Ampliación del Puerto de València: este será el impacto visual desde las playas de Las Arenas y la Malva-rosa

La ampliación norte del Puerto de Valencia que implica una inversión de unos 1.200 millones de euros (unos 400 millones en aportaciones de la APV y entre 800 y 900 millones de euros de aportaciones privadas) contará con una explanada de 138 hectáreas de terreno con capacidad para unos 5 millones de contenedores y está concebido para hacer frente al tráfico de mercancías esperado en el horizonte de 2050.

La infraestructura implicará un importante impacto viasual que será apreciable desde las playas de Las Arenas y la Malva-rosa, tal y como puede apreciarse en la simulación virtual.

Este es uno de los aspectos que alega el informe jurídico del Ayuntamiento para que la Autoridad Portuaria solicite una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El documento también expone que sin una nueva DIA se priva al Consistorio de presentar posibles alegaciones a un proyecto que ha sufrido modificaciones sustanciales desde su aprobación inicial.

Este viernes se celebra el Consejo de Administración tiene previsto aprobar un punto que supone un nuevo paso para avanzar en la adjudicación del proyecto.

En concreto, según el orden del día, se prevé aprobar la “selección de oferta del concurso público y continuación de la tramitación prevista para el otorgamiento de una concesión administrativa para la construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València”.

El colectivo Comissió Ciutat-Port integrado por las organizaciones Per L'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, Associació de Veïns i Veïnes Natzaret i Plataforma El Litoral per al poble, advierte de que el puerto de Valencia podría incurrir en delito medioambiental y en prevaricación de seguir adelante con la ampliación norte del puerto de Valencia, actualmente en fase de adjudicación.

El colectivo formalizará en los próximos días sus alegaciones al proyecto en las que denuncia las infracciones legales en las que incurre el proyecto constructivo aprobado en 2018 y que la autoridad portuaria pretende ejecutar, a sabiendas, y sin declaración de impacto ambiental que lo avale.