Castilla-La Mancha cambiará su Ley de Evaluación Ambiental para dotarse de más protección

Las nuevas directrices europeas en materia de medio ambiente son uno de los motivos por los que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el procedimiento para reformar su Ley de Evaluación Ambiental. El resto de las causas están precisamente derivadas de estas directivas, que afectan tanto a la regulación de infraestructuras de pozos y regadíos, como a la gestión del agua y a la protección de la avifauna. Por este motivo, la Junta ya ha abierto el periodo de consulta pública previa para el nuevo anteproyecto, del que todavía no hay un borrador. Como primer trámite, según fuentes consultadas por eldiarioclm.es, el Consejo Asesor de Medio Ambiente abordará las primeras líneas de este texto en su reunión de finales de octubre. 

Esta reforma vendrá también condicionada por la que al mismo tiempo se está elaborando a nivel estatal: la modificación de la Ley española de Evaluación Ambiental de 2013, que a su vez traspone las directivas europeas sobre medio ambiente que se aprobaron un año después. Actualmente, en Castilla-La Mancha está vigente la ley regional del año 2007, así como el Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental de 1999.

Son, por tanto, diez años desde la última modificación de la norma castellano-manchega, una década en la que la normativa comunitaria y estatal se ha modificado notablemente, y motivo por el que la Junta quiere abordar el nuevo anteproyecto. En general, el Gobierno regional quiere evitar las situaciones de conflicto o dudas que surgen por existir diferencias y contradicciones entre la normativa regional y la estatal, así como agilizar las tramitaciones.

Actualización de proyectos

Con ello también se actualizará el listado de los proyectos y actividades que han de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental y se desarrollará una norma básica para poder incorporar las particularidades medioambientales de Castilla-La Mancha. De igual forma, la nueva Ley de Evaluación Ambiental conllevará la regulación de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, “garantizando en todo el territorio de Castilla-La Mancha un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible”.

La modificación de esta norma castellano-manchega es una petición antigua de casi todas las organizaciones conservacionistas tanto regionales como estatales. La gran cantidad de espacios protegidos y los problemas de la región en torno a la gestión pública del agua han hecho cada vez más complicado compatibilizar el desarrollo con la protección ambiental.

Uno de los últimos ejemplos más claros es la futura instalación del basurero nuclear en el municipio conquense de Villar de Cañas. Aquí se han visto contrapuestos los  intereses de la región, que rechaza el proyecto, por un lado, y los del Gobierno central, que sigue defendiendo la ubicación, por otro. En este caso, la ampliación de la zona protegida de la Laguna del Hito no ha servido para detener el proyecto, al haber sido anulada su ejecutividad por los tribunales.

No tendrá carácter retroactivo

Una ampliación de las figuras protegidas en la Ley regional de Evaluación Ambiental podría haber sido una solución, aunque fuentes del Gobierno explican que esta reforma no tendrá carácter retroactivo como sí sucedió, no obstante, cuando la Junta prohibió ‘de facto’ las prácticas de fracking en la región.

Pero también hay otras cuestiones históricas con la que nueva ley buscará mayor protección. Por ejemplo, el agua en varias de sus vertientes: la gestión de los planes de cuenca (en el caso del Tajo son varias las denuncias de incumplimiento de la Directiva Europea) y los pozos (con polémicas abiertas en Albacete y el Alto Guadiana).

Finalmente, es intención del Gobierno castellano-manchego dar también mayor protección a la avifauna de la región y a los espacios incluidos en la Red Natura 2000. La gran cantidad de espacios naturales y de especies protegidas como el lince ibérico o el águila  imperial han hecho que esta reforma legal sea más necesaria, ya no solo para evitar futuros problemas sino para garantizar el patrimonio natural de la comunidad autónoma.