La Fiscalía y el abogado del estado, que defiende los intereses de hacienda, creen que José Luis Olivas hizo una factura falsa para ayudar al empresario Juan Cotino a pagar menos a la Agencia Tributaria. La acusación pública pide tres años de prisión para el expresidente de la Generalitat y Bancaja en el juicio que ha comenzado este martes en Valencia.
Olivas niega los hechos. Y defiende sin empacho el giro de una factura de 500.000 euros más IVA a Cotino, sobrino de Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes, por labores de intermediación o asesoramiento que tienen un único soporte documental: un trabajo de dos páginas hecho a posteriori y firmado por su mujer, que nunca participó en las supuestas tarea de consultoría.
El político del PP, luego metido a banquero, ganó ese medio millón en 2008. Entonces, intermedió en la venta de la participación de un parque eólico entre una empresa de Cotino y Endesa. En la operación también estaban implicados Bancaja e Iberdrola. Olivas era presidente de la caja y consejero de la compañía eléctrica. Su remuneración era un porcentaje del beneficio generado: una plusvalía de 39,3 millones de euros.
“Defendía los intereses de Bancaja y Cotino, también los de Iberdrola, que quería tener un parque eólico en la Comunidad Valenciana. No tenía ninguna incompatibilidad”, ha declarado en la vista Olivas, aunque la caja, en la misma operación, vendió su participación al mismo tiempo que la de Cotino y al mismo comprador, Endesa, que ejerció su derecho de compra preferente.
Ni hacienda ni la Fiscalïa creen que, dado su desconocimiento del negocio de la energía, las conversaciones iniciadas por ejecutivos de las compañías implicadas y sus cargos en Bancaja e Iberdrola, Olivas pudo tener un papel relevante o remunerable en la operación. Es más, creen que el asesoramiento pagado con medio millón de euros “no existió”.
El informe presentado como justificante del trabajo se hizo a posteriori, con fecha falsa, y ni siquiera fue firmado por él, añaden, sino por su esposa, también acusada. La sociedad usada para facturar, propiedad de Olivas y su mujer, Mercedes Álvarez, no tenía apenas actividad. Y en 2011 -tres años después de los hechos enjuiciados- fue expedientada de nuevo por Hacienda por un asunto similar.
Olivas niega cualquier irregularidad. “Actué como presidente de Bancaja, a la que hice un favor” aprovechando sus contactos. Asegura que fueron sus gestiones con Iberdrola y Endesa las que desbloquearon la venta de la participación empresarial de Cotino, operación que generó una plusvalía de 39 millones de euros sobre una operación valorada en 120. La empresa vendedora, del grupo Sedesa, pagó sus impuestos. Y otro tanto hizo Imarol, la compañía usada por Olivas para facturar, esgrimen las defensas.
El expresidente de Bancaja defiende que su cargo en la caja no era ejecutivo y ,por tanto, no había incompatibilidad en intermediar para Cotino en una sociedad que también estaba participada por el banco. “Solo cobré 16.000 euros de Bancaja en 2008”. La Fiscal recordó que sus emolumentos aquel año fueron superiores gracias a los consejos de administración en los que representaba a la entidad, desaparecida tras la crisis.
Olivas está acusado de un delito de contra la hacienda pública y otro de fraude fiscal, al igual que Cotino. Éste ha asegurado que encargó a Olivas la venta de su participación por varias razones: Su papel en Bancaja, socia de los Cotino en la empresa de energías renovables, y sus conexiones con Iberdrola, empresa de la que era consejero. Según el empresario, el pago solo estaba comprometido si -como finalmente pasó- la operación generaba beneficios a partir de un determinado umbral.
Ambos han llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia entre la expectación de numerosos medios de comunicación. Olivas, que de la política fue aupado a la dirección de la caja de ahorros por el PP, está imputado por la gestión en Bankia, Bancaja y Banco de Valencia y la ampliación de capital del Valencia Club de Fútbol.