La Generalitat plantea que los procedimientos de desahucio se tengan que suspender temporalmente si los servicios sociales acreditan una situación de vulnerabilidad de los afectados, según ha avanzado El Periódico y ha podido confirmar la agencia ACN.
Esta propuesta se incluye en el borrador del nuevo protocolo sobre desahucios redactado por la Generalitat y que tendría que sustituir la actualmente vigente, publicada en 2013. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pidió aplazar el debate sobre esta renovación del documento por los cambios legislativos en el contexto pandémico. El nuevo texto recoge también la creación dentro de los Mossos d'Esquadra de la Unidad Central de Intervención en conflictos de vivienda.
La propuesta concreta que cuando la justicia crea que se puede dar una situación de vulnerabilidad, lo tendrá que comunicar a los servicios sociales y de vivienda. Servicios Sociales evaluará la situación de riesgo de exclusión social de los ocupantes y emitirá, si se tercia, el informe de vulnerabilidad.
En ese caso, los organismos competentes tendrán que iniciar un procedimiento de mediación entre los propietarios y los ocupantes así como verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener una resolución favorable de la mesa de emergencias. El texto especifica que mientras no se cierren estas dos intervenciones, los procedimientos judiciales “se tienen que suspender”.
El texto plantea también la creación de un registro o plataforma electrónica que facilite la gestión e información conjunta y coordinada entre todas las partes que intervienen. Concreta que tiene que ser el Departamento de Justicia quien implemente esta plataforma digital, en colaboración con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La propuesta apunta también que cuando la ejecución del lanzamiento prevea la necesidad del acompañamiento policial, esta necesidad se tiene que notificar cuanto antes mejor para que se pueda planificar “adecuadamente” la dotación de los recursos policiales. Esta comunicación judicial tiene que ser “homogénea” en todos los partidos judiciales.
Además, plantea la creación de una unidad específica en materia de conflictos de vivienda dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra y la elaboración de dos procedimientos internos de trabajo: uno de actuación policial ante la ocupación de inmuebles y un segundo por desalojos. Añade que el Departamento de Interior también tiene que encargarse de la propuesta de auditoría sobre la aplicación de los procedimientos internos de trabajo en los desalojos.
Además, se plantea la creación de un órgano mixto de vigilancia y control de la ejecución y aplicación del protocolo y de resolución de controversias administrativas. Esta comisión se tendría que reunir de forma ordinaria cada seis meses.
Un debate aplazado
El presidente del TSJC, Jesús M. Barrientos, firmó un acuerdo el octubre pasado a través del cual aplazaba el debate sobre la redacción del nuevo protocolo. Barrientos concretaba que, ante la situación actual de “detallada regulación positiva” de la materia y teniendo en cuenta que la normativa está en reforma y evolución constante, era “prudente” no avanzar en la redacción de un nuevo texto. La Generalitat pidió entonces una reunión con Barrientos para abordar la renovación del texto.
El 21 de enero se reunió por primera vez la Comisión de seguimiento del protocolo de diligencias de lanzamiento de los partidos judiciales de Catalunya. De aquel encuentro telemático se concluyó que se actualizaría el protocolo integrando los departamentos de Interior, Territorio y Sostenibilidad y la dirección general de Asuntos Sociales. También se acordó potenciar la cooperación institucional para que la información llegue con más facilidad tanto a los Mossos d'Esquadra como a los servicios sociales.