La comisión de investigación de las Corts Valencianes duró apenas dos meses y medio. No fue la más breve porque la infame investigación parlamentaria del accidente del metro de Valencia en 2006 solo duró un mes, pero esta cerró sus conclusiones en mayo de 2012 tras haber escuchado solo a seis comparecientes y cuando un séptimo se había negado a acudir a ella: era José Juan Morenilla, hoy condenado a 9 años de cárcel por los hechos que se investigaban.
La llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat generó una tímida apertura del cierre absoluto a investigar la corrupción que contaminaba toda la estructura de poder del PP valenciano. Eso permitió crear dos comisiones de investigación en las Corts Valencianes, la de la crisis de la CAM y la de Emarsa, la empresa pública que gestiona la depuradora de aguas de Valencia. Fue un movimiento breve: ya no hubo más comisiones. Y la de Emarsa se cerró a toda prisa.
Las conclusiones de aquella comisión, que presidió el actual vicepresidente de las Corts Valencianes, Alejandro Font de Mora, señalaban con nombres y apellidos a Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, presidente, gerente y director financiero de Emarsa, los tres condenados a penas de prisión por la sentencia sobre el caso que se ha hecho pública este viernes. Era imposible tratar de defenderlos con lo que ya se sabía del caso. Sin embargo, los parlamentarios del PP decidieron que sí que era posible salvar a dos imputados recientes en aquellos días, el gerente y el jefe de explotación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), un organismo de la Generalitat Valenciana. Y exculpar al Ayuntamiento de Valencia, que dirigía Rita Barberá y al mismo Gobierno valenciano de cualquier responsabilidad.
“En esta comisión se descartan responsabilidades políticas fuera del
contexto de la gestión directa de la propia empresa“, decía explícitamente el dictamen aprobado con los votos del PP en medio de las protestas de la oposición.
La investigación del juez Vicente Ríos apuntaba en un sentido bien distinto. Y de su instrucción y posterior juicio se ha derivado una sentencia que señala, en los hechos probados, que los responsables de Emarsa, Crespo y Cuesta, y los de la Epsar, Morenilla y Bernácer, orquestaron “un mecanismo para apoderarse de los fondos públicos que Emarsa recibía, en su mayor parte de la Epsar, destinándolos a sus propias atenciones”.
En otras palabras, aparte de la corrupción generalizada que marcaba el funcionamiento de la depuradora de Pinedo, controlada por el equipo de Rita Barberá desde hacía mucho tiempo y llena de enchufados del PP, la parte fundamental del fraude, evaluado en más de 23 millones de euros, procedía del saqueo, mediante la falsificación del movimiento real de los lodos que generaban las instalaciones, de los fondos públicos que la Generalitat Valenciana aportaba para su gestión a través de la Epsar.
“Una defraudación de esta magnitud no habría sido posible sin la intervención directa y principal, en colaboración con los anteriores [Crespo, Cuesta y Arnal], de los máximos representantes de la Epsar, los acusados José Juan Morenilla Martínez e Ignacio Bernácer Bonora, gerente en funciones y jefe del departamento de explotaciones de la citada entidad, respectivamente”, señala la sentencia de la Audiencia de Valencia.
El PP, sin embargo, exculpó a las instituciones que gobernaba y evitó citar a Morenilla y Bernácer en las conclusiones de aquella comisión, pero no se contuvo en recriminar al socialista Ramón Marí, que era precisamente el denunciante del caso, y a Antoni Pérez, de Esquerra Unida, como miembros del consejo de Emarsa, “haber sido conocedores de algún tipo de irregularidades, sin que actuaran en tiempo y forma de acuerdo con dicha presunta sospecha”.
Todavía fueron más lejos y acusaron, también con nombre y apellidos, a Blas Pérez Blesa, abogado y secretario del consejo, de no ejercitar “correctamente” sus funciones en el control de legalidad. Jamás se tragó el juez el argumento de Enrique Crespo, principal cabecilla del saqueo, de que la culpa era del letrado que, nada más llegar Cuesta como gerente a Emarsa, advirtió por escrito de las irregularidades que se estaban produciendo en las adjudicaciones de los contratos de la empresa pública.
A la luz de la sentencia del caso Emarsa, aquel dictamen parlamentario da auténtica vergüenza. En el caso del accidente del metro, lo primero que hizo la izquierda en 2015 al obtener mayoría en el Parlamento valenciano fue crear de nuevo una comisión de investigación cuyas conclusiones tuvieron en cuenta, esta vez sí, muchas de las reclamaciones de las víctimas del siniestro, aunque la causa sigue abierta en los tribunales. Con el caso Emarsa, es una sentencia la que ha venido a enmendar la plana a un dictamen que quedó publicado y puede consultarse en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, para oprobio de una época y de sus redactores.