Ciencia Crítica pretende ser una plataforma para revisar y analizar la Ciencia, su propio funcionamiento, las circunstancias que la hacen posible, la interfaz con la sociedad y los temas históricos o actuales que le plantean desafíos. Escribimos aquí Fernando Valladares, Raquel Pérez Gómez, Joaquín Hortal, Adrián Escudero, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Luis Santamaría, Silvia Pérez Espona, Ana Campos y Astrid Wagner.
No es tiempo ya de elefantes blancos: ¿qué reformas necesita el CSIC para dejar de serlo?
No hace mucho se comparaba en este blog al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con un elefante blanco, debido a que su historia ha ido generando una superestructura de gestión rígida, ineficiente y poco transparente. A pesar de ello, el CSIC ha actuado como una de las primeras instituciones de investigación e innovación en el mundo y la primera de España. Hasta 2009, lideraba el acercamiento del sistema español de ciencia y tecnología al de los países líderes de la Unión Europea, como Alemania, Francia o Reino Unido. Antes de la crisis era evidente que la brecha con los países de referencia disminuía tanto en cantidad como en calidad de resultados (publicaciones científicas y, sí, también patentes). Sin embargo, las políticas de control drástico del gasto dirigidas a superar la crisis económica han revertido esa tendencia.
A pesar de pertenecer al Ministerio de Economía y Competitividad, el CSIC adolece de una carencia de fondos internos suficientes, lo que ha puesto de manifiesto súbitamente sus debilidades estructurales para funcionar eficazmente en un mundo cambiante, globalizado y muy competitivo. Además, su obsoleto modelo de gestión ha hecho aguas al afrontar los vaivenes económicos característicos de un país en el que la ciencia (como muchos otros temas) no es política de estado.
No sólo es difícil incorporar nuevos talentos a un sistema que ajusta su oferta de empleo a lo que sobra de otras partidas presupuestarias, sino que empieza a ser imposible incentivar, e incluso retener, a los investigadores ya incorporados – incluyendo algunos de los más brillantes y productivos.
La situación en política de personal es de “tormenta perfecta”: se jubilan investigadores sin reponerse sus plazas y, en el otro extremo, se ralentiza el acceso de jóvenes investigadores. El drenaje de talento es incontenible. El resultado final es que el CSIC se aproxima a una encrucijada histórica: o bien se desploma hasta una irrelevancia científica en el entorno internacional similar a la del periodo preconstitucional, o bien capitaliza adecuadamente los recursos materiales y humanos conseguidos en las últimas décadas para cumplir su función de liderazgo internacional como séptima institución del mundo en producción de ciencia y tecnología. No hay estados intermedios.
Volver a acercarse a los niveles de inversión y dotación de personal científico de los países de referencia es muy importante para hacer creíble este empeño, como han reconocido numerosas instituciones españolas a través de su apoyo a la Carta por la Ciencia. Sin embargo, esta demanda de recursos es una condición necesaria pero no suficiente, que no dará los frutos esperados si no va acompañada de una reforma profunda de la gobernanza de las agencias que diseñan y ejecutan la política de I+D en España.
La reforma es imprescindible para que los costes de la investigación no sean gasto sino verdadera inversión, tanto en términos de eficiencia por euro invertido como en términos de captación de recursos externos, liderazgo de iniciativas a gran escala y transferencia a la sociedad.
No deja de ser sorprendente que algo tan evidente tenga que ser repetido en cada crisis, para ser ignorado en cada período posterior de bonanza. Preocupados por esta reiteración estéril de un tema clave para el futuro del CSIC y de la ciencia española, un grupo de investigadores de la institución hemos elaborado una lista mínima, necesaria y suficiente de reformas estructurales (un decálogo, según la definición de la Real Academia).
Estas reformas son, a nuestro modo de ver, esenciales para que el CSIC siga liderando la investigación y su desarrollo tecnológico en lugar de limitarse a gestionar, con mayor o menor acierto, los recursos más o menos recortados que en cada momento tenga a bien concederle el gobierno de turno.
La propuesta incluye 13 puntos, estructurados en torno a cuatro ejes transversales: modernización, transparencia, gestión eficiente y autonomía de gobierno. La modernización se refiere a la transformación del CSIC desde su papel actual de mero gestor pasivo de fondos destinados a la investigación, a otro en el que lidere la expansión de las fronteras del conocimiento y la atención de las necesidades científico-técnicas de la sociedad española.
