El juez ordena a Hacienda que sus peritos cuantifiquen el gasto público en el 1-O
El Ministerio de Hacienda tendrá que determinar el coste para las arcas de la Generalitat del 1-O. Así lo ha ordenado el juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum, Juan Antonio Ramírez Sunyer, a petición de la Fiscalía. El objetivo del juez es individualizar las responsabilidades de los imputados por un presunto delito de malversación, de lo que se desprende que la instrucción de la causa empieza a entrar en su recta final. El caso acumula una cuarentena de investigados, entre altos cargos de la Generalitat, funcionarios y empresarios.
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, el juez manda a los técnicos del Ministerio de Hacienda elaborar un informe pericial para determinar “la cuantía que fue empleada para la celebración del referéndum”. El instructor también quiere que los peritos de Hacienda concreten desde que departamentos de la Generalitat se aprobó el gasto y con cargo a qué cuentas o partidas presupuestarias.
Asimismo, Ramírez Sunyer ha encargado a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) otro informe pericial “sobre la cuantificación que supone el uso de las instalaciones públicas para la celebración del referéndum”.
De esta forma, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona recibirá un informe pericial de Hacienda que no consta en la causa del Tribunal Supremo contra los exconsellers, han indicado fuentes jurídicas. La polémica entre el exministro Cristóbal Montoro y el magistrado Pablo Llarena a cuenta del gasto de la Generalitat en el 1-O se cerró con la renuncia del instructor a un informe contable del Ministerio sobre la presunta malversación, aunque dejó la puerta abierta a que técnicos de Hacienda declararan durante el juicio.
Mientras los exconsellers en el Supremo y los altos cargos investigados en instrucción 13 defienden que el 1-O no se pagó con dinero público, los investigadores elevan la presunta malversación a 3,2 millones de euros. Los empresarios investigados han negado que la Generalitat les pagara por gastos del 1-O, pero la Fiscalía recuerda que hay malversación aunque no se abone la factura: basta con que se acredite el empleo de recursos públicos para objetivos contrarios a los de una administración que actúa bajo el principio de legalidad. En el 1-O sería el caso de la cesión de locales públicos.
Por otro lado, el juez ha rechazado la querella del partido ultraderechista VOX, que ejerce la acusación popular, para incluir en la causa al expresident de la Generalitat Artur Mas y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independència (AMI), Neus Lloveras. VOX quería que se les investigara por rebelión, pero el juez recuerda que no es competente para hacerlo, sino que el caso tendría que llevarse a la Audiencia Nacional. Cabe recordar que el juez ya tuvo que descartar la rebelión después de que el Tribunal Supremo rechazara su exposición razonada para investigar por este delito a los exaltos cargos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
