El TSJC debate si inicia una nueva causa penal contra Torra por no retirar una pancarta a favor de los presos de la Generalitat
Primero fueron los lazos. Y ahora puede ser la pancarta. El president de la Generalitat, Quim Torra, está a un paso de enfrentarse una segunda causa penal por desobediencia por negarse a retirar de la fachada de la Generalitat una pancarta que pedía la libertad de los “presos políticos y exiliados”. Menos de 48 horas después que finalizara el juicio por no retirar los lazos amarillos de las sedes gubernamentales en la precampaña de las generales del pasado mes de abril, el futuro penal del president puede sumar otra causa.
Los orígenes del caso se remontan al pasado 20 de septiembre. En aquella fecha, los magistrados de lo Contencioso Administrativo del TSJC ordenaron a Torra retirar en 48 horas la pancarta del balcón de la Generalitat en favor de los “presos políticos y exiliados”. Lo hicieron al aceptar la medida cautelar solicitada Impulso Ciudadano, la entidad liderada por el exdiputado de Ciudadanos José Domingo.
En un auto, los magistrados de la sección 5a de la Sala de lo Contencioso del TSJC desestiman los recursos de Torra contra la medida cautelar. Y tras repasar cómo Torra rechazó en un primer momento quitar la pancarta, que igualmente fue retirada siete días después de la orden, deciden enviar el comportamiento del president a la Sala Civil y Penal del tribunal superior catalán, la competente para investigar y juzgar a aforados como Torra, por si los hechos tienen “relevancia penal”.
Tras la orden del día 20 de septiembre se sucedió una semana de tira Quim Torra y el TSJC. En su auto, los magistrados de lo Contencioso constatan que Torra fue requerido personalmente el día 23 para retirar la pancarta en 48 horas, pero que hizo caso omiso a la orden. Así, una letrada de la administración de justicia certificó el 27 de septiembre al mediodía que la pancarta seguía en la fachada de la Generalitat.
Fue entonces, el mismo día 27, cuando el TSJC ordenó a los Mossos d'Esquadra retirar la pancarta. En menos de una hora los agentes se presentaron en el Palau de la Generalitat y requirieron a dos trabajadores de mantenimiento para que descolgaran la pancarta. A las 15:30h. del día 27 ya no lucía ningún lazo amarillo ni mensaje en favor de los presos en la fachada del Palau de la Generalitat, pero pocas horas los activistas independentistas Antonio Baños, Lluís Llach, Teresa Casals y Sílvia Bel salieron al balcón para colocar una nueva pancarta, esta vez con el lema “libertad de opinión y expresión” y, en pequeño, “artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos”, sin ningún símbolo más. Ni ningún lazo amarillo.
En su recurso, Torra alegó que colgar la pancarta “se enmarca en el ejercicio de la libertad de expresión”, por lo que no debe ser objeto de la jurisdicción Contencioso Administrativa. De hecho, el abogado del Govern acusó a los jueces de “vulnerar” el derecho a la libertad de expresión del president. En el auto por el que confirman la decisión de retirar la pancarta, los magistrados de lo Contencioso resaltan que Torra tiene derecho a la libertad de expresión “en todos los foros y en todos los formatos a su alcance, en el Parlament y en los medios públicos y privados de comunicación”, pero que en la fachada de la Generalitat debe prevalecer “la neutralidad institucional” porque las instituciones, a diferencia de los ciudadanos, “no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Tras conocerse este nuevo movimiento del TSJC sobre la pancarta a favor de los presos, el president Torra ha respondido a través de Twitter. “Lo que debería hacer el TSJC, después del informe de Amnistía Internacional, es instar al Supremo la inmediata puesta en libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez”, ha apuntado.
