Tres meses. Ese es el tiempo que le ha dado el Ministerio para la Transición Ecológica al Ayuntamiento de Benidorm para que derribe todos los elementos relacionados con el restaurante L’Illa. Levantado hace más de 50 años en la conocida como “isla pirata” de Benidorm, islote a escasas dos millas náuticas de la ciudad alicantina, cuyo polémico término acuñó la asociación de empresarios Costa Blanca Marine cuando acreditó y trasladó a Fiscalía hace dos años, con la ayuda de un detective privado, toda una serie de irregularidades del establecimiento, que pasan desde el fraude fiscal, hasta delitos contra el medio ambiente por el vertido ilegal al mar de aguas residuales y por las que ha sido sancionada por el Consell.
Según ha podido saber eldiario.es, el Servicio Provincial de Costas ha hecho efectiva con fecha 1 de febrero de 2019 la resolución emitida en octubre de 2017 por la que confirma que todo el islote de Benidorm, de 7 hectáreas de superficie, pertenece al dominio público marítimo-terrestre (DPMT), en base al deslinde aprobado en 2005 de acuerdo con la legislación estatal de Costas.
De esta forma, y en cumplimiento del régimen transitorio de la normativa de Costas, en el año 2015 el Ministerio incoó de oficio un expediente para determinar si las ocupaciones existentes en el islote de Benidorm reunían los requisitos para el otorgamiento de una concesión de régimen transitorio. Tras su tramitación, por Orden Ministerial de 26 de octubre de 2017, el órgano de gobierno resolvió que “no procedía otorgar concesión para ocupación del dominio público marítimo terrestre, en relación con las ocupaciones existentes en el islote de Benidorm, al no reunirse los requisitos legales necesarios para ello”. Esto es, que el restaurante, propiedad del empresario José Cervera y su familia, carece de titularidad registral y de la licencia municipal de actividad.
A finales de 2018 quedaron desestimados todos los recursos que los propietarios del local de comida habían interpuesto a la orden denegatoria y siguiendo instrucciones de la Subdirección General de DPMT, el Servicio Provincial de Costas en Alicante acordó incoar de oficio el expediente de recuperación posesoria del DPMT frente al Ayuntamiento de Benidorm “por la ocupación abusiva de bienes” de DPMT con las instalaciones existentes en el islote de Benidorm, “al estar constatado que dichos usos y construcciones fueron implantados en su día por la administración local”, alegó en su momento.
Ahora, y con fecha de 1 de febrero de 2019, el Servicio Provincial ha dictado conceder al Ayuntamiento de Benidorm “un plazo de tres meses para efectuar la retirada de todas las instalaciones existentes en terrenos de DPMT destinadas a establecimiento de restauración”. A este respecto, se refiere a que debe derribarse las terrazas, escaleras, aljibes, jaulas para animales, “y demás instalaciones vinculadas con este establecimiento”, para lo cual el consistorio debe acordar previo desahucio de las personas físicas o jurídicas que actualmente siguen explotando este negocio.
Asimismo, en un primer punto, Costas también acuerda recuperar de oficio “la posesión de todos los bienes que pasaron a quedar incluidos en el DPMT” con la aprobación del deslinde del islote de Benidorm, “así como la restitución de los terrenos a su estado anterior”.
Sin embargo, el Ministerio deja en el aire el futuro del embarcadero existente, cuya posible legalización, aseguran estas fuentes, pasaría por el previo reconocimiento de su interés público, que en todo caso debería contar con el acuerdo del propio Ministerio junto con el gobierno valenciano y el consistorio.
Respuesta del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Benidorm, que ha reconocido haber recibido la orden del Ministerio, considera que “le corresponde a ellos”, en alusión al gobierno central, ejecutar el derribo del restaurante L’Illa. “Nuestros técnicos municipales asumen que Costas es la autoridad competente”, ha afirmado la concejala de Urbanismo Lourdes Caselles, del Partido Popular, a preguntas de este medio. Y es que el consistorio mantiene que no pueden proceder a la ejecución del desahucio ya que no son los titulares legales de la isla, “les corresponde a ellos porque son los propietarios”.
Por ello, Caselles entiende que “siguiendo esa lógica, nosotros también podríamos otorgar la licencia de apertura del establecimiento”, señala visiblemente molesta. Y es que la regidora alude al decreto firmado este lunes por su concejalía por el cual se desestima el recurso de reposición presentado por los propietarios del local, denegando la solicitud de apertura que la gerencia del restaurante había reclamado para empezar a regularizar parte de su situación. El consistorio ha argumentado que carece “del título habilitante para el uso de la instalación” ya que este permiso pertenece al Ministerio.
A la espera de que el gobierno central y el local se pongan de acuerdo sobre las competencias en la isla, el futuro del restaurante se adivina incierto teniendo en cuenta que, además, recientemente ha sido sancionado por la Conselleria de Medio Ambiente por vertidos ilegales al mar de las aguas utilizadas en el baño y en la cocina, avanzaba Alicante Plaza, por la que deberán hacer frente a una multa de 25.000 euros. Esta actuación ha estado agravada al realizarse en un espacio natural protegido como es el islote de Benidorm, perteneciente al Parque Natural de Serra Gelada.