El enroque fiscal de JxSí impide revertir por completo los recortes de Artur Mas
La negativa del Govern a implementar una reforma a fondo de sus impuestos propios y cedidos, como Patrimonio o Sucesiones, volverá a lastrar la capacidad de gasto de la Generalitat en 2017, que no llegará a los niveles de gasto social anteriores a los recortes de Artur Mas. En comparación con el año 2010 –el de mayor gasto social antes del ajuste–, la partida en Sanidad es un 11% más baja, idéntico porcentaje que la diferencia en Enseñanza entre 2010 y 2017. En cifras absolutas, las principales políticas sociales –salud, educación, protección social, vivienda– ascendieron a 19.129 millones de euros antes de los recortes, mientras que en el proyecto para 2017 suman 16.883 millones.
El vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha cifrado este martes en unos 1.000 millones el aumento del gasto social en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2017 respecto a los últimos aprobados, los de 2015. Este importante aumento es paralelo a una mejora sustancial de los ingresos que, sin embargo, no salen de una reforma fiscal, a la que Junts pel Sí se opone, sino de las liquidaciones de años anteriores propias del sistema de financiación autonómica.
Economía ha preferido dejar el aumento de gasto social en manos de los llamados “anticipos” que el Estado hace de los impuestos recaudados dos o más años antes por las comunidades, antes que tocar los impuestos de las rentas más altas a través de las competencias de la Generalitat. Entre las posibilidades que tenía para ello, una subida del tramo autonómico IRPF a partir de los 60.000 euros o cambios progresivos en el impuesto de Sucesiones o el de Patrimonio, como le reclama el conjunto de fuerzas de izquierdas de la oposición.
181 millones más en impuestos propios
Precisamente los dos años que tardarían las arcas catalanas en notar estos cambios fiscales son uno de los motivos esgrimidos por el Ejecutivo para no llevarlos a cabo. Además, está la negativa de Convergència a tocar el IRPF, Sucesiones y Patrimonio. Todo ello pese a las reiteradas peticiones de las entidades contra la pobreza, que calculan que haciendo más progresivos dichos impuestos se recaudarían alrededor de 1.000 millones más.
El proyecto de presupuestos estima un aumento de la recaudación de 181,8 millones por las nuevas medidas tributarias previstas para el próximo año, como la creación del impuesto a las bebidas azucaradas o la modificación de tributos ya existentes, como el de las grandes superficies, el de actos jurídicos documentados o el de las nucleares. Mientras, por anticipos y liquidaciones la Generalitat ingresará 4.000 millones más, aunque en este ejercicio no presupuesta los algo más de 2.000 de inversiones del Estado y anticipos del fondo de competitividad que preveían las cuentas de 2015, de los que no llegó ni un euro.
Las actuaciones llevadas a cabo este año en materia fiscal solo representan un porcentaje del 11% del al aumento total de ingresos respecto a los previstos en 2015. Las actuaciones fiscales de Junqueras ni siquiera tienen un gran impacto en el aumento de ingresos por impuestos propios de la Generalitat, de los que representan solo un 23%.
Mucha imaginación, poca recaudación
En contraste con los cambios mínimos que han implantado los distintos ejecutivos desde 2010 sobre los impuestos en los que la Generalitat tiene plenas competencias, la actividad gubernamental ha sido intensa en la creación de nuevos tributos. Su recaudación, no obstante, queda lejos de lo que se ingresa mediante los impuestos tradicionales.
Así, desde 2012 se han creado hasta nueve tributos, dos de ellos anulados por el Tribunal Constitucional (el euro por receta y el impuesto sobre los depósitos bancarios). En conjunto, la recaudación de todos ellos en tres años –hasta 2015, el último ejercicio completo– llega hasta los 155,2 millones de euros. En el mismo periodo de tiempo, se ingresaron 1.069,08 millones de Sucesiones y Donaciones y otros 1.446,53 en Patrimonio. Todo ello en ejercicios en que los ingresos habían menguado en comparación con los años de bonanza económica.
Si se mira tributo por tributo, ninguno llega a los 50 millones de recaudación en un ejercicio. Sólo el impuesto sobre las pernoctaciones turísticas roza esa cantidad (43,12 millones en 2015). El resto aporta pocos ingresos a las arcas catalanas: 30 millones el impuesto a las nucleares; 7,3 el gravamen sobre el ADSL. Hasta septiembre, el nuevo impuesto sobre la aviación comercial había ingresado 3 millones.
Los presupuestos para 2017 siguen la misma línea de imaginación fiscal, en este caso con la creación del impuesto sobre las bebidas azucaradas, con el que se prevé ingresar 31 millones el año que viene, y 41,3 en los próximo ejercicios. Además, JxSí y CUP registraron en el Parlament la creación de un impuesto sobre los bienes de lujo en manos de sociedades. Este proyecto no se ha incluido en las cuentas porque su estado es embrionario –todavía no hay ni una previsión de ingresos y de contribuyentes. No obstante, ha suscitado suspicacias de los partidos de izquierda de la Cámara. El portavoz de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela, lo ha tildado “improductivo” y de “humo” y ha dudado de que llegue a recaudar algo.
