Carpetazo final a una investigación por presunta corrupción del PP de Benidorm por la caótica instrucción de la magistrada María Luz Jiménez Zafrilla, vinculada a un presunto chivatazo a la mafia rusa, según un informe policial. La causa, que salpicaba al actual diputado autonómico del PP Manuel Pérez Fenoll, se inició en 2015 tras una denuncia del PSPV-PSOE por los sobrecostes de 800.000 euros en la organización de la primera eliminatoria de la Copa Davis de 2009, celebrada en un gigantesco estadio con capacidad para 14.000 espectadores situado en el aparcamiento del parque de atracciones Terra Mítica en Benidorm. Sin embargo, el actual titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm, sucesor de María Luz Jiménez Zafrilla, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, que investigaba los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho, debido a la instrucción “errática a todas luces” de la magistrada, según indica el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.
El procedimiento se ha alargado durante más de siete años “sin que se conozca el resultado de diligencia alguna que arroje alguna circunstancia relevante para la investigación”, agrega la resolución. La criticada actuación judicial es “imputable en su mayor parte al propio Juzgado”, reprocha el severo auto.
El actual titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm no oculta su sorpresa por la actuación de su antecesora. En 2015, al inicio de la instrucción, el exalcalde del PP de Benidorm Manuel Pérez Fenoll presentó un escrito en el que indicaba que estaba aforado al ser diputado autonómico en las Corts Valencianes. Sin embargo, no consta “decisión alguna” al respecto por parte de la jueza “pese a su indudable relevancia procesal”. Es decir, la instructora no se dirigió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), único órgano judicial con capacidad para investigar a un aforado autonómico.
Además, la entrada en vigor de la polémica reforma legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy que establecía un plazo máximo de seis meses para la instrucción de este tipo de causas, ampliable a petición del juez o de la Fiscalía, también ha afectado a la investigación de los sobrecostes de la Copa Davis de Benidorm. Así, la causa se inició mediante un auto del 27 de noviembre del 2015, por lo que debía finalizar, o ser prorrogada, seis meses después (antes del 6 de junio del 2016).
Tres días antes del plazo, la jueza acordó declarar la causa compleja dando un plazo adicional de instrucción de 18 meses. Sin embargo, la resolución quedó sin efecto tras un recurso y la instructora dictó un nuevo auto el 29 de julio del 2016, cuando ya habían transcurrido los seis meses de plazo inicial. Se trata de una “circunstancia sin duda relevante” para acordar el archivo, según el actual titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm.
Ninguna diligencia “relevante para la investigación”
El magistrado sostiene que la instrucción, “por imperativo legal”, concluyó en junio del 2016, pese a que “de forma inexplicable ha seguido hasta la fecha”, además sin que se haya conseguido practicar diligencia alguna “que arroje alguna circunstancia relevante para la investigación”.
Antes del plazo límite “no consta el resultado de ninguna diligencia”, ni siquiera con el carácter indiciario propio de la fase de instrucción o cualquier “elemento de relevancia penal” sobre los hechos denunciados, más allá de la denuncia del PSPV-PSOE del 11 de junio del año 2015. El magistrado destaca especialmente la inacción de la instructora ante el hecho de que Manuel Pérez Fenoll ostentara la condición de aforado, aunque acuerda el archivo “sin necesidad de entrar en otras valoraciones y consideraciones, sin duda de interés”.
El auto rechaza valorar las diligencias acordadas “fuera del plazo máximo de instrucción ya agotado”, lo que aboca la causa a un irremediable archivo, “a fin de evitar a toda costa una clara infracción de las previsiones legales”. También deja sin efecto cualquier actuación pendiente o medida cautelar que se encontrara en vigor. Es decir, da un carpetazo definitivo a una investigación que ha durado más de siete años.
La investigación nació de una denuncia presentada en 2015 por el entonces alcalde socialista de Benidorm, Agustín Navarro, ante la Fiscalía tras perder en el TSJ-CV una reclamación de una de las empresas organizadoras del torneo, que exigía 600.000 euros. El evento, organizado durante el mandato de Manuel Pérez Fenoll (con el actual alcalde del PP, Toni Pérez, de portavoz), acabó saliendo por un ojo de la cara.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acreditó sobrecostes en el evento de 800.000 euros. Entre las empresas que formaban la UTE que organizó el torneo de tenis figuraban las mercantiles Universo Selección y Omega Mmoe, que han sido investigadas en el marco del 'caso Taula'.
Contactos con el crimen organizado, según la Policía
María Luz Jiménez Zafrilla, destinada desde hace dos años en la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, habría sido la autora de una filtración a los miembros de la red mafiosa desarticulada en Benidorm en 2019 en el marco de la 'Operación Testudo', según un informe de la Policía Nacional.
La Sección de Organizaciones Criminales Transnacionales de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) señala que “se ha podido constatar un posible delito de revelación de secretos”. El informe reseña posibles contactos de la jueza con el crimen organizado mediante referencias a la magistrada en escuchas telefónicas.
La causa contra la mafia rusa, la mayor operación en una década contra el blanqueo del crimen organizado en la costa valenciana, también se deshinchó por un error judicial de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm.
El antecedente de la mafia rusa
La magistrada dictó el sobreseimiento libre (en la práctica una absolución) y el archivo de la causa para casi una veintena de los imputados al haberles tomado declaración mediante una providencia fuera de los plazos de instrucción. El sumario desveló contactos telefónicos entre el presunto líder de la red mafiosa y cargos del PP de Benidorm.
El archivo benefició, entre otros investigados, al empresario ruso Mikhail Danilov, quien había realizado viajes a España en compañía de Levan Dazhangveladze, hermano y hombre de confianza del 'Ladrón de Ley' Merab Dazhangveladze, según las pesquisas policiales.
La investigación también señalaba que Danilov estaba presuntamente relacionado con Boris Ivanyuzhenkov y Maxim Lalakin, dos líderes del Sindicato del Crimen Podolskaya. Con Ivanyuzhenkov mantenía “constantes conversaciones telefónicas” y con Lalakin había viajado a España.
Danilov estaba imputado en la causa por la adquisición junto con su esposa Yulia Alekseeva —para la que también se dictó el sobreseimiento libre— de una vivienda de lujo en Altea con fondos provenientes de una entidad bancaria suiza. La Policía catalogaba al hombre como un empresario utilizado por la criminalidad organizada rusa para blanquear los beneficios de sus delitos mediante su fachada legal.