La sentencia del 9-N, que este lunes ha condenado a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, ha encontrado en frente a todas las fuerzas soberanistas, aunque en diferentes grados. La primera en reaccionar ha sido ERC, que por boca de su portavoz Sergi Sabrià ha calificado la decisión del TSJC de “indigna y antidemocrática”.
“El Estado utiliza los juzgados para intentar detener un proceso político”, ha considerado Sabrià, “pero por mucho que inhabiliten políticos y utilicen las cloacas policiales, llegaremos hasta el final y pondremos las urnas”. El dirigente independentista ha remarcado la disposición del gobierno que comparten con el PDECat ha cumplir con la promesa de celebrar un referéndum antes del próximo otoño.
Por su parte, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha expresado desde su twitter, remarcando la coincidencia entre la sentencia del 9-N con el anuncio de la presidenta escocesa de celebrar un nuevo referéndum de independencia. “Mi timeline lo hace coincidir y la comparación es todavía más punzante. ¡Qué error! Qué diferencia entre las democracias consolidadas y saludables”, ha asegurado el president.
En sentido absolutamente contrario se han manifestado tanto el principal partido de la oposición, Ciutadans, como el PP catalán. Carlos Carrizosa, portavoz de los naranjas, ha mostrado todo su respeto a la sentencia porque “en España no se juzga a nadie por sus ideas, que son todas legítimas, sino para saltarse las leyes”. Para Ciutadans, la sentencia demuestra que el 9-N fue ilegal, como ilegal sería un nuevo referéndum. “Ahora ya no hay dudas”, ha indicado, “el 9-N fue ilegal, por lo tanto no caigamos en el error de hacer un nuevo 9-N”.
En el bloque de los soberanistas, ICV también se ha mostrado en contra de la sentencia, aunque en tono más matizado. Para su coordinador, David Cid, el expresident Mas “ha de dejar la política por la corrupción, no por el 9-N”. Los ecosocialistas han querido remarcar su rechazo absoluto de la judicialización de la política, pero han asegurado que esto no debe servir para “dar cobertura a los casos de corrupción”.
Los comunes han mostrado su rechazo a la sentencia con un tweet de su líder, Xavier Domènech. “En democracia poner urnas no puede ser un delito”, ha asegurado.
Contra la llamada “judicialización de la política” han salido también los socialistas del PSC. Pese a eso, el secretario de Organización, Salvador Illa, ha subrayado el hecho de que la sentencia imponga la pena más baja posible para el delito de desobediencia y absuelva a los encausados por el delito de prevaricación. Para el PSC la sentencia indica que es hora de que ambos gobiernos, español y catalán, modifiquen su rumbo de confrontación para entrar en uno de pacto, que para los socialistas debería dar lugar a una reforma federal de la Constitución que buscase un encaje de Catalunya en España.
Xavier García Albiol ha sido el político que con más contundencia ha aplaudido la condena de los tres encausados. El líder del PP ha considerado que la sentencia es un claro “ejemplo de separación de poderes”, ya que “en Catalunya y en España quien actúa en contra de la legalidad tiene una respuesta judicial”. Albiol se ha felicitado de que “la democracia siempre pone a cada uno en su lugar” y ha asegurado que la condena no solo es un duro golpe contra Mas, Ortega y Rigau, sino “un ejemplo para los que ahora siguen en el mismo camino”.