A poco más de un día para el debate de investidura –oficialmente sigue convocado para este martes a las 15:00 horas–, el president de la Generalitat cesado y candidato a la reelección, Carles Puigdemont, ha descartado pedir permiso al Tribunal Supremo para acudir a la sesión.
Si bien dirigentes de JxCat como Josep Rull o Eduard Pujol afirmaron con rotundidad este domingo que Puigdemont pediría la autorización del magistrado Pablo Llarena para acudir a la investidura, este mismo lunes el abogado de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas ha indicado que esta posibilidad ahora estaba “lejos”. Finalmente ha quedado descartada, según ha podido saber este diario.
En la práctica, tras la prohibición del Constitucional el sábado de la investidura no presencial, pedir permiso al Supremo implicaba entregarse a la justicia y comparecer ante el juez Llarena, dado que sobre Puigdemont pesa una orden de detención en España. Y suponía además aceptar que la investidura de Puigdemont quedaba en manos de los jueces del TC y del Supremo, algo que hasta ese momento JxCat no había barajado.
El expresident, junto a JxCat, presentará alegaciones para que el TC se termine pronunciando sobre la admisión del recurso del Gobierno. La intención es que el Constitucional explicite si admite o no la impugnación preventiva de la investidura de Puigdemont, algo que supondría, tal y como recordó el Consejo de Estado, contravenir la jurisprudencia del Alto Tribunal.
El Constitucional dio diez días a la Abogacía del Estado, al Parlament y a los 34 diputados electos de JxCat para que presentaran alegaciones a favor y en contra de la impugnación, por lo que la decisión definitiva del Alto Tribunal sobre admitir o no a trámite el recurso del Gobierno no se tendría que postergar mucho más.
Esperar a la decisión definitiva del Constitucional también evitaría a Roger Torrent los riesgos de una querella por permitir la investidura a distancia, aunque obligaría a aplazar el pleno de investidura previsto para este martes. Torrent, a día de hoy, tiene tres opciones: iniciar el pleno y suspenderlo tras constatar que Puigdemont no está en el hemiciclo, seguir adelante asumiendo los riesgos que ello comporta o aplazar la sesión hasta que el TC resuelva sobre el caso.