Víctimas de acoso machista en Parcs i Jardins de Barcelona: “Se nos castigó a nosotras y se premió al acosador”

Un año después de que la empresa pública donde trabajan, Parcs i Jardins, y un juzgado reconocieran que habían sufrido acoso laboral y “por razón de sexo” en manos de un superior, Xènia Navarro y otra denunciante, que prefiere no dar su nombre, vuelven a estar de baja por ansiedad. El acosador, en cambio, aspira a un ascenso definitivo a través de una plaza pública después de haber logrado que le elevaran provisionalmente de encargado a responsable territorial. 

El Ayuntamiento de Barcelona, de quien depende la empresa, defiende que la promoción provisional fue iniciada antes de que se conocieran los hechos, pero ellas ven en la situación una consecuencia de su denuncia. “A nosotras se nos castigó y al acosador se le premió”, resumen. 

Ambas empleadas denuncian que al reincorporarse al trabajo después de la resolución judicial percibieron “aislamiento”, “malas miradas” y se quedaron más solas al compartir el día a día con superiores cercanos al acosador. Relatan que además la empresa cambió de destino a compañeros que trabajaban con ellas y habían testificado dando validez a los abusos de poder y maltratos. Fuentes municipales niegan que en ningún caso se hayan producido cambios de ubicación laboral por estos motivos y al mismo tiempo explican que no se puede “penalizar” a nadie por ser amigo de un acosador o por haber testificado una versión u otra en un juicio. A las víctimas esta explicación no les sirve y argumentan que el Ayuntamiento tardó meses en escucharlas y que, además, ninguna de sus medidas ha servido para reparar lo que han sufrido.

El superior de las dos denunciantes fue sancionado en primer lugar por acoso laboral y machista a la compañera de Xènia en un expediente disciplinario con dos faltas “muy graves” para las que el convenio público prevé una sanción que puede ir desde los 26 días de empleo y sueldo hasta el despido. Pero la gerencia de Parcs i Jardins decidió rebajar la sanción a “grave” y la suspensión de empleo y sueldo fue de 11 días. Finalmente la sanción fue conmutada por un periodo de formación de varios meses para corregir sus actitudes. Finalizada esta formación, el acosador fue ascendido de manera temporal a responsable territorial, cargo al que podría optar de manera definitiva si se impone en las promociones internas. Las víctimas decidieron entonces llevar el caso ante la Justicia, que confirmó que las dos habían sufrido acoso laboral y machista y que, por tanto, debían recibir una indemnización. 

La concejal de Igualdad de Barcelona, Laura Pérez, reconoce a elDiario.es que fue un “error” rebajar la sanción y que no le parecería bien que el acosador consiguiera un ascenso, pero que no puede ahora modificarla ni tampoco incidir en decisiones de una empresa municipal. Sí que ha participado y trabajado intensamente, defiende, en mejorar los protocolos para “que no se vuelvan a dar estas situaciones”. El consistorio aprobó un nuevo plan de igualdad en febrero de este año, junto a nuevos protocolos en casos de discriminación y medidas para la promoción interna de mujeres y para la formación “en clave de género” de los trabajadores. También ha nombrado a una nueva técnica de igualdad. Las víctimas y el sindicato CGT, sin embargo, cuestionan la labor realizada hasta ahora por esta nueva figura. 

“Enséñame las bragas” y otros maltratos

Xènia se dio cuenta de que había sido también víctima cuando estaba relatando la situación a la psicóloga que elaboraba el informe del caso de su compañera. De hecho, la psicóloga acabó concluyendo en el informe que había un “posible acoso sexual” hacia ella. El acosador, dice Xènia, era una persona “muy manipuladora” de la que ya le habían advertido antes de entrar. “Maltrato”, “gritos” y comentarios obscenos como preguntarle “si sabía hacer un francés” o “enséñame las bragas” fueron algunos de los episodios más graves que vivió. 

Su compañera asegura que todo empezó cuando el encargado le dijo que le ponía nervioso porque ella le gustaba. Ella le dijo que se equivocaba y que solo eran compañeros de trabajo. Tras una negativa a una segunda insinuación, él empezó a discriminarla. “Evitaba que otros compañeros me ayudaran, me enviaba a segar cuando llovía, me gritaba y ridiculizaba…”, cuenta. 

Todo ello acabó derivando en un informe interno que concluyó que se había producido una falta muy grave por acoso laboral que después el gerente rebajó a grave. Tras llevar el caso a los juzgados, el juez aseguró que la empresa había actuado con diligencia pero que al mismo tiempo se habían vulnerado los derechos fundamentales de las víctimas. Por esa razón condenó a Parcs i Jardins a pagar 15.000 euros de indemnización a cada una de ellas. 

El Ayuntamiento recurrió la sentencia pese a reconocer errores en la sanción y eso ha indignado aún más a las víctimas. “Para nosotras el Ayuntamiento ha sido cómplice, se ha lavado las manos con nosotras. No nos ha ayudado en nada en el proceso ni en la reparación”, denuncia Xènia. 

Su versión se contradice con lo que aseguran desde el consistorio, donde afirman que se hizo un “seguimiento intenso”, se realizaron cambios de protocolos y hubo atención psicológica a las víctimas. Respecto al hecho de recurrir la sentencia, las mismas fuentes municipales alegan que es un imperativo legal que los servicios jurídicos interpongan el recurso para justificar los posibles gastos públicos ante la contradicción que ven en la sentencia. 

Este caso no es aislado y la regidora Pérez reconoce que Parcs i Jardins es una empresa “masculinizada y con actitudes machistas y extrañas”, pero defiende el esfuerzo del consistorio en corregirlo. A raíz del caso mencionado, se cambiaron los protocolos para que a partir de ahora en las sanciones participe una comisión formada por la sección sindical y la técnica de igualdad, nueva profesional nombrada también después de que el caso de Xènia y su compañera saliera a la luz.  

