El alcalde del PP de Benidorm pretende aprobar un contrato de basura de 360 millones con seis reparos del interventor

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, del PP, tiene previsto llevar al pleno de este lunes la aprobación de los pliegos del contrato de basura, por un importe de 360 millones de euros, con hasta seis reparos de la Intervención municipal. “Un auténtico escándalo”, según el concejal socialista Antonio Charco. El pliego plantea una duración del contrato de 15 años, además de otro año de transición. Sin embargo, el informe del interventor municipal de fiscalización previa, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera “evidente la conveniencia” de que el plazo de duración del contrato “sea mucho más limitado”.

El contrato de servicio de residuos sólidos urbanos y de limpieza de espacios públicos (caducado desde hace un lustro) va parejo a la subida, recientemente aprobada por el consistorio del 72% del impuesto de la basura y del 23% del IBI. Aunque, según el edil socialista, este “contrato del siglo para Benidorm” supondría “un nuevo sablazo a los contribuyentes de más de 10 millones de euros” pilotado por el alcalde Toni Pérez, también presidente de la Diputación de Alicante.

En total, según los cálculos de Charco, la subida de los impuestos aprobada y los costes del nuevo contrato dispara el “desembolso extra para vecinos y tejido empresarial” benidormense hasta los 16 millones de euros en 2024. “Al final, tendremos que pagar entre todos estos 26 millones de euros de más, unos 1.000 euros por hogar, por un nuevo contrato sobre el que el departamento económico municipal sigue teniendo muchas dudas”, critica el concejal del PSPV-PSOE. En definitiva, se trata de un “sablazo extra” por parte del primer edil del PP.  

El informe de la Intervención municipal, aunque no suspende la aprobación de los pliegos, cuestiona de plano aspectos clave como la composición de la mesa de contratación o la extensa duración del contrato.

Sobre los criterios de adjudicación diseñados en los pliegos, el interventor concluye que están “diseñados para minimizar las diferencias de puntuación entre las ofertas muy competitivas y las muy poco competitivas, de forma que disuaden a las empresas licitadoras de a presentar bajas en el precio y en los distintos costes, ya que sus esfuerzos no serán recompensados con una mayor puntuación”. Los aspectos concretos de los criterios de valoración “suponen individualmente limitaciones parciales a la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”, agrega.

La Intervención municipal también discrepa de la presenta en la mesa de contratación del técnico que ha redactado uno de los pliegos. Además, la introducción en el pliego de prescripciones técnicas de factores indicativos de los servicios “permiten modificar el precio del contrario”, advierte el informe. Con eses concepto el contrato `puede disparar su importe aún más.

Los pliegos no garantizan “la mejor de las prestaciones”

“La introducción de dicha figura implica que en función de la valoración que haga el responsable del servicio del cumplimiento del servicio, los objetivos, el rendimiento y la calidad con la que se está ejecutando el servicio, la facturación se puede incrementar (...) por encima del precio del contrato”, alerta en interventor, quien considera que esta fórmula no garantiza “la mejor de las prestaciones”. “Una perfecta ejecución del servicio solo se conseguiría pagando un plus en función de los factores indicativos de los servicios”, detalla.

La memoria económica también alude a la adquisición de un terreno por parte del Ayuntamiento de Benidorm, necesario para la construcción de una base logística, un aspecto que, según el interventor, debería haberse resuelto previamente a la licitación. “Las empresas deberían contar con la seguridad de que dispondrán de un inmueble donde ubicar su base logística, porque de lo contrario, se pueden encontrar con muchas dificultades para disponer del mismo o con gastos no previstos que pueden ser elevados”, indica el informe. Además, transcurridos casi dos años desde la propuesta inicial, ni se ha obtenido el solar ni al interventor le consta que el consistorio haya hecho “trámite alguno”.

Así, el expediente de licitación incluye aspectos que “no son conformes a la normativa aplicable”. “Esta Intervención reitera que, más allá de los reparos sobre los aspectos puntuales puestos de manifiesto, la suma de todos ellos en su conjunto hace que la licitación esté sometida a un grado de discrecionalidad incompatible con los principios de salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”, concluye el informe.