezó a agredir a los manifestantes sin motivo y sin previo aviso, y, analizando abundante jurisprudencia y las pruebas del caso, reprocha que Arasa agrediera a los indignados sin intentar antes otras alternativas no violentas, el SICME replica que en el dispositivo de plaza Catalunya “no se contempló la mediación previa” y “era necesario el uso de la fuerza”.
Es más, el sindicato llega a poner en duda las imágenes y vídeos que han formado las pruebas del caso –pese a que la defensa de Arasa no las impugnó en el juicio– por ser “solo de la parte acusadora, posiblemente manipuladas y sacadas de contexto”.
“Si un agente de orden publico sobrepasado por la cantidad e personas que lo desobedecen manifiestamente no puede hacer uso de su defensa no se puede mantener la línea policial, y la sentencia lo cuestiona”, censura el sindicato de mandos de los Mossos.
Además, el sindicato critica el retraso en el juicio y la condena, pese a que las magistradas han rebajado la pena a Arasa precisamente por el atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento, habida cuenta de que han pasado nueve años desde los hechos hasta la sentencia.
“Vivimos tiempos convulsos en que una parte de la sociedad, aquella que siempre hace más ruido que el resto, cuestiona de forma sistemática y sin escrúpulos el trabajo de los agentes, lo que es una forma de atacar la democracia”, reza el comunicado, que confía en que Arasa terminará absuelto cuando el Tribunal Supremo resuelva su recurso de casación.