Los docentes interinos acusan a la Junta de un “ERE encubierto” tras las oposiciones

La Asociación de Docentes Interinos de Castilla-La Mancha (ADI-CLM) ha calificado de “ERE encubierto” las oposiciones en enseñanzas medidas en la región y otorgan un “suspenso” a la Junta de Comunidades castellano-manchega. “Una vez acabadas las pruebas de la fase oposición y tras la publicación de las notas, se confirma que estas oposiciones son claramente un ERE encubierto”, sostienen.

Explican que ya en la primera prueba, en algunas especialidades como Matemáticas o Física y Química aprobaron menos opositores que plazas se ofertan por lo que, casi un centenar de plazas han quedado desiertas. Además las notas de aquellos que aprueban las oposiciones, han sido en general, muy bajas, explican.

Con estos resultados y el actual pacto de interinos firmado por todos los sindicatos, “nos vamos a encontrar con grandes cambios en las listas de interinos”, especialmente en aquellas especialidades dónde aún no se había producido rebaremaciones lo que supondrá, en su opinión, “que muchos interinos pierdan su medio de sustento, después de años o décadas de servicio a la administración”.

Recuerdan que  ADI-CLM, siempre ha defendido que “debe haber un doble acceso, que permita la consolidación de los trabajadores que llevan muchos años de servicio para la Administración” y que debe hacerse mediante un concurso de méritos tal como establece el artículo 61.6 del Texto Refundido del Estatuto Básico de los Empleados Públicos (TREBEP).

Para este colectivo “es también evidente, que se debe cambiar todo el proceso de acceso a la función pública docente. Estamos cansados de enfrentarnos a unas pruebas que no buscan a seleccionar a los mejores docentes, si no eliminar al mayor número de ellos, tal como se ha demostrado en Castilla-La Mancha y otras comunidades”.

Se trata, sostienen, de un proceso “que no cumple siquiera con los requisitos que como docentes se nos exige cuando evaluamos a nuestros alumnos” y citan, entre estos requisitos básicos para garantizar una evaluación “de calidad y objetiva” los criterios de evaluación detallados y públicos antes de que se produzcan las pruebas, la publicación de los ejercicios de la parte práctica de todas las especialidades, junto con sus soluciones, la publicación de criterios de calificación o de las penalizaciones utilizadas en la corrección de las pruebas o el derecho a ver los exámenes y obtener copia de los mismos, cuando así lo solicite el aspirante.

También sostienen que en caso de reclamación de la nota de una prueba escrita haya corrección por parte de otro tribunal diferente, para garantizar la imparcialidad o que haya respuesta a las reclamaciones antes de que comiencen las defensas de las programaciones. En este punto recuerdan que antes de la celebración de las pruebas, ADI-CLM impugnó la actual convocatoria de oposiciones a enseñanzas medias por considerarla “un ERE encubierto que no garantizaba la estabilidad de miles de interinos en nuestra región”.

La “dejadez de funciones” de los sindicatos“

Lamentan haber “soportado los duros recortes y sostenido la crisis sin oportunidad alguna siquiera de opositar; años de precariedad cubriendo bajas a lo largo y ancho de la comunidad autónoma, con jornadas de todo tipo (completas, medias, tercios.), realizando el mismo trabajo que nuestros compañeros con plaza, pero sin los mismos derechos” Fueron, dicen, “años muy duros siendo trabajadores de segunda o tercera pero siempre arrimando el hombro por la Escuela Pública”.

También recuerdan que ante la “esperada oferta de empleo público ya denunciamos que el acuerdo firmado por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, suponía estabilizar las plazas, pero no a los trabajadores” y ahora, lamentan, “están confirmando nuestros pronósticos”.

En este sentido señalan que una profesión y vocación, como la docente, “no puede depender de arbitrariedades como el carácter de las pruebas, los cortos plazos del proceso (fijados por la administración), tribunales mal pagados (por la administración), opacidad de criterios de evaluación y calificación, entre otros. La profesión docente merece mejores condiciones de acceso y de ejercicio”.

Acusan a los sindicatos de “dejadez de funciones” y critican que “después de las desastrosas oposiciones ahora los mismos sindicatos que firmaron la condena de los interinos, el mayor ere de la historia, piden un cambio en la oposición con pruebas no eliminatorias, cuando lo que deberían pedir ante tanta injusticia es solventar y compensar a todos los damnificados”.

Aseguran incluso que esa “dejadez de funciones” ha permitido el “incumplimiento reiterado” de la normativa europea en cuanto a contratación pública por parte de la Administración, “con su colaboración y/o silencio. Lo que en la empresa privada no han permitido lo han hecho a manos llenas en la pública”.

Reclaman una rectificación, tanto de la Administración como de los sindicatos “y por otro lado que tengan la dignidad y decencia de no culpabilizar a los propios trabajadores de su precaria situación, los únicos responsables son los distintos gobiernos, regional y estatal, y los grandes sindicatos a través de unos pactos y acuerdos entre ellos, en los que para nada se ha hecho partícipe ni se han tenido en cuenta a los afectados”.

También denuncian la situación de cientos de interinos docentes que llevan más de tres años encadenando contratos, y como señala la legislación europea, “se encuentran en fraude de ley” sin que se haya propuesto “una solución digna” a esta situación. Finalmente, animan a todos los docentes que se encuentren en esta situación de fraude de ley que acudan a la justicia.