Si un médico alemán receta cannabis a un paciente para mitigar un dolor crónico, hay muchas posibilidades de que esa marihuana se haya cultivado legalmente en España con permiso de nuestro Gobierno. Un paciente español en condiciones similares, sin embargo, no tendrá esa posibilidad. Deberá llamar a un camello y comprar marihuana en el mercado negro por mucho que a pocos metros de su casa haya un cultivo de marihuana autorizado por el Ministerio de Sanidad.
El cannabis medicinal en España está abonado a una gran contradicción, explican pacientes, investigadores y activistas consultados. El Gobierno a día de hoy no ha admitido los efectos terapéuticos de esta sustancia y considera que no hay suficiente evidencia científica para aprobar su uso. Durante el último año, no obstante, el Ministerio de Sanidad ha aumentado un 230% las autorizaciones para que varias empresas cultiven cannabis medicinal en distintos puntos del país. La marihuana, una vez cultivada, se exporta a alguno de los 17 países europeos que sí contemplan su uso para pacientes con ciertas dolencias.
Las licencias para cultivar cannabis medicinal que concede la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) han pasado de 9 el año pasado a 21 este junio, cuando se han publicado los nuevos datos. De estas licencias, 13 son con fines de investigación y 8 para producir y exportar al extranjero.
“Es un contrasentido absoluto”, señala Cristina Sánchez, investigadora con cannabinoides y profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid. “Por un lado el Gobierno sigue diciendo que no hay evidencia científica pero al mismo tiempo la AEMPS concede licencias para cultivar”.
“No es infrecuente que la industria fabrique productos que únicamente están autorizados en otros países”, responden desde la AEMPS. “Esto sucede tanto en el cultivo de plantas destinadas a la producción de estupefacientes, como a la industria de producción, también en industria química”.
Más contradicciones. Al mismo tiempo que el Gobierno sigue sembrando dudas sobre las propiedades del cannabis para pacientes oncológicos o con dolores crónicos, España votó en diciembre de 2020 en la ONU junto a casi todos los Estados europeos y numerosos de América para que la entidad reconociera que la sustancia puede servir para tratar ciertas dolencias. En España, en cambio, el cultivo del cannabis medicinal está regulada a día de hoy por una ley del franquismo, aprobada en 1967.
La media docena de pacientes, activistas, investigadores y cultivadores entrevistados para este reportaje admiten que el aumento de licencias del último año es positivo. También reconocen que algo se mueve en España -recientemente se ha aprobado una subcomisión en el Congreso para estudiar los modelos de otros países- aunque los avances son a paso de tortuga y están dejando el país a la cola del mundo occidental.
Algunos opinan, sin embargo, que la manera de actuar de la AEMPS a la hora de conceder estas licencias ha sido opaca, arbitraria y ha facilitado el “pelotazo” de algunas empresas que han sido adquiridas por multinacionales una vez obtenido el permiso para cultivar. También destacan el riesgo de que los pequeños cultivadores u asociaciones de pacientes queden relegados de estas licencias, al requerir una infraestructura e inversión solo asumible por unos pocos.
“Las licencias de cannabis en España son un juego con las cartas marcadas”, opina Hugo Madera, portavoz del Observatorio Europeo del Cultivo y el Consumo de Cannabis (OECCC), una de las voces más críticas con el sistema actual. “El procedimiento se adapta a cada caso concreto y deberíamos tener unas normas públicas, claras e iguales para todos”.
Madera recuerda otra de las múltiples incongruencias con la situación en España: mientras la AEMPS concede licencias para cultivar cannabis medicinal en nuestro país, la entidad colaboró con la Guardia Civil en una reciente operación que supuso el desmantelamiento del mayor banco de semillas español y mandó al garete un proyecto de investigación que esta empresa llevaba a cabo junto a la Universidad del País Vasco.
El “pelotazo” de las licencias
Durante los últimos años, han sido varias las empresas que se han revalorizado sobremanera y han sido vendidas a multinacionales extranjeras una vez han obtenido la licencia por parte de la AEMPS para cultivar cannabis en España.
La primera en obtenerla en 2016 fue Alcaliber, propiedad del gran empresario del opio en España Juan Abelló. Una vez obtenida la licencia, la empresa fue vendida en 2018 a un fondo de inversiones británico que controla la mayoría de la compañía -ahora llamada Linneo Health- desde una firma radicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.
Cafina, otra start up que logró el permiso de la AEMPS en 2018, fue absorbida un año después por la multinacional canadiense Canopy Growth, dedicada a producir productos cannábicos y considerada la más grande del sector con una capitalización en bolsa que ha llegado a los 18.000 millones de euros. La cantidad abonada para adquirir la compañía española no trascendió.
