La provincia de Barcelona perdió en 2022 un 50% más de viviendas protegidas que las que generó

“El problema de la vivienda en Catalunya se cronifica”. Así comienza un informe del Observatori DESC y del Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB) que constata que, por cada vivienda protegida (VPO) que se consigue en la provincia de Barcelona, se pierde 1,5. Puesto en cifras: en 2022 se construyeron 1.640 nuevas, pero 2.520 se traspasaron al mercado privado.

Esta realidad se desprende de un análisis con datos inéditos hasta la fecha, que arroja luz por primera vez sobre los pisos que pierden la condición de protección. Según los investigadores, esta situación se irá incrementando, hasta llegar al punto de que de el 49,7% de las viviendas protegidas que había en 2021 se perderán de cara a 2030. Cifra que ascenderá al 74% en 2040. En otras palabras: en menos de dos décadas, sólo quedará una cuarta parte del parque de vivienda protegida que hay en la actualidad.

Aun así, hay que tener en cuenta que estas cifras no muestran el total de VPO que habrá en el futuro, puesto que se desconoce las que se construirán. Los investigadores apuntan a que el informe no pretende hacer una previsión de la vivienda protegida, sino que sirve para evidenciar los “fallos de una regulación” que permite que la protección de estas viviendas tenga fecha de caducidad.

Las VPO son la principal vía de acceso a un piso con un alquiler regulado y se caracterizan porque están sujetas a un régimen jurídico que determina un tope de precio y la transmisión del uso y la titularidad durante un periodo limitado de tiempo. Estas viviendas se pueden edificar sobre suelo público o privado. En el último de los supuestos, la empresa cede parte del terreno a la administración que, en la mayoría de casos, otorga ayudas y subvenciones a cambio. El problema es que pasado un tiempo (que oscila entre los veinte y los cinco años), las viviendas pierden la protección y se pueden vender o alquilar en el mercado privado sin ningún retorno ni compensación al parque público.

En Catalunya esto cambió en 2019 con un decreto ley que obliga a que todas las VPO que se edifiquen en suelo público conserven permanentemente la calidad de protegidas. Esta modificación, que según los autores del informe es muy positiva, tiene diversas carencias. Por un lado, que no dará frutos hasta dentro de unos años, ya que no evita que las viviendas que fueron edificadas antes de 2019 pierdan la condición de protegidas.

Además, otra de las críticas es que deja fuera las viviendas que se construyen en suelo privado. Estas estarán protegidas durante máximo 20 años si se encuentran en zonas con un precio de la vivienda tensionado y sólo durante 5 si se están en municipios con menos demanda. Pasado ese tiempo, las VPO pasarán a ser como un piso cualquiera.

“Hay que regular el mercado privado, que es donde tenemos actualmente la mayoría de viviendas”, aseguran los autores del estudio. Apuntan que el nivel de producción de VPO en la demarcación de Barcelona ha sido “muy notable”: entre 1960 y 2021 se construyeron más de medio millón de viviendas protegidas, el equivalente al 28% del total de los pisos edificados. Pero, debido a que el goteo de VPO que se traspasan al mercado privado es mayor que la construcción por parte de la administración, el parque de vivienda protegida en Barcelona sólo es del 1,8%. Muy alejado de la media europea, que se sitúa en el 9%.

Esto genera evidentes tensiones en grandes ciudades como Barcelona, que el pasado 2022 superó su propio récord en los precios de alquiler. La falta de vivienda, sumada a un incremento de los precios y a la inflación, hace que tener un techo sea algo inasequible para muchas personas. Es por eso que las demandas de una VPO no dejan de crecer y superan el número de viviendas disponibles. De hecho, en 2021, la provincia de Barcelona disponía de 72.501 VPO, mientras que hubo 74.454 solicitudes.

Esta cifra resulta “preocupante” para los autores del estudio, quienes alertan de que podría ser incluso mayor. “Una parte de los recursos que la sociedad necesita se mantiene oculta. Lo demuestra el hecho de que entre el 60% y el 75% de la población catalana podría solicitar VPO, ya que cumple con los requisitos”, alertan. Es por eso que insisten en la necesidad de, por un lado, regular los precios del alquiler y, por el otro, incrementar las obligaciones de las promotoras privadas, para que estén obligadas a ceder más suelo a la administración.

Sospechas de especulación en pisos protegidos

Uno de las preocupaciones de las asociaciones de defensa de la vivienda es qué pasa con las VPO una vez pasan al mercado privado y temen que estas viviendas, que estaban destinadas a asegurar un techo a personas vulnerables, se acaben usando para especular. Así lo han denunciado 100 inquilinos de 14 bloques pertenecientes a La Caixa, que aseguran que la entidad quiere expulsarlos de sus pisos, construidos en régimen de protección oficial y por los que la empresa recibió una ayuda de 25 millones de euros de la administración.

La campaña 'Destapem La Caixa', promovida por el Sindicato de Inquilinas, apunta a que, durante los últimos años, los vecinos se han encontrado con subidas “abusivas” de sus contratos (que, en algunos casos rozan el 20%) y la negativa de la empresa a renovar. “Tenemos la sospecha de que nos quieren echar para construir pisos turísticos”, opina una de las vecinas afectadas.

A la ayuda que reciben las empresas por dedicar parte de sus viviendas a la protección oficial, se debe sumar el alquiler que pagan los inquilinos y diversas ayudas fiscales. La inversión que realiza la empresa, pues, está “totalmente recuperada”, según un informe publicado por el Sindicat, que lamenta que, cuando se acaba el periodo de protección, estas viviendas, que han sido financiadas en parte con dinero público, se destinen a “usos especulativos”, agravando el problema que estaban destinadas a paliar.