La nueva Ley de Evaluación Ambiental ofrecerá “consultoría gratuita” de la Junta a los ayuntamientos

Quedan apenas dos meses para la disolución de las Cortes castellano-manchegas antes de las elecciones autonómicas de mayo y el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha decidido pisar el acelerador en normativas medioambientales que forman parte de sus compromisos de legislatura. De esta forma, el Consejo de Gobierno ha dado ya luz verde al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental para su adecuación a la normativa estatal aprobada en 2013 y con el que se deroga toda la legislación autonómica anterior. Se trata de una compleja regulación que ya ha ido adelantando eldiarioclm.es, y cuyo doble objetivo es mantener las garantías ambientales y también generar actividad económica.

Según ha destacado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, entre las cuestiones más importantes se encuentra el hecho de que se elimine la obligación de evaluación ambiental para pequeños proyectos de inversión. Esta circunstancia tendrá mucha incidencia en pequeñas explotaciones y en iniciativas de autoconsumo, a lAs que a partir de ahora “se quitará carga administrativa”.

Mediante la nueva normativa también se establecerá mayor interacción con los órganos sustantivos, fundamentalmente con ayuntamientos. Concretamente, el Gobierno castellano-manchego ofrecerá su colaboración a las corporaciones locales para resolver las dificultades administrativas que generan los proyectos sometidos a evaluación ambiental y que “colapsan su funcionamiento e impiden que los emprendedores realicen sus proyectos”.

Para solicitar este tipo de ayuda, bastará con que el ayuntamiento en cuestión se ponga en contacto con el Gobierno regional. “Podemos decir que se trata de un ofrecimiento de consultoría gratuita, que estamos a disposición de las administraciones locales y que les ayudaremos para que estos proyectos se resuelvan antes”, ha remarcado el consejero.

Archivo de los proyectos

Otra novedad que pretende agilizar los trámites impacto ambiental es que cuando se apruebe la normativa, los proyectos con impacto ambiental negativo se archivarán inmediatamente, para no hacer “perder el tiempo” tanto a los inversores privados como a la administración pública. Esto no significa que la empresa no pueda volver a iniciarlo, pero sí que lo puede hacer en menos plazo para que muchas de estas iniciativas “no se dilaten en el tiempo”.

En el texto legislativo aparecen todos los proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental en función del tamaño y en dos anexos. En el primero figuran todos aquellos en los que se exige un procedimiento ordinario, los más grandes; y en el segundo, aquellos que requieren de impacto ambiental simplificado, los más pequeños. “Se ha priorizado el tamaño porque es el que más puede perjudicar o no al medio ambiente”, ha detallado Martínez Arroyo. De hecho, ha precisado que en muchos proyectos en los que el procedimiento de evaluación era obligatorio, ahora dejará de serlo “porque son muy pequeños” y “suponía una traba para el emprendimiento”. Ha puesto como ejemplo pequeños vallados de una hectárea o industrias agroalimentarias artesanales.

El objetivo de la Junta es que esta ley se apruebe antes de que finalice la legislatura con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. El consejero ha expresado este deseo en la medida en que su texto ha sido fruto de “mucho diálogo” tanto con las organizaciones ecologistas como con las empresariales.

El anteproyecto ha sufrido varias modificaciones desde el inicio de su redacción. Además de la eliminación de los “bancos de conservación de la naturaleza” que ya adelantó eldiarioclm.es, se han introducido más cambios de gran calado que ahondan en las labores de vigilancia ambiental.

En medio de la creciente polémica por la instalación de macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha, la mayoría de los cambios tienen relación directa con esta cuestión. Actualmente, todo el plan de control y vigilancia del proyecto del estudio de impacto ambiental se deja en manos del promotor una vez que está en marcha. En teoría, esto seguirá siendo así, pero se ha incorporado la obligatoriedad de que la empresa ponga en marcha un calendario de actuaciones que tienen que conocer tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Medio Ambiente, y cuyos plazos y medidas tiene que cumplir. Por ejemplo, en el caso de una macrogranja porcina, todo el proceso de residuos y purines ya no estaría solo en manos del promotor, sino que lo supervisaría también la Junta de Castilla-La Mancha. 

Concretamente, en los primeros borradores de la nueva Ley de Evaluación Ambiental se establecía, en el apartado del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental que se atendería a la vigilancia durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto. A esta frase ahora se ha añadido que el Programa deberá contener “un cronograma estimado” para las actuaciones de vigilancia y seguimiento que contemple con el fin de supervisar su cumplimiento.

Y relacionado con todo ello se incluye también una de las novedades más importantes. Se adecua la ley castellano-manchega a la estatal en cuanto a las opciones de ubicación de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Según la normativa autonómica vigente, un promotor puede presentar una única iniciativa para conseguir la DIA positiva, y en caso de no obtenerla, incorpora la “alternativa cero”: no se hace. Ahora deberá incorporar una segunda opción, es decir, al menos dos alternativas de ubicación aparte de  la “cero”.