La historia se ha repetido este 2021, cuando el gigante del cannabis estadounidense Curaleaf Holdings ha adquirido una empresa británica por 237 millones de euros en la que se incluye Medalchemy, una compañía de Alicante que también dispone de licencia para cultivar legalmente en España. “A través de esta adquisición, Curaleaf se establece en el mercado europeo, considerado el mayor mercado potencial de la industria del cannabis”, señaló la empresa en un reciente comunicado.
“Los americanos tienen muy claro cuáles son los pasos para establecerse en el mercado europeo”, señala Carola Pérez, usuaria de cannabis terapéutico y presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal (OECM), sobre la estrategia de las multinacionales de adquirir empresas en España que disponen de la preceptiva licencia. Desde la AEMPS aseguran que “no han detectado” que las entidades con permiso para cultivar hayan vendido su autorización.
Hasta 2018, la vía para obtener una de estas licencias fue un misterio. No había ningún procedimiento administrativo reglado que precisara qué había que presentar ante la AEMPS para lograr la mencionada autorización. La entidad ni siquiera hacía público qué empresas disponían de este permiso y solo se pudo conocer gracias a respuestas parlamentarias y a una resolución del Consejo de Transparencia y buen Gobierno. Desde entonces sí que se publican cada año las empresas agraciadas y se puede acceder a un listado de los requisitos para pedir la licencia.
La guerra al CBD
Otro escenario que demuestra el doble rasero con el cannabis en España es la guerra emprendida recientemente contra los cultivos de CBD, un derivado no psicoactivo del cannabis -y que por tanto no puede considerarse una droga- en auge en todo el mundo por sus propiedades analgésicas, antioxidantes e antiinflamatorias, entre otras.
Los cultivos de esta marihuana que no coloca se han multiplicado por España al mismo ritmo que las incautaciones, especialmente en Andalucía, donde muchos agricultores cambiaron las hortalizas por este tipo de cannabis ante la gran demanda mundial y los beneficios que generaba su cultivo.
Por mucho que el CBD no sea una droga, a día de hoy se encuentra en un limbo legal y las autoridades entienden que se requiere de una autorización de la AEMPS para cultivar este tipo de marihuana. Las dudas han llevado al fiscal jefe antidroga a publicar una reciente instrucción para los fiscales de todo el país en la que dice que los cogollos de marihuana, por mucho que no tengan una substancia psicoactiva, deben tratarse como si fuesen droga.
El problema parece ser, según las fuentes consultadas, que se está intentando regular un fenómeno del siglo XXI con una ley del franquismo. El resultado es un producto legal para su venta pero no su producción. “¿Cómo se puede pretender regular el cultivo de CBD con leyes de 1961 y 1967, aprobadas cuando nadie sabía los usos que tenía este derivado?”, se pregunta Hugo Madera, del OECCC. “Urge que España se actualice de una vez”.
Trabas al autocultivo
Pérez, del OECM, lleva años reuniéndose con políticos y tratando de que en España se apruebe una regulación del uso terapéutico del cannabis. A pesar de que preferiría que se regulara también el consumo recreativo y el autocultivo, tiene asumido que esto no va a ocurrir próximamente.
Apuesta por una visión más pragmática y de conquistar los derechos paso a paso, por mucho que el principal beneficiado de una hipotética regulación -a parte de los pacientes como ella- acaben siendo las grandes empresas y farmacéuticas. Su postura le ha granjeado críticas de algunos activistas del sector, que creen que se debería pelear para lograr una normativa que permita cultivar en casa, vender y comprar cannabis por mucho que no se necesite para fines médicos.
“No se puede ser naif”, dice sobre las posibilidades de una regulación en España que beneficie a los pequeños productores o permita el autocultivo. “A las licencias solo podrán optar las compañías que tengan financiación y fuerza financiera, es una situación que ocurre en todos los países de Europa”.
Cristina Sánchez, la profesora e investigadora de la Complutense, cree que el “pequeño consumidor” debería quedar al margen del requisito de estas licencias y que el modelo de regulación contemple el autocultivo. “A un paciente oncológico no le recomendaría que cultivase su marihuana en casa, le diría que mejor que espere a que el sistema sanitario le pueda proporcionar un compuesto de calidad y regulado”, apunta. “Pero si alguien tiene insomnio o dolor crónico, debería poder tener plantas en casa y vaporizar sus cogollos”.
Pérez señala que los pacientes no pueden esperar más y recuerda que, tras años de trabajo y reuniones, lo único que se ha conseguido a día de hoy es la mencionada subcomisión en el Congreso. “Avanzamos más lentos que nadie y el hecho de ser los últimos tiene muchos inconvenientes”, remacha en conversación telefónica. “Se nos ha ido el talento, hemos perdido dinero y oportunidad de negocio para muchas empresas que se han ido a otros países”.