El ultra David U. C., responsable de redes sociales del partido neofascista España 2000 acusado de un presunto delito de odio, se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de València. La Fiscalía pide una pena de dos años y ocho meses de prisión por la publicación en la página web del grupúsculo de un texto que usaba la viruela del mono contra el colectivo LGTBI.
Sin embargo, el hombre ha alegado que únicamente es el administrador de la página web, en la que cuelgan artículos semanales de un colaborador anónimo, un tal Otto, que sería el autor del texto. David U. C. se ha escudado en que no le pareció que “hubiera nada delictivo” en el contenido del artículo. También ha indicado que “podía haber preguntado al presidente, que es abogado”, en referencia al empresario José Luis Roberto, pero no lo consideró oportuno al entender que el artículo no incurría en un delito de odio y se enmarcaba en el ámbito de la libertad de expresión.
En el juicio ha comparecido como testigo un agente de la Policía Nacional que ha confirmado que la dirección IP se corresponde con un número de teléfono perteneciente al acusado.
Por su parte, la fiscal Susana Gisbert ha afirmado que el artículo contiene “frases claramente humillantes” contra el colectivo LGTBI y que “está clarísima” la incitación directa al odio. El Ministerio Público sostiene que las expresiones utilizadas pretendían expandir un “ambiente de hostilidad, rechazo y animadversión” hacia el colectivo LGTBI.
En su exposición de las conclusiones, el letrado Manuel Salazar, ha lamentado que palabras como “bujarrón” o “sodomita” ya no formen parte del “lenguaje común”. El letrado, vinculado a la ultraderecha, ha afirmado que “hay hoy en día” cambios “de calado” en el lenguaje y ha reconocido que el texto contiene expresiones de “mal gusto”, “crítica con ciertos tonos sardónicos” y con “exceso verbal”, a pesar de que no lo considera delictivo.
El abogado de la defensa ha contextualizado las afirmaciones del artículo en el marco de la libertad de expresión y ha asegurado que “cuando se habla del colectivo LGTBI no son todos los homosexuales”. También ha destacado que los colectivos LGTBI están “subvencionados con dinero público”. El letrado ha enmarcado la causa en el conflicto entre libertad de expresión y delitos de odio y ha criticado la “aplicación rigorista” de la acusación en esta materia por parte de la Fiscalía.
Manuel Salazar ha aludido al derecho fundamental a la libertad de expresión —“que viene desde la revolución francesa”— y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por su parte, el acusado ha asegurado en su turno de última palabra que no tiene “nada contra el colectivo homosexual”.
Atestado de la Brigada de Información
A la salida del juicio, David U. C. ha asegurado que “los patriotas” están perseguidos en materia de delitos de odio y que confía en la justicia. El acusado ha reconocido que el artículo contenía expresiones “vulgares” con las que no está de acuerdo pero ha rechazado que se trate de un delito de odio.
Por su parte, el letrado de la defensa ha asegurado que se trata de un “ataque grave a la libertad de expresión” pilotado por “la fiscalía del odio”. “Se está criminalizando la expresión de ideas contrarias, a veces de forma poco elegante, a lo que ellos dicen que son los colectivos homosexuales”, ha afirmado.
“En este caso concreto era una crítica a la postura del Gobierno o del Ministerio de Sanidad con respecto a la propagación de la viruela del mono que, por ser en el colectivo homosexual, no se aplicó ningún tipo de medida restrictiva al contacto o a la concentración entre ellos cuando en cambio en el caso del COVID todo estuvimos encerrados durante mucho tiempo para que no se propagara una enfermedad”, ha agregado el letrado Manuel Salazar.
El abogado ha recordado que la causa nace de un atestado de la Brigada de Información de la Policía Nacional, “que por lo visto en los tiempos que corren, por la cantidad de delincuencia que hay, no tiene mejores cosas que hacer que monitorizar las redes sociales para ver si, como en este caso, alguien ha dicho algo en contra de uno de los colectivos protegidos”.