La gestión transparente y eficiente de los recursos (humanos y financieros) es imprescindible para poder modernizar a la institución de manera efectiva. Para ello, la gobernanza del CSIC debe ser verdaderamente autónoma, y dejar de basarse en cargos de designación y dependencia política directa del gobierno central (o, como se ha llegado a proponer, de los gobiernos autonómicos). Como muestra de su falta de autonomía, el CSIC ha estado adscrito en los últimos 15 años a tres ministerios diferentes: Economía y Competitividad, Ciencia e Innovación, y Educación y Ciencia.
En sucesivos artículos abordaremos estos cuatro ejes en más detalle, e incluiremos propuestas concretas sobre cómo implementar las acciones contenidas en cada uno de ellos. El decálogo fue presentado a las autoridades del CSIC a finales de septiembre, y difundido después al resto de investigadores de la institución y a las sociedades científicas a lo largo de octubre para su conocimiento y eventual apoyo. Hasta este momento, ha sido apoyada formalmente por 120 investigadores de 43 Institutos del CSIC y por 10 Sociedades científicas.
Llevar a cabo los puntos que proponemos lleva implícitas reformas de varias leyes que constriñen la modernización del sistema español de ciencia y tecnología. Por esta razón, expusimos sus contenidos a los partidos políticos con representación parlamentaria, además de a Equo, Ciudadanos y los círculos de I+D y Ciencia de Podemos, en reuniones mantenidas con sus representantes a lo largo del mes de noviembre. Afortunadamente, todos los partidos - con la excepción de CiU, PNV y Coalición Canaria, que no contestaron a la convocatoria de reuniones - mostraron su interés y su apoyo al contenido general de la propuesta, con ligeras discrepancias sobre aspectos puntuales. Hubo consenso general en que deben ser los partidos políticos, apoyados y estimulados por las propuestas de los ciudadanos, los que debatan a fondo y hagan realidad las propuestas de reforma. Estos debates podrían producirse directamente en el Parlamento, en respuesta a proposiciones concretas de partidos o grupos de partidos, o en jornadas previas de debate en sede parlamentaria. Aquí trataremos de exponer algunas con objeto de ir preparando el debate.
La ciencia debe pasar a abordarse mediante políticas de estado basadas en consensos amplios que permitan desarrollar una planificación estable y a largo plazo. Esta política científica de estado ha sido inexistente hasta el momento en nuestro país, al igual que ha ocurrido en otros ámbitos en que es también esencial, como la educación, sanidad o medio ambiente. La planificación, basada en reglas de juego estables ajenas a las dinámicas partidistas, es imprescindible para la recuperación de la excelencia que nuestra ciencia y tecnología llegó a alcanzar no hace tanto tiempo.
Lamentablemente, la palabra excelencia echa para atrás a muchos, pues hace pensar en políticas que promueven privatizaciones y austeridades, aplicadas además sólo en el gasto social. Sin embargo, la excelencia de la ciencia española de los años anteriores a la crisis se caracterizaba precisamente por el hecho de hacer más y mejor por menos. Paradójicamente, es ahora que se está pretendiendo apoyar la excelencia a todos los niveles desde nuestro gobierno, cuando la excelencia científica española, real y legítima, está en serio peligro de extinción.
Destacan en este sentido paradójico las recientes declaraciones de nuestro presidente del Gobierno en Veracruz, cuando dice cosas como “En España se hace muy buena investigación” o “La ciencia siempre vale la pena” mientras la realidad es que hoy en nuestro país la ciencia no es una prioridad y está mal financiada. El papel de esta excelencia en ciencia y tecnología para evitar, o al menos prevenir, nuevas crisis debería estar claro para la sociedad a la que servimos. No dejaremos de insistir, explicar y defender este papel social de la ciencia tantas veces como tengamos ocasión: sin ciencia no hay futuro.
Nota: este artículo se basa en el trabajo realizado por un grupo 37 investigadores del CSIC cuyos nombres se han reflejado en comunicados y notas de prensa anteriores.
No hace mucho se comparaba en este blog al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con un elefante blanco, debido a que su historia ha ido generando una superestructura de gestión rígida, ineficiente y poco transparente. A pesar de ello, el CSIC ha actuado como una de las primeras instituciones de investigación e innovación en el mundo y la primera de España. Hasta 2009, lideraba el acercamiento del sistema español de ciencia y tecnología al de los países líderes de la Unión Europea, como Alemania, Francia o Reino Unido. Antes de la crisis era evidente que la brecha con los países de referencia disminuía tanto en cantidad como en calidad de resultados (publicaciones científicas y, sí, también patentes). Sin embargo, las políticas de control drástico del gasto dirigidas a superar la crisis económica han revertido esa tendencia.