La sentencia del Tribunal Supremo que anula la absolución de 8 de los encausados por la manifestación que rodeó el Parlament de Catalunya en junio de 2011 ha encendido la indignación de cientos de personas, que se han concentrado delante en la plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar contra la decisión. La protesta ha sido convocada por las redes sociales y ha mostrado su rechazo a la condena de 3 años de prisión delante de la Generalitat de Catalunya, una de las entidades personadas como acusación en el proceso penal.
A la concentación han acudido unas 300 personas, que han coreado el lema autoinculpatorio “jo també estava al Parlament, jo també ho tornaria a fer” y han mostrado su descontento por una sentencia que consideran fruto de la represión contra la protesta. La concentración ha discurrido sin incidentes y rodeada por el dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra, que han vallado el acceso al Palau. Los asistentes se han vuelto a convocar para volver a protestar el próximo sábado a las 19 horas, en la plaza Universitat.
La condena del Supremo ha suscitado las críticas de colectivos sociales y antirrepresivos, observatorios judiciales y partidos, como la CUP, ICV-EUiA, ERC o Barcelona En Comú. Pero también expertos en derecho han mostrado su sorpresa por la decisión del Alto Tribunal. Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, califica la sentencia de “barbaridad” y de “retorcimiento del derecho penal”. “Estamos alucinados”, ha asegurado, “cada semana hacen una nueva. ¿Qué quieren? ¿Amenazar con el derecho penal a la gente descontenta? Pasará todo lo contrario. No detendrán así la protesta social sino que aumentará”, ha manifestado Rivera.
“El Supremo ha actuado bajo la presión del poder político”, asegura la defensa
Los abogados de los condenados han anunciado que recurrirán la sentencia a organismos superiores, como el Constitucional o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aunque se han mostrado poco optimistas del recorrido del recurso en España. “No tengo muchas expectativas sobre qué pueda decidir el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta su composición actual y las últimas sentencias que ha emitido, especialmente las relacionadas con Catalunya”, ha explicado Benet Salellas, uno de los abogados.
Tanto Salellas como Jaume Asens, otro de los abogados de la defensa en el proceso, han denunciado las presiones políticas que ha recibido el tribunal. “El Supremo ha plegado a las presiones del Govern de la Generalitat y del clima de indignación que se quiso crear tras la sentencia absolutoria”, ha indicado Asens. Además, el abogado ha explicado que la doctrina del Tribunal de Estrasburgo prohíbe condenar a alguien si no se le ha escuchado antes y si no hay pruebas nuevas. “Y eso es lo que ha hecho el Supremo”, ha remarcado.
La media que tarda el Constitucional en emitir una sentencia es de tres años, aunque, en ocasiones, ha reaccionado más rápido. En cualquier caso, la única acción que podría detener el ingreso en prisión de los ocho condenados por el Supremo es que se presente una petición de indulto. Benet Salellas ha recordado que tanto el magistrado Fernando Grande-Marlaska como el abogado del Parlamento de Catalunya plantearon que se condenara a los acusados pero que se contemplara la posibilidad de indultar los mismos.
Los ocho afectados aún no han dicho si se acogerán o no a esta opción, aunque parece poco probable. El Tribunal Supremo aún debe comunicar su sentencia a la Audiencia Nacional, que la trasladará a los condenados, quienes tendrán a partir de entonces diez días para ingresar en prisión.
Salellas también ha destacado el voto particular del juez Perfecto Andrés contra la sentencia del Supremo. En el razonamiento de su voto particular, Andrés denuncia que ésta se basa en argumentos políticos en vez de legales. “El voto particular de Perfecto Andrés denuncia acertadamente el sesgo ideológico de la sentencia”, ha asegurado Asens.