Rescatar las leyes suspendidas por el Constitucional, una promesa de Torra difícil de cumplir
En su discurso de investidura, Quim Torra prometió rescatar 16 de las leyes suspendidas y anuladas por el Tribunal Constitucional en los últimos años. Un programa legislativo que puede parecer menor pero que, de impulsarse, centraría la actividad parlamentaria y del Govern durante buena parte de la mandato. Sobre todo teniendo en cuenta que es una promesa que se ha mostrado muy complicada a nivel técnico en anteriores intentos.
La idea de recuperar leyes no es nueva y nace a raíz de la paulatina suspensión y anulación por el Alto Tribunal de muchas de las normas aprobadas en el Parlament a partir de 2012. El rescate se basaría en rehacer las leyes tumbadas intentando mantener las principales medidas que contenían pero eliminando las partes inconstitucionales o encajándolas de forma diferente en las competencias estatutarias. Todo para intentar que pasen el filtro del TC ante un eventual recurso.
El ejemplo más claro de esta práctica se encuentra en el recorrido que ha tenido la ley antidesahucios, la conocida como 24/2015. Aprobada por el Parlament en julio de 2015 a partir de una iniciativa legislativa de la PAH, el Constitucional tumbó las medidas más importantes en la protección del derecho a la vivienda en mayo de 2016, como por ejemplo la mediación obligatoria en casos de impago de alquiler o hipoteca para evitar los desahucios o las medidas que obligaban a los grandes tenedores de vivienda a garantizar alternativas habitacionales a las personas en riesgo de desahucio.
Tras varias reuniones en las que participaron entidades sociales, ayuntamientos y la Generalitat para responder a esta suspensión, el Govern de Carles Puigdemont optó finalmente por rebajar sensiblemente las medidas -lo que provocó la queja de algunas entidades- y volver a colocarlas en una nueva ley, que se aprobó en diciembre de 2016. Pero el esfuerzo fue en vano: un nuevo recurso tumbó por segunda vez estas medidas en octubre de 2017.
Este complicado recorrido ilustra la dificultad de estos rescates jurídicos. La ley antidesahucios es una de las 16 que figuran en la carpeta del nuevo Govern. Junto a ella, la de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la del cambio climático (en el punto que prohíbe la técnica del fracking), el canon audiovisual o, la última paralizada, la ley de acceso universal de la sanidad de Toni Comín.
Pero aún más difícil será rescatar leyes que ni siquiera han sufrido cambios en su articulado, sino meros cambios de interpretación, como las medidas contra la pobreza energética que contiene la 24/2015. El dictamen de constitucionalidad que en su día elaboró el Consejo de Estado sobre esta ley deja a la Generalitat sin margen para desarrollarla en su sentido original, razón por la que las compañías energéticas han venido pleiteando y ganando en los tribunales importantes batallas a la administración catalana.
El rescate por la vía negociada
El rescate de las 16 normas está lejos de ser una promesa exclusiva de Torra. Durante la última campaña electoral ERC hizo mucho hincapié en este aspecto, hasta el punto de convertirse en una de las líneas programáticas para la nueva etapa. En una entrevista concedida a eldiario.es en diciembre pasado, Marta Rovira explicaba una vía para el rescate legislativo alternativa a rehacer los textos legales: llegar a grandes acuerdos para impulsar medidas suspendidas aún sin respaldo legal.
“En el caso del gran pacto por la igualdad [entre hombres y mujeres], si tu consigues en una negociación que la patronal, los sindicatos y otros agentes se pongan de acuerdo para equiparar salarios, puedes llegar a hacerlo mejor que generando la obligación desde el Parlament”, aseguraba Rovira. “Lo que yo propongo es que, en el caso de aquellas cosas que los acuerdos del Parlament no sean respetados por el Gobierno español, intentemos avanzar con otros instrumentos democráticos”.
Esta vía del acuerdo con los agentes sociales y empresariales es, por ejemplo, la que se valoró en la legislatura anterior para marcar un salario mínimo de referencia en Catalunya, superior al mínimo interprofesional. En su discurso de investidura, de hecho, Torra retomó la idea fijando la cuantía en 1.100 euros.
Pese a eso la negociación con las empresas para llevar a cabo medidas de este tipo también tiene fracasos entre sus antecedentes. En la legislatura pasada, la Generalitat fue incapaz de convencer a las grandes compañías energéticas para firmar convenios de corresponsabilidad sobre la pobreza energética sufrida por sus clientes. Pese a que la ley 24/2015 lo prevé, las compañías aseguran que no están obligadas a ello, por lo que los acuerdos no prosperaron.
Tributos suspendidos
Otra de las patatas calientes en lo que a rescate de leyes suspendidas se refiere tiene que ver con los tributos propios de la Generalitat. Esta figura impositiva ha sido muy utilizada en los dos últimos gobiernos tanto desde su vertiente regulatoria como por motivos recaudatorios. El Constitucional ha aceptado tasas como la que grava las bebidas azucaradas o actos jurídicos documentados, pero ha cerrado el paso a los impuestos a las nucleares, a los pisos vacíos, a depósitos bancarios o a los bienes de lujo.
Si Torra y su conseller de Economía, Pere Aragonès, pretenden volver a poner en vigencia algunos de estos impuestos deberán lanzarse al encaje de bolillos jurídico, contando con que algunas de las tasas ya estaban diseñadas de forma que pudieran esquivar al Constitucional. Los tributos no solo han de entrar dentro de las competencias propias sino no gravar los mismos bienes dos veces, lo que convierte en muy difícil rescatar un impuesto solo con la modificación de su redactado normativo.
