No hay descanso en el Ayuntamiento de Calp. Primero fue el conflicto entre el gobierno municipal (PP e independientes) y los sindicatos de la Policía Local; después, la readmisión de los 13 trabajadores que, según una reciente sentencia, fueron despedidos de forma ilegal en 2012 y cuyo destino es incierto, toda vez que el ejecutivo local baraja volver a despedirlos y mientras tanto les ha dado una semana de vacaciones retribuida; y ahora la convocatoria de unas oposiciones para cubrir en propiedad dos plazas de Técnico Superior de Comunicación. Esto es, de periodista.
Esta oposición ha desatado nuevas dudas. Con una asignación presupuestaria de entre 25.000 y 30.000 euros, se realiza cuando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sigue sin haber aterrizado en el ayuntamiento de Calp. Y pretende crear dos plazas fijas de funcionario en un momento en que las arcas municipales siguen viviendo momentos de zozobra, agravados por el descenso de población oficial y la consiguiente pérdida de la financiación del Estado.
Hasta el momento, esos puestos estaban cubiertos por dos funcionarios interinos. No obstante, en la fase de concurso de la convocatoria llama la atención que no se valore la experiencia periodística en un puesto similar en la Administración ni tampoco otras cualidades académicas, como por ejemplo la posesión del doctorado en Periodismo o equivalente.
Compromís criticó esos aspectos de las oposiciones, cuyas bases se remontan a 2012 y han sido rescatadas ahora. “No es de recibo que no se valore ni la experiencia ni la formación cualificada en esa profesión”, señaló el portavoz valencianista, Ximo Perles.
Y, entonces, ¿qué es lo que se valora en el concurso? Pues únicamente el conocimiento de idiomas. Un máximo de tres puntos el valenciano y dosel inglés. Al respecto, Compromísmostró su extrañeza por el planteamiento lingüístico del concurso cuando, según la ley que ha perfilado el Consell, en muy poco tiempo el requisito lingüístico será imprescindible para cualquier persona que aspire a ejercer de funcionario en la Administración.
“Se deja la puerta abierta –agregó Perles– a que una persona sin conocimiento del valenciano ocupe, precisamente, una plaza de periodista”.
Por otro lado, la controversia también viene por el hecho de que pese a su apurada realidad económica, Calp vaya a contar ahora con tres puestos fijos de periodista, una cifra superior a la de otros consistorios de municipios con más población.
Por fin, surgen agravios comparativos. El ejecutivo del PP y sus aliados se disponen a crear dos plazas fijas de periodistas mientras que uno de los argumentos que dio el concejal de Recursos Humanos, el popular Manuel Cabrera, para volver a despedir a los trabajadores readmitidos tras la sentencia del Tribunal Supremo era que sus plazas estaban, en cambio, amortizadas.
Ante esta tesitura, ya en los últimos plenos los partidos de la oposición han señalado que en realidad la política laboral del ayuntamiento a la hora de seleccionar qué personal puede trabajar en el consistorio calpino desde que en 2012 se aprobaran aquellos despidos hasta la fecha obedece a motivaciones políticas.