Abrazos, lágrimas de emoción y gritos reiterados de '¡sí se puede!' La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia reprobando la ley hipotecaria española ha convertido la modesta sede barcelonesa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en una explosion de júbilo. “Estamos en estado de shock: después de muchos años de lucha, podemos celebrar esta victoria, que es un hito en la historia de los movimientos sociales de este país”, dice Marta Afuera, a la sazón portavoz de la PAH. “El 'sí se puede' se hace realidad, palpable”, añade, entre vítores.
Europa, destacan los miembros de la plataforma, le ha dicho al Gobierno que la ley hipotecaria española es abusiva, que vulnera los derechos del consumidor y que debe cambiarla. Acogiéndose a esta directiva europea, todos los procedimientos de desahucio en curso deberían paralizarse inmediatamente. Y los ya ejecutados deberían revisarse. “El Tribunal Europeo ha demostrado lo que nosotros llevamos defendiendo cuatro años: que la legislación deja en absoluta indefensión a los afectados y que vulnera los derechos fundamentales”, señala Eva Corredoira, abogada y miembro de la PAH. “¡El gobierno del Partido Popular tiene que parar los desalojos ya!”, brama Marta Afuera. “Si no lo hace, si no escucha el clamor popular y lo que dice la sentencia, intensificaremos la campaña de escrache para señalarlos como responsables”, advierte.
El Gobierno, dicen los miembros de la PAH, es quien debe moverse primero paralizando los desalojos y adaptando la ley a la normativa europea. Pero no es el único. “Ahora, también les toca a los jueces actuar de oficio y paralizar todos los procedimientos de desahucios. Hasta el momento, han sido muy poco valientes; tienen que ir un poco más allá”, denuncia Corredoira.
La sentencia del Tribunal de Bruselas señala que la legislación española contiene claúsulas abusivas como el vencimiento anticipado o los intereses de demora, imposibles de denunciar por parte de los afectados y de los jueces. “Es una ley injusta, indigna y criminal porque ha causado la muerte de muchas personas”, recuerda Marta Afuera. “Es una ley apisonadora que tiene responsables: los gobiernos del PP y del PSOE”, insiste. “Señor Rajoy, no pararemos hasta conseguir la dación en pago”, interpela al presidente del Gobierno.
Ése es el siguiente paso. Porque la lucha de la PAH no concluye con esta victoria, que consideran insuficiente. “Ahora más que nunca, necesitamos y exigimos que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular”, señala Wafae Zrakti, la integrante más joven de la plataforma. Con 18 años, lucha por paralizar el proceso en el que está inmersa su madre. Procedentes de Marruecos y afincadas en Salt (Girona) desde 2001, la progenitora lleva un año sin poder hacer frente a la hipoteca que firmó en 2004 con el Banco Popular, cuando apenas dominaba el español.
“Los bancos estafaron porque permitieron que gente que desconocía el idioma firmara contratos hipotecarios con claúsulas abusivas; ellos no sabían lo que firmaban”, denuncia Wafae, emocionada. Piensa en su hermana pequeña (11 años) y “en todos los niños que como nosotras no han podido hacer nada durante todo este tiempo, cuando sus padres estaban inmersos en un proceso así”. “Necesitamos la ILP porque lo que queremos es la condonación de la deuda y la dación en pago. Esta sentencia quizá paralice los procesos, pero no los resuelve”, explica Wafae cuyo desahucio aún no está decretado.
Con ella coinciden Mercedes y Óscar, otros afectados, y todos los miembros de la PAH. La sentencia del Tribunal Europeo es un triunfo dentro de una batalla, que deben agradecer a Mohamed Aziz, el ciudadano que decidió enfrentarse a los bancos en los juzgados. Y a Dionisio Moreno, el abogado que decidió respaldarlo. Y al juez Fernández Seijo, el magistrado que optó por elevar el caso a la corte europea. Sin su iniciativa, los integrantes de la PAH no dedicarían este próximo fin de semana a estudiar qué herramientas jurídicas pueden ofrecer ahora a los afectados por un procedimiento hipotecario.
La lucha de un vecino del Baix Llobregat ha hecho tambalear la ley de ejecuciones hipotecarias vigente en el sistema español. El 20 de enero de 2011, Mohamed Aziz, vecino de Martorell fue desahuciado de su casa. Aziz, soldador de oficio que llegó a Cataluña en 1993 procedente de Marruecos, dejó de pagar un crédito hipotecario firmado con Caixa Tarragona (ahora CatalunyaCaixa), en realidad, una rehipoteca de la vivienda familiar y el reagrupamiento de varios préstamos (138.000 euros a pagar en 33 años).
Con casi una decena de recibos pendientes, desde el primer impago la entidad le impuso unos intereses de demora del 18,75%. Al cabo de unos meses, como el hombre no podía asumir ni las cuotas ni la deuda para eludir el desahucio, Caixa Tarragona subastó la vivienda de Aziz. Sin ninguna otra licitación, la propia caja se quedó con el inmueble por el 50% del valor establecido, por unos 90.000 euros. Perdida la casa, según las cláusulas del contrato, la familia Aziz (Mohamed vive en Cataluña con su mujer y dos hijos) aún adeudaba a la entidad 40.000 euros.
Asesorado por el abogado Dionisio Moreno, Aziz decidió reclamar por la vía judicial la nulidad del contrato por cláusulas abusivas. José María Fernández, titular del juzgado mercantil número 3 de Barcelona, ​​admitió la denuncia a trámite y, además, elevó una pregunta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El magistrado cuestionaba si el ordenamiento jurídico español cumple con el marco jurídico europeo de protección a los consumidores frente a las cláusulas abusivas y también cuál debe ser el grado de intervención del juez ante estas cláusulas.
A finales de 2008, la abogada general del Tribunal de Justicia, Julianne Kokott, emitió un informe crítico con el sistema de ejecuciones hipotecarias en España insistiendo en las preguntas del juez de Barcelona e instando a Luxemburgo a pronunciarse al respecto. Casi tres años después, el Tribunal europeo ha dictado hoy que la ley española contradice la normativa comunitaria sobre la protección del consumidor. A partir de ahora, si el Gobierno no cambia la ley, la Comisión Europea podrá sancionarlo.
Mohamed Aziz ha recibido la noticia en casa de su abogado. Emocionados, ambos celebran la sentencia por lo que significa, más allá de su caso personal. Aunque la empresa donde trabajaba llegó a hacerle fijo, Aziz hace meses que no tiene trabajo. Continúa viviendo en Martorell, en un piso de alquiler social que les facilitó el Ayuntamiento y que apenas puede pagar con la pensión de invalidez que recibe por una pequeña incapacidad.