Con la cuenta atrás para unas nuevas elecciones parada, el presidente del Parlament, Roger Torrent, impulsará una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para “proteger los derechos de Carles Puigdemont a someterse a una investidura de manera efectiva”, ha informado la Cámara catalana en un comunicado. Fuentes cercanas a la presidencia del Parlament han precisado que la demanda no está presentada “ni hay una fecha fijada” para hacerlo.
La decisión de Torrent se produce después de que el presidente del Parlament aplazara sine die el debate de investidura de Carles Puigdemont y con las negociaciones entre los partidos independentistas condicionadas por las declaraciones judiciales de líderes como Marta Rovira la próxima semana.
La demanda ante el TEDH debe presentarse a título individual. En este sentido, Torrent propondrá a los diputados de la Cámara que se sumen a la misma antes de presentarla formalmente, aunque este ofrecimiento tiene pocos visos de encontrar apoyos fuera de los grupos independentistas.
Cabe recordar que la demanda de medidas cautelares ante el TEDH tiene un carácter restrictivo y está reservado en exclusiva a casos muy complejos y específicos, en los que por ejemplo está en juego la vida de determinados colectivos o personas. No obstante, Torrent ha decidido emprender está vía porque pese a ser “compleja, debe explorarse”, han indicado las mismas fuentes.
La intención de Torrent, que a criterio de los letrados del Parlament podría hacer que el plazo para unas nuevas elecciones comenzase a correr comunicando a la Cámara la constatación del bloqueo, es llevar la decisión sobre la investidura de Puigdemont “en manos de un órgano superior” a las instituciones estatales para que el TEDH “tutele” los derechos políticos del expresident y garantizar así una “investidura efectiva”, según fuentes cercanas a la presidencia del Parlament.
Alegaciones al Constitucional
También en el plano jurídico, pero en este caso en instancias españolas, el Parlament ha registrado sendas alegaciones contra las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Constitucional para frenar la investidura a distancia de Carles Puigdemont, así como contra la impugnación que realizó el Gobierno a la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura, que el TC todavía no ha dicho si admite a trámite o no.
En su escrito, la Cámara catalana acusa al Constitucional de “extralimitarse” y de “usurpar” sus funciones por vetar la investidura a distancia de Puigdemont mediante la adopción de medidas cautelares. Y censura además que el TC haya ordenado medidas cautelares sobre el fondo del procedimiento antes de decidir si admite o no a trámite el recurso del Gobierno.
Los letrados solicitan asimismo al Constitucional que, mientras decide si admite o no el recurso del Gobierno, levante el veto a la investidura a distancia. La misma petición realizó el grupo parlamentario de JxCat antes de la sesión de investidura suspendida, pero el Constitucional mantuvo la prohibición a la investidura de Puigdemont sin entrega previa.
“Bajo la apariencia de medida cautelar, el TC ha determinado la forma en que puede llevarse a cabo la sesión de investidura al margen del resultado del proceso constitucional”, afea el escrito de los letrados del Parlament, que también cuestiona el aviso que el Constitucional realizó a los miembros de la Mesa sobre la apertura de la vía penal si permitían la investidura a distancia de Puigdemont.
“Son medidas adoptadas sin fuera de procedimiento, sin sentencia, sin motivación y sin aparente conexión con la protección de los derechos de los parlamentarios, pues, bien al contrario, lo son con evidente menoscabo de su legítimo ejercicio”, concluye el escrito de alegaciones.