La Generalitat se ha visto obligada este miércoles a rebajar su plan para eliminar miles de pisos turísticos en los municipios con mayor masificación y problemas de vivienda ha quedado. A falta de apoyos suficientes para convalidar el decreto ley en el Parlament, ERC ha pactado con el PSC que el texto deje finalmente en manos de los ayuntamientos la decisión de fijar un umbral máximo de alojamientos turísticos y, por lo tanto, de retirar licencias.
El Parlament ha avalado el decreto con los votos a favor de ERC, PSC, En Comú Podem y CUP. En cambio, Junts, Ciudadanos, Vox y PP han votado en contra. La Cámara catalana ha aprobado además que la iniciativa se tramite como proyecto de ley para poder realizar modificaciones.
La regulación que presentó el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat en noviembre, y que es pionero en España, prevé un máximo de licencias de apartamentos turísticos por municipio que obligaría a cerrar hasta 28.000 de estos alojamientos en cinco años. Se trata del 26% de los cerca de 100.000 que hay en Catalunya hoy. Tras el acuerdo entre ERC y los socialistas se mantiene el régimen temporal de la licencia de esos cinco años.
El anuncio del decreto ley, sin embargo, no fue bien recibido por algunos alcaldes de las zonas más turísticas, lo que provocó que PSC y Junts mostraran también sus reservas a la normativa. En localidades costeras como Salou, Roses o Cadaqués, la cifra de pisos turísticos debería caer a más de la mitad para cumplir con la nueva legislación. El umbral fijado inicialmente, y que ahora ha sido eliminado, era de 10 alojamientos turísticos como máximo por cada 100 viviendas en todas las localidades afectadas.
Otros municipios, sin embargo, se mostraron a favor. Es el caso de algunas pequeñas localidades del Pirineu, que denuncian falta de vivienda asequible debido a los cambios de uso a residencias turísticas, y sobre todo Barcelona. El Ayuntamento de la capital, gobernado por el PSC, declaró en su día que aprovecharía la normativa para eliminar una porción de sus casi 10.000 licencias, más aún cuando debido a un error normativo reciente ha tenido que aceptar cientos de nuevos pisos turísticos.
El decreto del Govern, al que se opone frontalmente la patronal de pisos turísticos, supone regular por primera vez este sector. Hasta ahora bastaba con una comunicación formal del propietario al Ayuntamiento de turno para dar de alta en el registro un alojamiento turístico. Ahora, todos los municipios más afectados por este fenómeno deberán elaborar un planeamiento urbanístico con criterios para dar o rechazar las licencias, que además dejarán de ser a perpetuidad, sino que tendrán validez de cinco años.
La Generalitat se muestra disconforme
La consejera de Política Territorial de la Generalitat, Ester Capella, ha admitido que al Govern no le gustan algunas de las modificaciones pactadas con el PSC. Según ha afirmado, dejan las “puertas abiertas” a los ayuntamientos para que hagan su regulación “en virtud de la supuesta autonomía municipal”. En este sentido, ha asegurado que trabajarán “en un futuro” para que el decreto “vuelva de donde no debería haber salido nunca”.
Por su parte, Òscar Ordeig, del PSC, ha replicado a la consellera que deben “defenderse y respetarse” los acuerdos. “Hemos cedido y acordado. Es un buen acuerdo y lo defenderemos. Va en la línea de dar autonomía a los ayuntamientos. No podemos uniformizar Catalunya porque el Pirineo no puede estar regulado igual que Barcelona”, ha afirmado.
El diputado de Junts Joan Canadell ha lamentado que este miércoles no es un buen día para el sector de los pisos turísticos, en referencia al decreto aprobado. Y ha cargado contra el PSC por volver a actuar como “salvador”. “El salvador les salvará del enésimo desastre político. ¿Pero quién lo pagará? El sector, los municipios y los miles de propietarios de una segunda residencia”, ha añadido en referencia a los socialistas.