José Luis Olivas es hijo de un dios menor. Fue presidente de la Generalitat con el PP, presidente de Bancaja y presidente del Banco de Valencia y hoy está varado en un banquillo judicial, junto a su esposa Mercedes Álvarez y el empresario Vicente Cotino -responsable del grupo Sedesa-, acusado de un delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Un proceso al que seguirán otros por distintas irregularidades denunciadas durante su etapa en Bancaja.
Si hubiese sido otra clase de presidente autonómico o hubiese hecho su carrera política en Cataluña, la Policía Nacional tendría que haber acordonado los juzgados para evitar aglomeraciones o incidentes. Pero Olivas es el gran desconocido de los valencianos porque siempre ha limitado su exposición ante los medios de comunicación. El expresidente de Bancaja siempre prefirió ser de los que susurraban al oído, mientras, tacita a tacita, hacía crecer su patrimonio inmobiliario. Como si nunca hubiese dejado de ser el abogado de la asociación provincial de hostelería de Valencia desde donde inició su carrera política con el PP en la década de los ochenta.
Ante el tribunal, Olivas se presentó este lunes como un hombre bueno intentando dar apariencia de normalidad a un negocio singular que le permitió embolsarse en 2008 medio millón de euros más IVA por intermediar en la venta de unas acciones de la familia Cotino. La Agencia Tributaria y la Fiscalía dudan de que Olivas llegase a prestar servicio alguno al responsable de Sedesa, ya que el contrato fue verbal, la sociedad con la facturó apenas tenía actividad de asesoramiento y consideran que el expresidente de Bancaja solo pudo aportar en su descargo, además de unos pocos correos personales, un informe de tres folios firmado en 2013 por su mujer, una vez que ya se había iniciado la inspeccion fiscal. Unas dudas que la Abogacía del Estado ha alimentado este lunes al recordar que el matrimonio Olivas ya cuenta con un fallo en contra del Tribunal Económico Administrativo –recurrido en instancia superior- por la facturación de la empresa que tiene a medias el matrimonio Olivas de un servicio inexistente para obtener desgravaciones fiscales. Argumento que irritó sobremanera al expresidente de Bancaja, que insistió en que no se trata de un fallo en firme y que no tiene nada que ver con los hechos por los que se juzga.
Sin embargo, para un espectador no demasiado experto en jurisprudencia, lo sorprendente no son los hechos que se juzgan, sino el contexto en el que tuvieron lugar. José Luis Olivas, presidente de Bancaja y miembro del consejo de administración de Iberdrola, aprovechó sus cargos conseguir que Sedesa vendiese su paquete de acciones en la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA a un precio entre el 8% y el 10% “por encima del mercado”, en palabras de Vicente Cotino. ¿Cómo? Propiciando que Iberdrola realizase una oferta de compra por las acciones de Sedesa (y también las de Bancaja) para que Endesa se viese obligada a mejorar la oferta inicial y pagar más por las acciones.
“Yo defendía los intereses de Bancaja, los del señor Cotino y también los de Iberdrola”, afirma Olivas. El expresidente de Bancaja asegura que nunca tuvo funciones ejecutivas en la caja, pero admite que pidió al entonces director general de la caja que no buscase intermediario para vender las acciones de la empresa Proyectos Eólicos Valencianos porque se encargaría él mismo.
La declaración del tercer presidente de la Generalitat ante el tribunal evidencia cómo llegó ser uno y trino a la vez: presidente de Bancaja, consejero de Iberdrola y asesor particular. Defender intereses dispares y embolsarse a la vez una buena minuta. Y también explica, aunque solo en parte, cómo la mayor entidad financiera valenciana se encarriló hacia el precipicio nada más estallar la crisis financiera a finales de 2007.