La Generalitat retira a Eulen la gestión de dos residencias de Barcelona por “irregularidades” en la atención a ancianos

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha retirado a la empresa Eulen la gestión de dos residencias de ancianos de Barcelona por “irregularidades” tanto en su gestión como en la atención a ancianos durante la emergencia sanitaria. Los dos centros ya tienen un expediente abierto por parte de la Generalitat desde hace semanas y su gestión por parte de la empresa Eulen ha sido llevada a la Fiscalía por parte de familiares de los ancianos fallecidos.

Ambas residencias fueron intervenidas por la Generalitat al detectar irregularidades en el funcionamiento y organización del servicio. Ya entonces se sustituyó temporalmente a Eulen por otra empresa gestora. Ahora que la situación está controlada en ambos centros, el departamento ha decidido suspender cautelarmente la gestión de Eulen hasta que no se resuelva definitivamente los expedientes.

En el caso de la residencia Bertran Oriola, el 26 de abril el departamento ya la intervino para “reconducir” la situación. El servicio de inspección abrió expediente sancionador a la empresa el 3 de junio por una presunta infracción grave y por cinco presuntas infracciones muy graves que pueden ser sancionadas con multa de 4.000 euros por la grave y con multa de 7.900 euros por cada una de las muy graves.

La empresa también se expone a la suspensión total de la prestación de servicios por un período de 4 años para cada una de las infracciones. Según el departamento, la situación sanitaria en la residencia está calificada como segura y hay una situación de “estabilidad” en la gestión.

En cuanto a la residencia Mossèn Vidal i Aunòs, el departamento señala que las irregularidades llevaron el centro a una situación “de afectación generalizada” por la COVID-19. La intervención y el cambio temporal de entidad gestora fue el 7 de mayo y el 3 de junio se abrió expediente sancionador a Eulen por una presunta infracción muy grave, que puede ser sancionada con multa de 7.000 euros, además de suspensión total de la prestación de servicios por un período de 4 años.