Nueva causa penal contra el president de la Generalitat, Quim Torra. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido abrir una investigación por un presunto delito de desobediencia cometido por el president al negarse a retirar una pancarta a favor de los presos del procés. Es el segundo caso por el mismo motivo contra Torra, ya condenado en primera instancia por su rechazo a quitar los lazos amarillos de la Generalitat durante la precampaña electoral de marzo de 2019.
Los orígenes de este nuevo caso se remontan al pasado 20 de septiembre. En aquella fecha, los magistrados de lo Contencioso Administrativo del TSJC ordenaron a Torra retirar en 48 horas la pancarta del balcón de la Generalitat en favor de los “presos políticos y exiliados”. Lo hicieron al aceptar la medida cautelar solicitada Impulso Ciudadano, la entidad liderada por el exdiputado de Ciudadanos José Domingo.
Tras repasar cómo Torra rechazó en un primer momento quitar la pancarta, que igualmente fue retirada siete días después de la orden, los magistrados de lo Contencioso decidieron enviar el comportamiento del president a la Sala Civil y Penal del tribunal superior catalán, la competente para investigar y juzgar a aforados como Torra, por si los hechos tienen “relevancia penal”.
Los magistrados de la Sala Civil y Penal han concluido este lunes que el comportamiento de Torra debe investigarse y han designado al juez Carlos Ramos instructor del caso. “De la documentación remitida” por los magistrados de lo Contencioso, indican los togados de la Sala Civil y Penal, “se desprende que existen indicios suficientes para admitir a trámite” el caso.
La documentación incluye el tira y afloja que mantuvieron Torra y los magistrados de lo Contencioso tras la orden del día 20 de septiembre de 2019 para retirar la pancarta. El president fue requerido personalmente el día 23 para retirar la pancarta en 48 horas, pero hizo caso omiso a la orden: una letrada de la administración de justicia certificó el 27 de septiembre al mediodía que la pancarta seguía en la fachada de la Generalitat.
Fue entonces, el mismo día 27, cuando el TSJC ordenó a los Mossos d'Esquadra retirar la pancarta. En menos de una hora los agentes se presentaron en el Palau de la Generalitat y requirieron a dos trabajadores de mantenimiento para que descolgaran la pancarta. A las 15:30h. del día 27 ya no lucía ningún lazo amarillo ni mensaje en favor de los presos en la fachada del Palau de la Generalitat, pero pocas horas después los activistas independentistas Antonio Baños, Lluís Llach, Teresa Casals y Sílvia Bel salieron al balcón para colocar una nueva pancarta, esta vez con el lema “libertad de opinión y expresión” y, en pequeño, “artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos”, sin ningún símbolo más. Ni ningún lazo amarillo, tal y como habían ordenado los jueces.
Las alegaciones de Torra fueron desestimadas. El presdient enmarcó la pancarta “en el ejercicio de la libertad de expresión”, por lo que, a su juicio, debía quedar fuera de los tribunales. El abogado del Govern acusó a los jueces de “vulnerar” el derecho a la libertad de expresión del president. En el auto por el que confirmaron la decisión de retirar la pancarta, los magistrados de lo Contencioso resaltaron que Torra tiene derecho a la libertad de expresión “en todos los foros y en todos los formatos a su alcance, en el Parlament y en los medios públicos y privados de comunicación”, pero que en la fachada de la Generalitat debía prevalecer “la neutralidad institucional” porque las instituciones, a diferencia de los ciudadanos, “no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión”.