El presidente del Parlament ha aplazado este jueves el pleno de investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, horas después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya dictado una resolución no permitiéndolo. En un comunicado, el presidente ha asegurado que esta decisión del juez vulnera los derechos políticos de Sànchez.
Por esta razón, según ha avanzado la agencia ACN y han confirmado fuentes de presidencia a este diario, Torrent propondrá este viernes a la Mesa que el Parlament presente una querella contra Llarena por prevaricación, al considerar que debía hacer caso a las medidas cautelares reclamadas por el comité de Derechos Humanos de la ONU en favor de la investidura de Sànchez. El juez por su parte ha asegurado en su resolución que esta comunicación del organismo internacional no es vinculante para el Tribunal Supremo.
“El presidente ha convocado una mesa extraordinaria mañana a las diez y media de la mañana para dar respuesta a la vulneración de derechos del Tribunal Supremo”, ha indicado el presidente en el comunicado. Torrent ha convocado a la Mesa para el viernes a las 10:30, un órgano en el que los independentistas tienen la mayoría absoluta.
En el mismo sentido, el grupo de JxCat ha confirmado también su voluntad de promover esta querella, por considerar que la decisión de Llarena es “un atentado a la democracia”. “Es un derecho exclusivo de los diputados elegir al president de la Generalitat de entre sus 13 miembros”, ha explicado el videpresident de la Cámara, Josep Costa, “que un funcionario entre en el Parlament, sea Guardia Civil o juez, para impedirnos elegir a un president es un atentado que no dejaremos pasar”, ha añadido.
La defensa de Jordi Sànchez había planteado al juez tres alternativas para que el exlíder de la ANC participara en el debate de investidura: la libertad provisional, un permiso extraordinario para salir de Soto Real únicamente para acudir presencialmente el Parlament y, en última instancia, exponer su programa por videoconferencia desde la cárcel. El magistrado en su resolución ha rechazado las tres opciones, al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva en Sànchez que se agravaría si se sometiese a una investidura.
La querella contra Llarena por prevaricación ha sido una idea recurrente en el bloque independentista desde hace semanas, pero los equipos jurídicos y las defensas de los encausados han esperado al momento que consideran más idóneo para dar este paso. La ocasión tiene que ver con la comunicación que el pasado 23 de marzo hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, instando al Estado a petición de Sànchez a garantizar sus derechos políticos.