Ya con este protocolo activo, y según ha podido saber elDiario.es y han confirmado fuentes municipales, otro trabajador de Parcs i Jardins realizó tocamientos en tres ocasiones diferentes a una misma empleada –de una empresa externa– en julio, agosto y septiembre de este año. La sanción que recibió fue un poco superior a la mínima por una falta muy grave: 30 días de suspensión de empleo y sueldo.

Ajena al caso, la abogada laboralista especialista en género Laura Rodríguez asegura que “cuando hay tocamientos, tiene que haber un despido para que haya perspectiva de género”. Pero alerta de que el mundo laboral es “arcaico” y dista de aplicarla. Ante un acoso laboral y machista, cree que cabría tomar medidas innovadoras como “aislar” al trabajador, pero en ningún caso que pudiera optar a una promoción. “Las bases de los ascensos públicos tendrían que tener cláusulas que excluyeran a quienes tienen sentencias en su contra por discriminación de género o de cualquier tipo” añade. 

Aunque las víctimas y las delegadas sindicales de CGT, que les han dado apoyo en todo el proceso, apuntan a la falta de cuidado de Eloi Badia, presidente de la empresa municipal y regidor de Emergencia Climática, es la regidora de Igualdad, que también ha estado encima del caso, quien ha contestado a elDiario.es en nombre del Ayuntamiento. Reconoce que en el caso de la sanción a este trabajador “se hicieron cosas mal” y que “sería negativo” que finalmente se confirmara su ascenso, pero apuntan a los “grandes avances” que se están llevando a cabo mediante las nuevas medidas que incluyen fomentar la entrada y promoción interna de mujeres. 

“Caza de brujas” contra CGT

Más allá de estos casos, El Crític en una investigación reciente, reveló el testimonio de 16 empleadas que relataban episodios “sistemáticos” de sexualización, humillación y abusos de poder en los últimos 20 años. Una encuesta interna de 2019, dentro del plan de igualdad de la compañía, detectó que el 16% de las trabajadoras de la empresa pública, de 1.000 trabajadores, habían sufrido situaciones de discriminación y un 25% las había presenciado. 

El reportaje, sin embargo, no gustó a todos los trabajadores de la empresa y las víctimas se ven en medio de una “caza de brujas”, según palabras de la propia Xènia, dirigida hacia el único sindicato que las apoyó, CGT. Fuentes municipales lo definen como “una batalla entre sindicatos”. Después de su publicación, ya han circulado por la empresa dos escritos anónimos cuestionando el citado reportaje. En uno de ellos se pedían firmas en un manifiesto por la igualdad que a su vez mostraba su “desaprobación” por el tono del artículo por considerar que no ponía en valor los avances alcanzados. En otro, también anónimo pero reenviado por otro sindicato a toda la plantilla, se cuestionaba el “objetivo” de “escarbar en el pasado” y se acusaba a CGT de “ladrar al viento” y se preguntaba si no es “cómplice” de los casos por no haberlos dado a conocer previamente. 

Fuentes de CGT en Parcs i Jardins ven en todo ello un “corporativismo” de los sindicatos que ha servido también para favorecer al acosador y en el que creen que el Ayuntamiento, a la postre, ha participado. Desde el consistorio, en cambio, defienden que han puesto todos sus esfuerzos en el caso y en mejorar las conductas. Asimismo, defienden el papel del PIAD, Puntos de Información y Atención a las Mujeres, que ha brindado apoyo psicológico a las víctimas de acoso. Ellas dicen estar contentas con este servicio y la atención psicológica, pero recuerdan que nadie de la empresa ni del consistorio se lo ofreció, sino que fueron ellas las que acudieron después de meses de buscar sin éxito alguna respuesta del consistorio. “Mientras que al acosador le pusieron un coach, nosotras tuvimos que ir a un servicio público para obtener ayuda”, lamenta Xènia. 

Silvia Fitó, delegada de Comisiones Obreras (sindicato al que está afiliado el acosador condenado), se muestra molesta por cómo se ha llevado el caso porque su sindicato quedó “excluido del proceso”, y cree que muchas de las denuncias que se recogían en el artículo de Crític, tendrían que haberse llevado al comité de empresa. Entiende, no obstante, que haya gente en la plantilla que esté molesta. “Parece que Parcs i Jardins sea un caso extraordinariamente diferente”, explica. “Hay casos lamentables, pero el machismo es una lacra que está en toda la sociedad y en todas las empresas y en esta se está mejorando”, añade. Prefiere no posicionarse en este caso porque espera la resolución judicial del recurso que presentó el acosador contra el expediente disciplinario. 

Tanto Xènia como su compañera, que aseguran que sufrieron varias secuelas físicas asociadas a la ansiedad generada por el estrés como pérdidas de conocimiento la primera o caída de pelo la segunda, intentaron reincorporarse al trabajo unos meses después del juicio, pero percibieron un ambiente tóxico hacia ellas que les ha llevado a volver a estar de baja. “No ha habido tampoco un seguimiento desde la mutua o desde la empresa de nuestro estado de salud”, añade Xènia. 

En su caso, un episodio con un encargado que asegura que es cercano al acosador le hizo revivir la angustia del acoso. Volvió a sentirse mal y pidió de nuevo la baja. El consistorio reconoce que serán necesarias “modificaciones en la brigada” y más medidas para reparar a las víctimas, aunque insisten en que “la intervención ha sido muy intensa” en el equipo de Xènia y sus compañeros para que todo mejore. Pero las víctimas lo ven justo al contrario.