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Compromís denuncia a un médico por derivar a 86 pacientes a una clínica privada que les practicó 1.246 operaciones por 7,2 millones de euros

Los diputados autonómicos de Compromís Marian Campello (en el centro) y Fran Ferri en rueda de prensa

Europa Press

Alicante —

Compromís llevará a Fiscalía las derivaciones que ha realizado el exjefe de Neurorradiología Intervencionista del Hospital General de Alicante, entre 2006 y hasta 2013, para operar a pacientes de malformación arterio-venosa cerebral en un centro privado, Medimar, dentro del plan de choque sanitario para reducir listas de espera. El coste de las intervenciones lo facturó la empresa de la hija del facultativo por 7,2 millones de euros.

El síndic en las Corts, Fran Ferri, y la diputada autonómica por Alicante, Marian Campello, han expuesto en rueda de prensa la situación de hasta 86 enfermos a los que se practicó 1.246 intervenciones en total, en ocasiones injustificadamente. Así, han detallado que el coste de las operación se abonaba a la empresa Dagda Platinum, de la que era apoderada la hija del jefe de servicio.

“Encontró la manera de derivarse pacientes de la pública a la privada y de operarlos injustificadamente las veces que hiciera falta y que su hija cobrara por esas operaciones”, ha expuesto Campello.

Además, han precisado que el médico carecía de la pertinente convalidación para trabajar en la sanidad pública y privada, pero que logró evadir los mecanismos de control. En 2012, se le abrió un expediente disciplinario, por el que está inhabilitado para trabajar en la sanidad pública y en estos momentos trabaja en el extranjero. “No es por una cuestión de mala praxis”, ha subrayado Marian Campello, que ha especificado que se le denunció en al menos dos ocasiones por mala praxis pero fueron sobreseídos.

'Embolización'

En ese sentido, junto a una de las pacientes que alertó de la situación, Katia, presente en la rueda de prensa, los responsables políticos han explicado que la malformación arterio-venosa cerebral consiste en una atomización de vasos sanguíneos en el cerebro y que para reducir esa acumulación y poder acudir a una cirugía, se aplica un método de “embolización” por el que, mediante un pegamento sanitario -'Histoacryl'-, se reduce esa malformación.

Con ese método se actuó sobre 86 pacientes, algunos derivados desde hospitales como Elda, Elche, Sant Joan d'Alacant o Orihuela. Algunos de esos pacientes se sometieron supuestamente a 66 'embolizaciones'. Sin embargo, y según informes de los colegios de médicos, no es aconsejable realizar más de seis y que la media sobre un único paciente es de tan solo tres 'embolizaciones'.

Al respecto, han relatado la vivencia de Katia quien tras varias sesiones sufrió una hemorragia en 2009 y fue atendida por un médico de urgencias del General de Alicante. Ante un historial vacío de imágenes sobre la evolución de su caso, se pusieron en contacto con Medimar, pero el centro privado alegó que carecía de las imágenes de su malformación porque había borrado, por falta de espacio, en el disco duro donde se almacenaban.

“Es muy llamativo”, ha señalado Marian Campello que ha detallado que la malformación de Katia no media un centímetro, como le había indicado su médico, sino 5,4. “Esto deja muchas dudas sobre el tipo de tratamiento que estaba haciendo este señor y si lo estaba haciendo, porque no hay constancia de las imágenes”, ha continuado.

Proposición no de ley

Por su parte, Fran Ferri ha indicado que el plan de choque sanitario y las derivaciones a la sanidad privada arrancan en 1996 y “un nuevo modelo que intentaba paliar las listas de espera”. “Lo que pasa es que se hacen las derivaciones pero hay una falta de mecanismos y que fijen cómo se deben hacer. Como no hay ningún tipo de control pasan casos como los que tenemos aquí”, ha sostenido.

Por ello, Compromís presentará una Proposición No de Ley en la que se insta a crear un nuevo protocolo que establezca una comisión de seguimiento sobre los casos derivados a la sanidad privada; que se garantice el seguimiento por equipos multidisciplinares de cada caso; establecer medidas para adjuntar la historia clínica de cada paciente; aumentar el presupuesto público para luchar contra las listas de espera; y crear un grupo de trabajo que detalle los errores generados en el plan de choque.

Desde la coalición han lamentado que esa situación solo se ha podido generar cuando “hay un sistema preparado para saquear a las arcas públicas” y que se pueda “traficar” con los servicios básicos de las personas como la Sanidad.

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