“Hemos dejado nuestra salud en manos de un doctor que solo quería lucrarse”
Katia Michel cumple esta semana 50 años y lleva prácticamente la mitad de su vida arrastrando una malformación arterio-venosa cerebral. En el Hospital General de Alicante le hicieron seis embolizaciones para tratar de reducir el gigantesco tumor que arrastraba de seis centímetros. El doctor, Juan Carlos Vázquez Suárez, ya en 2006 la deriva a la clínica privada Medimar donde Katia vuelve a pasar por el quirófano 19 veces más. En total, 25 intervenciones para una práctica cuya media de operaciones se sitúa en tres. El detonante ocurre en 2009 cuando sufre una hemorragia que le lleva a Urgencias donde se descubre que su tumor no se había visto reducido hasta el centímetro de tamaño, como le había asegurado el doctor Vázquez, sino que apenas había menguado.
Esta mujer, que habla directamente de “fraude” y “tomadura de pelo a los pacientes” es una pequeña muestra del escándalo destapado por Compromís: el hoy doctor inhabilitado para trabajar en la sanidad pública y que se encuentra en el extranjero habría, supuestamente, facturado a través de Dagda Platinum, una empresa de su hija, 7,2 millones de euros (más que el caso Fitur) por intervenir 1.246 veces a 86 pacientes.
“Encontró la manera de derivarse pacientes de la pública a la privada y de operarlos injustificadamente las veces que hiciera falta y que su hija cobrara por esas operaciones”, afirmó ayer la diputada por Compromís Marian Campello quien, junto con el síndic en las Corts, Fran Ferri, llevan desde 2015 detrás de este caso que ya han puesto en conocimiento de la Fiscalía.
“No se trata de un caso de mala praxis, sino de puro lucro médico”, añade Katia que está esperando en estos momentos la sentencia elevada al TSJCV después de que se sobreseyera el juicio por lo penal que llevó al banquillo en 2013 al doctor Vázquez Suárez y que quedara absuelto del delito, entre otros, de destrucción de pruebas.
Sobre este asunto, la diputada Campello explicó ayer que fue el Hospital General de Alicante el que se puso en contacto con la clínica Medimar cuando ingresó de urgencia Katia. “Necesitaban atajar rápidamente la hemorragia y pidieron –al centro privado- las imágenes de la hemorragia”. Según la política de Compromís, “Medimar les responden por mail que no tienen las imágenes porque las han tenido que borrar por falta de espacio en el disco duro”.
La coalición valenciana tiene pruebas de que se actuó en 86 pacientes derivados no solo desde el Hospital público alicantino sino también desde otros centros públicos de Elche, Elda, Orihuela o Sant Joan d’Alacant. Asimismo, ayer asistió a la rueda de prensa una de las pacientes, Herminia que asegura que la sometieron a 66 embolizaciones que constan en las facturas emitidas y pagadas.
Según esta formación, el médico carecía de la pertinente convalidación para trabajar en la sanidad pública y privada, pero logró evadir los mecanismos de control. Ferri recordó ayer que fue en 1996 cuando empezó el plan de choque sanitario para reducir las listas de espera en los centros públicos derivando pacientes a las privadas. A juicio del síndic estos trasvases “se acaban haciendo sin ningún tipo de control” y es por ello que van a presentar una Proposición No de Ley para que se cree un nuevo protocolo que establezca una comisión de seguimiento sobre los casos derivados a la sanidad privada y se aumente el presupuesto público para luchar contra las listas de espera, entre otras medidas.
