Emplear solo a hombres o mujeres docentes en un centro educativo vulnera la ley de igualdad de género, según la Inspección de Trabajo. Esta política de contratación, que le puede valer al colegio Viaró Global School una sanción de 50.000 euros, no es exclusiva de este centro concertado del Opus Dei. El resto de escuelas que segregan por sexo en Catalunya podrían enfrentarse en los próximos meses a inspecciones como la de este centro de Sant Cugat del Vallès para comprobar si contratan también a docentes en función de su género.
El sindicato CGT, que interpuso la denuncia contra la escuela Viaró, está dispuesto a tirar del hilo. Aseguran que están trabajando ya para llevar a la inspección de trabajo a todos los colegios vinculados al Opus Dei que escolarizan solo a niños varones. Se trata de escuelas como Terraferma (Lleida), Bell-lloc (Girona), Turó (Constantí), Mestral (Jorba), Xaloc (l'Hospitalet) o La Farga (Sant Cugat), aproximadamente la mitad de los colegios que segregan por sexo en Catalunya.
Desde el sindicato quieren que se averigüe si también estos colegios tienen como política de contratación la exclusión de mujeres como docentes desde Primaria hasta Bachillerato, en la línea del Viaró, en cuya web constaba que “los profesores serán siempre hombres, excepto en la etapa de Educación Infantil”. Históricamente, los colegios que apuestan por el modelo llamado de educación diferenciada han empleado a docentes del mismo sexo que sus alumnos.
Por el momento, CGT descarta emprender acciones contra colegios del Opus Dei que escolarizan solo a niñas y cuyo profesorado suele ser mayoritariamente femenino. Defienden que “es el colectivo de mujeres el que sufre discriminación en todos los ámbitos, social y laboral”, en palabras de la delegada sindical Marta Minguella, con lo que quieren situar el foco en la exclusión de la mujer.
En el caso del Viaró, la inspección de trabajo ha considerado que vulneran la ley orgánica 2/2007, de igualdad de género, por dos motivos: al no emplear a mujeres en puestos de profesorado a partir de Primaria y al impedir su promoción a puestos de dirección a las maestras que tienen en la etapa de Educación Infantil, donde sí que hay docentes mujeres por razones “vinculadas a la maternidad”, según recoge el informe de la argumentación de la escuela.
La inspección ha propuesto una multa de 25.000 euros por cada una de estas infracciones (50.000 por ambas), algo que deberá decidir la dirección general de Inspección de Trabajo tras analizar el recurso presentado por el colegio.
Enseñanza descarta replantear el concierto
Además de la sanción económica, el sindicato CGT ha pedido al departamento de Enseñanza de la Generalitat que retire a Viaró los fondos públicos que recibe anualmente en concepto de concierto educativo. Sin embargo, desde el departamento lo descartan. Aseguran que no les consta que se incumpla la normativa para los conciertos, que no menciona el cumplimiento la ley de igualdad de género como condición para la subvención.
Este es sólo un motivo más que aduce el sindicato para pedir la retirada de los conciertos a las escuelas que segregan por sexo, una demanda mucho más amplia a nivel social y político en Catalunya. Otros sindicatos, como los mayoritarios USTEC·STEs y CCOO, también se oponen al sustento de estos colegios con fondos públicos. Y el Parlament estuvo a punto de votar a favor de retirar los conciertos en 2016, aunque los votos en contra de Junts pel Sí y PP lo evitaron.
La última renovación de los conciertos educativos fue en 2014, cuando era consellera Irene Rigau, por un periodo que concluye en 2020. Renegociaciones similares de los conciertos se ha llevado a cabo durante años sin inconvenientes, tanto con el gobierno de CiU de Jordi Pujol como con el Tripartit.