El Govern reprocha a la UAB no haber sido más “proactiva” al apartar a los docentes acosadores

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) debió actuar con más rapidez a la hora de apartar a los dos profesores que recibieron denuncias de acoso por parte de sus estudiantes y cuyos casos se han conocido esta semana, uno de ellos desvelado por elDiario.es. Así lo ha expresado el consejero de Universidades, Joaquim Nadal, en declaraciones a Ràdio Estel. “Hay que ser mucho más proactivo, no pueden pasar semanas y meses” desde que se producen las quejas, ha expresado. “Da la impresión de que entre que se produce la primera alerta y se ratifica la reacción, pasa demasiado tiempo”.

“A la que aparece un caso, sanción inmediata de carácter preventivo”, ha expresado. Y ha insistido en que desde que la universidad tiene constancia de una denuncia debe apartar cautelarmente al profesor señalado no sólo del contacto con la víctima, sino de todo el alumnado. 

En el caso del catedrático de Física Àlvar Sanchez, condenado a año y medio de cárcel por acoso y a nueve de inhabilitación, estuvo dando clase hasta esta semana. La UAB ha asegurado hasta ahora que si no lo hizo fue porque no tuvo constancia del fallo hasta el mismo día en que se lo comunicó elDiario.es. Sobre el otro denunciado, Àngel Gallego, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, se ha anunciado este jueves su suspensión de empleo y sueldo durante un año y dos meses, después de que en junio se activase el protocolo por una denuncia de acoso y otras de abuso de autoridad y mala praxis docente. 

Desde la UAB han comparecido en rueda de prensa este viernes, aunque solo para dar cuenta de este segundo caso. Lo han hecho la secretaria general, Esther Zapater, y la decana de Filosofía y Letras, Margarita Freixas. Sobre el catedrático condenado, Zapater ha insistido en que si no lo apartaron fue porque no conocían la sentencia. A pesar de que había sido notificada a mediados de febrero, que la institución asumió la “defensa jurídica” de la víctima y que en las semanas previas existían quejas de algunos cargos de la Facultad de Ciencias, la secretaria general ha asegurado que conocieron el fallo el pasado lunes. 

“La autorización [de la defensa] nos llega el lunes. Con esa información lo que hacemos es reabrir el expediente administrativo que había quedado suspendido en 2019 y el rector hace la resolución en la que se adoptan las medidas cautelares”, ha argumentado Zapater, que ha insistido también en que en este caso no pudieron apartar al docente mientras el proceso judicial estuvo abierto.

El caso ha provocado protestas estudiantiles esta semana y hasta dos cargos de la Facultad de Ciencias han dado a entender en sendas cartas muy duras contra el equipo de gobierno que sí se conocían las circunstancias de Sánchez. Primero, la responsable de Igualdad presentó su dimisión y manifestó su “rabia” por no haber sido tan “convincente” como un artículo en un diario para “erradicar” al docente de la Facultad. Posteriormente fue el director del Departamento de Física el que lamentó la “ausencia de crítica” por parte del rectorado y que no actuasen antes a pesar de las “reiteradas peticiones” en las “últimas semanas”.

Sobre ello, Zapater ha asegurado “entender que en un caso tan duro siempre se piense que podríamos haber actuado mejor” y que comparte su “frustración” de no haber actuado cómo y cuándo querrían. Aun así, preguntada si se ha puesto en contacto con esos dos docentes, se ha limitado a afirmar que estuvieron esta semana en la Facultad y que se ponen a su disposición.

En cuanto a la suspensión del profesor de Letras, Ángel Gallego, Zapater ha alegado que desde que recibieron las denuncias siguieron los procedimientos administrativos previstos por la ley hasta llegar a la sanción y, por lo tanto, a su suspensión. En este sentido, ha pedido cambios en la legislación para que se pueda ser más “ágil y eficiente”.

Por otro lado, ha entonado el mea culpa por “no haber sido capaces de transmitir la suficiente confianza a las personas denunciantes a pesar de haberlas estado acompañando con atención psicológica y apoyo jurídico”. Algunos de los estudiantes se quejaron de que el proceso administrativo sancionador las dejaba desprotegidas, puesto que el profesor acusado podía conocer su identidad. Algo que han ratificado en el mismo acto representantes sindicales de la CGT. La secretaria general ha alegado que la ley establece que en cualquier proceso disciplinario se formulan cargos contra una persona y esta “puede pedir pruebas”, con lo que puede llegar a conocer la identidad de las víctimas, aunque el procedimiento es confidencial entre las partes. 

Por su parte, Freixes ha querido dejar claro que, en paralelo a la apertura del expediente, se tomó la medida cautelar de desdoblar el grupo clase para evitar que las denunciantes coincidieran con el acusado.

En cuanto a la mala praxis, Gallego animaba a sus alumnos a participar en conferencias suyas fuera del campus y que podían afectar a su nota, o contactaba con ellos por redes sociales. Freixes ha asegurado que, además de incorporar toda la información el procedimiento, le comunicó que estas prácticas están prohibidas.

70 trabajadores cargan contra la gestión del caso

El viernes por la tarde, 70 profesores y trabajadores de la Facultad de Ciencias han enviado una carta al Decanato en la que aseguran que “comparten la indignación” por el hecho de que no se hubiese apartado al catedrático de Física Àlvar Sánchez de la actividad docente. Añaden, además, que se enteraron de sus actos gracias a la noticia de elDiario.es.

En la carta, a la que ha tenido acceso esta redacción, los empleados expresan también su “queja” frente a la “gestión” que el Equipo de Gobierno de la UAB ha hecho del caso. “A pesar de reconocer la tarea realizada que ha permitido que este caso haya sido juzgado con la severidad que la gravedad de los hechos comporta, lamentamos la falta de reacción y la celeridad necesaria para apartar al profesor de todas sus funciones”, añaden.