El juez impone una fianza millonaria al exalcalde de Reus, exconcejales y excargos de Innova
El magistrado que lidera la investigación sobre el caso Innova (Reus), Diego Álvarez de Juan, pide 8 millones de euros de fianza a la veintena de investigados (antiguos imputados) en la pieza 1 del caso, que tiene que ver con la creación de la empresa de investigación nutricional Shirota en 2007. Según el auto hecho público este miércoles y por el que se levanta parcialmente el secreto de esta pieza, se mantienen los investigados por su presunta participación en “delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales”. Entre los investigados está el exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez, el exdirector de Innova y ex presidente del Instituto Catalán de la Salud Josep Prat o la entonces directora económica y financiera del holding municipal Ester Ventura así como exconcejales del PSC, ERC e ICV. Todos ellos disponen de plazo hasta el 30 de septiembre para depositar las cantidades solicitadas.
El levantamiento parcial de la pieza corresponde concretamente a la creación y financiación presuntamente delictiva de la empresa Shirota Functional Foods S.L., presidida por Carles Manté, quien había sido director del Servicio Catalán de la Salud. La investigación se fija en la constitución por parte de Innova de esta mercantil y también en el aval que el Ayuntamiento de Reus concedió -a través de Innova- a Shirota por valor de tres millones de euros. Esta cantidad era la que necesitaba otra empresa, la privada La Morella Nuts, para llevar a cabo un proyecto de investigación a través del programa CENIT (lanzado en 2006 para estimular la cooperación público - privada en investigación industrial) y disfrutar de una subvención que el Ministerio de Sanidad le había otorgado.
Afianza la tesis, según el magistrado, que Shirota “fue un instrumento que el Ayuntamiento de Reus puso en manos de una empresa privada [La Morella Nuts] para que ésta se beneficiara de una subvención pública”. Además, el Ayuntamiento de Reus ha tenido que asumir las deudas de la sociedad privada (Shirota) -ahora ya liquidada- después de que esta hiciera quiebra y por ello habría un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Según el juez, el aval no cumplía el interés público necesario y la participación de Innova en la creación de la empresa Shirota se hizo siguiendo un proceso de opacidad y sin someterse a información pública, ya que según la ley la fundación o la participación en el capital de otras sociedades -como era el caso de Shirota- exigía la autorización expresa y la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento. “En Innova había un evidente interés en que todo se hiciera en la opacidad absoluta”, se asegura en el auto. Además el juez también afirma que el objeto social de Shirota -establecimiento de metodologías para el diseño de alimentos, entre otros- “no es una actividad conexa, complementaria ni accesoria del objeto social de Innova”. Por otra parte, en el texto se afirma que la participación de Innova en Shirota debería haberse limitado en cualquier caso a la financiación del 40% del capital social (y no del 100% como fue), que es el porcentaje de participación municipal en la mercantil.
“Ignorancia deliberada de los implicados”
De las declaraciones de los investigados, el juez destaca en el auto que muchos de ellos aseguraban que la Junta General de Innova - donde se votó la creación de Shirota- y el Pleno del Ayuntamiento eran lo mismo. Sobre esta afirmación el magistrado matiza que aunque los miembros eran los mismos, “las funciones, los requisitos y los efectos de sus decisiones en cada caso son muy diferentes”. Además, asegura que de su voto afirmativo (que da luz verde a Shirota) surgen los motivos para la imputación: “desconocimiento palmario y presuntamente doloso de la legislación local de la que eran representantes públicos, democráticamente elegidos”.
Según el texto, “todos los hechos investigados están informados por una presunta ignorancia deliberada de los implicados que permitieron en el ejercicio de ésta que varios millones de euros salieran de las arcas municipales hacia Shirota con el fin de acabar engrosando patrimonio de La Morella Nuts”.
El control a Innova, “estrangulado por el poder político”
El juez apunta a Josep Prat, Ester Ventura y Natalia Torrell así como Lluís Miquel Pérez como “las figuras esenciales de un entramado de empresas municipales que presuntamente estaba diseñado para que no hubiera ningún tipo de control”.
De hecho, de las declaraciones del interventor del Ayuntamiento el juez deduce “que las posibilidades de control sobre Innova estaban estranguladas por el poder político, ya que el volumen de la empresa municipal no se veía correspondido con la dotación de los medios humanos necesarios a la intervención del Ayuntamiento”.
En la actualidad hay 14 piezas separadas incoadas, además de la pieza principal y la suma de imputados asciende a más de 110. La investigación sobre el entramado del holding municipal empezó por la denuncia presentada por la CUP de Reus.
