Colau cierra 2.355 pisos turísticos ilegales en dos años en Barcelona
El gobierno de Ada Colau persigue los pisos turísticos ilegales a ritmo de más de 5 órdenes de cese al día. En dos años, desde el inicio del plan de choque en verano de 2016, hasta 4.148 apartamentos sin licencia han recibido la notificación del Ayuntamiento de Barcelona de que deben cerrar. Sin embargo, sólo 2.355 han puesto fin definitivamente a su actividad. El resto están inmersos en el trámite administrativo, en el que pueden presentar alegaciones.
La teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilizad, Janet Sanz, ha estimado entre 6.000 y 8.000 los pisos ilegales en la ciudad, casi el mismo volumen que los alojamientos que sí tienen permiso: 9.600. Aun así, ha asegurado que en los últimos dos años su presión a las plataformas como Airbnb o Homeaway, que anuncian apartamentos sin comprobar si tiene licencia, está cerca de “poner el contador a cero” en la capital catalana por lo que respecta a los pisos ilegales.
“El nivel de cumplimiento de las órdenes de cese es muy alta”, ha valorado Sanz, que una vez más ha aprovechado para proclamar que su gobierno quiere poner fin a la “barra libre” de pisos turísticos. A día de hoy, el 51% de los propietarios apercibidos han aceptado retirar voluntariamente los pisos del mercado. Del resto, se ha procedido a precintar 226 pisos, mientras que los demás se mantienen en un trámite que se puede alargar meses, y durante el cual el consistorio asegura no tener contabilizado cuántos mantienen la actividad y cuántos la cesan.
En paralelo a las órdenes de cierre, Sanz ha explicado que todos los propietarios reciben una multa de 60.000 euros (hasta marzo de 2017 era de 30.000). En total, se han impuesto 5.503 sanciones, aunque el consistorio no ha aclarado cuántas de ellas se han cobrado. “Mayoritariamente se cobran”, ha asegurado Sanz, aunque se ha excusado en que la cifra corresponde al Instituto Municipal de Hacienda.
En el balance del plan de choque contra estos apartamentos, una de las novedades que se han dado a conocer es la cantidad de propietarios que, tras echar el cierre por orden del Ayuntamiento, volvían a abrir al cabo de un tiempo. En total, tras más de 2.000 reinspecciones realizadas en temporada alta (verano, semana santa o eventos como el Mobile World Congress), el consistorio calcula que son solo el 4% los que retoman esta actividad económica, mientras sospecha de otro 6%.
Forzar a Airbnb a anunciar solo pisos legales
Todas estas acciones se han llevado a cabo tras las inspecciones que llevan a cabo un equipo de 100 profesionales del Ayuntamiento. Son los mismos que supervisan si los anuncios en plataformas como Airbnb o HomeAway corresponden a pisos reglados o no. Solo en web de la primera, el consistorio detectó recientemente 2.577 apartamentos ilegales que la empresa se comprometió a retirar, aunque en estos casos nada garantiza que los propietarios no puedan recurrir a otra plataforma.
El Ayuntamiento y estas empresas se volverán a reunir el próximo 23 de julio en el marco de la Mesa de Buenas Prácticas en la que participan, además de las ya mencionadas, otras como Booking o Rentalia. La intención de Sanz es que todas se avengan a fijar como criterio de admisión que acrediten licencia de piso turístico, algo a lo que sólo se ha comprometido de momento Airbnb. Aunque lo que no hacen tampoco ellos es comprobar si el usuario tiene realmente el permiso.
“Estamos a las plataformas digitales, que operaban sin ningún control en las ciudades, a que cumplan la ley”, ha sentenciado Sanz.
