Antifraude lleva a la Fiscalía a los dos últimos alcaldes de Benidorm por no clausurar un restaurante ilegal en una isla protegida

El restaurante de la conocida isla de Benidorm, ubicado dentro del parque natural de la Serra Gelada, continúa funcionando a pleno rendimiento. Más de 100.000 turistas visitan al año este negocio privado propiedad del empresario José Cervera en el paraje protegido para comerse una paella y beberse una sangría. El negocio es millonario y funciona desde hace más de 40 años, pero tiene un problema: es ilegal y siempre lo ha sido.

El restaurante no tiene licencia ni título concesional y está en dominio marítimo propiedad del Estado, que ha ordenado sin éxito su demolición. El negocio tiene una denuncia de la Conselleria de Medio Ambiente por vertidos ilegales en el parque natural. Hasta el departamento de tributos del Ayuntamiento de Benidorm inició en 2013 un proceso para dejar de cobrar el dinero que el negocio pagaba fuera de todo control y sin criterios objetivos. Pero las cocinas y los tiradores de cerveza en el paraje protegido siguen funcionando sin que los alcaldes del municipio hayan hecho nada por evitarlo.

Y es ahí donde se abre el nuevo capítulo de la última isla del tesoro española. La Agencia Valenciana Antifraude ha finalizado una exhaustiva investigación de más de año y medio y ha concluido que la inacción del Ayuntamiento de Benidorm ante este negocio ilegal construido en un paraje protegido podría se constitutivo de delito. Y apunta a los dos últimos alcaldes: el socialista Agustín Navarro y el popular y actual regidor Toni Pérez Pérez. El informe de la agencia contra la corrupción consta de 28 páginas y ya se ha presentado ante la Fiscalía para que prosiga con la investigación y actúe en consecuencia.

El informe de la Agencia Valenciana Antifraude repasa de manera pormenorizada todas las ilegalidades cometidas por el negocio y censura duramente que el restaurante no esté clausurado. “Resulta del todo injustificable que no se realicen las acciones necesarias para hacer cumplir la legalidad en lo que a la actividad de restauración desarrollada en esas instalaciones se refiere, pareciendo existir algún tipo de voluntad en los regidores del Ayuntamiento de Benidorm más allá del estricto cumplimiento de la ley dando lugar, de esta manera, a todo tipo de acciones que permiten la continuidad de la actividad ilegal desarrollada”, argumenta el informe de Antifraude.

Sobre el exalcalde socialista Agustín Navarro, el informe que ya obra en poder de la Fiscalía asegura: “Navarro era perfecto sabedor de la ilegalidad que estaba cometiendo al estar el bar ocupando dominio público sin título concesional y sin licencia, lo que implicaría realizar acciones para su cese inmediato, actuación que no fue realizada, permitiendo omisivamente la continuidad de la actividad”. Y es que durante su mandato el propio Ayuntamiento dejó de cobrar tasas al restaurante, por lo que el exalcalde “ha sido plenamente consciente de la situación de ilegalidad”.

Respecto al actual alcalde Toni Pérez (PP), el informe de Antifraude hace una apreciación similar a la del socialista Navarro. Incluso su concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, llegó a firmar una solicitud de clausura del restaurante en 2016 por carecer de licencia. Pero el negocio ha seguido y sigue funcionando. “Los tres últimos alcaldes de Benidorm –Vicente Pérez Devesa, el anterior a los dos ahora investigados, falleció en 2006– han tenido cumplido conocimiento de las actividades desarrolladas en la isla, si bien ninguno de ellos ha actuado como corresponde a derecho desconociéndose la justificación técnica o jurídica que hubiera podido conducir a estos ediles a permitir la consolidación de una actividad clandestina en el entorno de un parque natural”.

El informe añade en sus conclusiones que la documentación estudiada “induce a pensar en un designio, una consciencia y voluntariedad de infringir el derecho torciendo los intereses generales”. La acción de los alcaldes, añade, “no la dirigen a lo que la ley exige y que sería ordenar el cese de la actividad supuestamente clandestina que se está ejerciendo en la isla de Benidorm desconociéndose, por parte de esta Agencia, cuál es la finalidad pretendida permitiendo la continuación de una actividad con estas características”.

El Ayuntamiento defendió el negocio privado

Pero va todavía más lejos. “Incluso cuando la administración competente acuerda la recuperación de la isla de Benidorm y la restitución de los terrenos a su estado anterior, con el consiguiente desahucio de las personas que lo explotan, la actuación del consistorio consiste en oponerse a tal acuerdo y tratar de conseguir una concesión en una suerte de defensa de intereses particulares por encima de los derechos de su legítimo propietario e, incluso, de la defensa de un parque natural”, censura el informe.

Antifraude alerta además de los riesgos para las personas que visitan el establecimiento porque el restaurante carece de proyecto técnico y licencia de actividad. Apuntan los investigadores que existen riesgos en la “resistencia y estabilidad de la estructura”, riesgo de electrocución, intoxicación, contagio de enfermedades y de incendios.