El Parlament pedirá que Montilla explique su fichaje por Enagás mientras mantiene su oficina de expresident

El Parlament reclamará al expresident de la Generalitat José Montilla que comparezca ante la Comisión de Asuntos Institucionales para dar explicaciones sobre su fichaje como consejero por Enagás mientras mantiene la oficina que le corresponde por haber sido jefe del Govern. La CUP, primero, y Junts per Catalunya después, han presentado este miércoles una iniciativa para reclamar que Montilla acuda a la Cámara. Dos iniciativas que cuentan con el apoyo de la mayoría de grupos, por lo que se espera que la comisión apruebe la propuesta en las próximas semanas.

También el PSC, partido al que pertenece Montilla, ha confirmado este martes que votará favorablemente a la petición de comparecencia, para que el expresident pueda dar las explicaciones que considere sobre la situación, según han informado fuentes del grupo. Dada la posición socialista, no se descarta que finalmente el Parlament acabe llamando a Montilla por unanimidad. Ese miércoles a mediodía ERC y los comuns, además de los grupos que han presentado sus propias propuestas, avanzaban que votarían favorablemente.

El expresident no está obligado a comparecer ante la Cámara porque institucionalmente el suyo no es exactamente un cargo público. Como ciudadano, solo una comisión de investigación podría obligarle a responder ante los diputados. Sin embargo, desde la oficina del expresident recuerdan que Montilla “ha comparecido siempre que se lo ha pedido el Parlament”, aunque fuentes cercanas prefieren esperar a que la petición sea oficial para avanzar qué hará.

Montilla además ha negado este miércoles desde su cuenta de Twitter que vaya a utilizar recursos públicos para su nuevo trabajo en Enagás. “Nunca he utilizado ni utilizaré medios y espacios públicos para actividades privadas. Los que dicen lo contrario mienten”, ha afirmado.

La polémica en torno a la actividad privada del expresident arreció este martes, después de que eldiario.es confirmara la intención del Montilla de compatibilizar la oficina de la que dispone como exjefe del Ejecutivo con un nuevo puesto en el sector privado, como consejero de Enagás. El exdirigente socialista anunció que renunciaría a su pensión, que asciende a cerca de 92.000 euros anuales, a cambio de un salario de al menos 160.000 como consejero independiente en la empresa energética, pero no pensaba desprenderse de su oficina pública, con un gasto total que asciende a casi 400.000 euros públicos anuales.

Desde Catalunya en Comú, además de apoyar la comparecencia parlamentaria, preparan una modificación de la legislación para evitar que esta situación pueda suceder. La formación que lidera Jéssica Albiach presentará en las próximas horas su propuesta, que pasaría por reformar la ley del estatuto de los expresidents de la Generalitat, con el objetivo de hacer incompatible cobrar un sueldo privado mientras se disfrutan de las prerrogativas presidenciales y se mantiene una agenda pública institucional.

También Ciudadanos ha anunciado que promoverá cambios en la legislación, en su caso para eliminar directamente las oficinas de expresidents. “Desde Cs presentamos una ley para eliminar las oficinas de expresidentes. La prioridad debe ser dedicar recursos a salvar vidas y empleos”, ha afirmado el líder de la oposición, Carles Carrizosa.

Respecto a las peticiones de comparecencias, la CUP y JxCat marcan matices respecto al razonamiento de por qué la reclaman. Los anticapitalistas piden de forma sucinta que Montilla explique su fichaje por la compañía energética, que consideran una “puerta giratoria” y una “duplicación de sueldos” de una compañía que, a su parecer, “vulneran el derecho de toda la población a disfrutar de suministros básicos y niegan suministros a las familias vulnerables”.

Por su parte, JxCat ha remarcado que pedirán explicaciones a Montilla no tanto como expresident, sino especialmente por ser un exministro de Industria que se incorpora al consejo de administración de una empresa como Enagás, responsable del polémico proyecto Castor, que precisamente fue parcialmente aprobado por un Gobierno socialista. Una circunstancia que desde la formación de Quim Torra consideran una “puerta giratoria” que no debería producirse.