Pulso para salvar del ladrillo el último kilómetro virgen de la costa de Orihuela

Un informe emitido por la Dirección General de Carreteras es la última esperanza a la que se acogen vecinos y ecologistas para conservar Cala Mosca, el último kilómetro y medio de costa sin urbanizar de Orihuela, un terreno aún virgen que actúa como paréntesis del desarrollo urbanístico desenfrenado que ocupan los 15 kilómetros del litoral oriolano. Desvelado por Cambiemos Orihuela, el documento cuestiona la viabilidad del proyecto de la promotora Playa Salvaje S.A, vinculada al Grupo Gomendio, de construir 1.500 viviendas en la zona próxima al acantilado, por su afectación a la N-332, ya de por si muy transitada, generando saturación acústica en un área donde habitan dos especies protegidas en peligro de extinción: el caracolillo Tudorella Mauretanica y la planta Cabeza de Gato, y donde se abren tres pequeñas playas de difícil acceso y, por ello, muy apreciadas por veraneantes.

El proyecto de urbanizar en 456.000 metros cuadrados está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana, que lo declara en 1990 suelo urbanizable programado. Posteriormente, el Ayuntamiento, en manos del PP, aprobó en sesiones plenarias los planes parciales para su desarrollo urbanístico, la último antes de acabar el mandato en 2007, provocando la respuesta de parte de la sociedad civil y política oriolana que se unió para frenar la construcción del complejo. De dicha respuesta salieron 7.000 firmas camino del Parlamento Europeo que resolvió en 2012 que el agente urbanizador, Playa Salvaje S.A, no podía continuar sin un estudio de impacto ambiental favorable que finalmente llegó en 2015.

La empresa constructora ha venido todo este tiempo esquivando los inconvenientes generados por los opositores al proyecto, que no descartan que en la tramitación urbanística por parte de la administración haya habido “varios vicios de corruptelas” que derivaron en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la permuta del suelo en 2003, originalmente dotacional para uso educativo y cuyo cambio dio lugar al proyecto. Pero el Ministerio Público, recuerda el coportavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, cerró la investigación en marzo de 2018 al haber prescrito. A continuación, elevaron una propuesta al pleno del Ayuntamiento para que revisase de oficio la permuta del suelo, pero el PP y Cs la tumbaron.

Entonces, el campo de batalla para salvar del ladrillo la última playa virgen de Orihuela se desplazó a la Generalitat Valenciana, donde vecinos, ecologistas y partidos de la oposición habían depositado sus expectativas en el Plan de Infraestructuras Verdes del Litoral (PATIVEL), la apuesta del gobierno autonómico por proteger y conservar los espacios libres del litoral de la especulación urbanística. Sin embargo, de nuevo, habían perdido el pulso; hace un año, la Conselleria dio el visto bueno a la construcción de 1.500 casas con la publicación de la declaración ambiental favorable, el último trámite, que se unía a la protección relativa otorgada por el PATIVEL, que si bien al principio no había contemplado la protección de Cala Mosca, después atendió a las alegaciones de partidos de izquierdas y colectivos medioambientales y le dio una protección transitoria que supone que si la empresa no empieza la construcción en cinco años (desde 2017), pasaría a estar totalmente protegido.

El tiempo pasa y los grupos ecologistas consultados consideran que la Generalitat debería de aumentar el grado de protección de Cala Mosca “para que de verdad sea efectivo”, mientras que PP y Cs recuerdan que, en caso de prohibir la construcción podrían enfrentarse a “indemnizaciones millonarias”. Ahora, las miradas están puestas de nuevo en la concejalía de Urbanismo que ostenta Ciudadanos y que tiene que decidir qué hacer con el informe de la Dirección General de Carreteras. Este medio ha tratado de obtener una respuesta, sin éxito.

Por su parte, desde Cambiemos han explicado que existe un escrito de Playa Salvaje S.A en el que se insta al Ayuntamiento a “no tener en consideración el informe de carreteras”, una forma de “presionar” a la concejalía, señala Bernabé, “para que ignore un informe demoledor que impide dar licencias de obra tal cual está el proyecto”. “Playa Salvaje hace honor a su nombre porque es lo que son: salvajes que sólo saben enriquecerse destrozando el futuro y bien común de nuestro territorio”, añade el político sobre un terreno convertido en un símbolo de lucha contra el desarrollo especulador que ha saturado casi todo el litoral.