Lucha social contra las reformas laborales que impone el mercado

Las reformas laborales realizadas en España (2012) e Italia (2014) como la que se quiere efectuar en Francia con el proyecto de Ley que se presentará a la Asamblea Nacional, el próximo día 24, tenemos que mencionar que no son tales, porque una reforma, por definición, implica progresar y, sin embargo, son una regresión donde se eliminan derechos de las personas trabajadoras. En concreto, son una estrategia económica marcada por la agenda neoliberal: mayor flexibilidad, reducción salarial, facilita los despidos económicos y deslegitimación hacia los sindicatos dando prioridad a los convenios de empresa frente a los de sector y regresión de los derechos de los trabajadores.

Lo que por desgracia parece bastante global es que las similitudes aumentan en la desigualdad entre unos que siempre ganan, y cada vez más, y los que al final de una manera u otra, siguen luchando para no perder más. Una fractura cada vez más importante entre las “elites” y la sociedad lo que genera un deterioro de la cohesión social.

Los casos español y francés

La campaña orquestada por la patronal francesa, a través de los medios de comunicación afines, ha encontrado culpables: los excesivos salarios de los asalariados (en concreto los asalariados con bajos salarios) y el Derecho Laboral. Así, tratan de imponer al Estado sus propios postulados que consisten en que la única competitividad válida es la competitividad-precios y que la única manera de conseguir dicho objetivo es vía flexibilidad salarial y ocupacional.

Por ello, el Gobierno francés ha elaborado un proyecto de ley de reforma laboral que según sus argumentaciones permitirá mejorar la competitividad, favorecer la creación de empleo y aumentar los contratos indefinidos. Con ello, cede a todas las reivindicaciones de la patronal para que sea más atractivo invertir en Francia por la disminución del coste salarial y de la flexibilidad del empleo y sin considerar para nada que la calidad de las infraestructuras y las perspectivas de la cartera de pedidos de los empresarios no son determinantes y representan un papel fundamental.

Sin embargo, el 70% de la población francesa se opone a dicha Reforma Laboral por el recorte de las garantías de las relaciones laborales. Los jóvenes, la mayor parte de los agentes sociales y un gran número de parlamentarios de izquierda no aceptan el texto.

Por ello, los sindicatos han iniciado la más importante movilización de los últimos años para oponerse a la Ley El Khomri (en referencia a la Ministra de Trabajo) por entender que el proyecto de ley es básicamente neoliberal ya que destruye el modelo social actual con la excusa de que mejorará el funcionamiento de la economía.

En este sentido, desde que en marzo comenzaron las protestas se han registrado infinidad de manifestaciones, bloqueos y huelgas; llegando a la huelga general (el pasado 15 de junio). Todo ello, como parte de un plan hasta que el texto de la Ley sea discutido en la Asamblea Nacional (24 junio).

La ley El Khomri está inspirada por expertos en la economía del mercado de trabajo y por las reformas española e italiana argumentando que una menor protección de derechos de los trabajadores genera mecánicamente una disminución del desempleo. Así, confunden la legislación laboral con un simple cálculo de utilidad económica. Hablan de manera indiferente de reforma del mercado del trabajo o del Derecho Laboral como si el mercado se pudiera identificar con el Derecho. Es decir, que el derecho laboral se entiende como un mecanismo para ganar cuotas de mercado.

En este sentido, la situación del mercado de trabajo en Francia es bien distinta de la española. Hoy la tasa de desempleo en Francia es del 10%, frente al 21% de la española. También su tasa de paro de los jóvenes (20%) es muy inferior a la nuestra (46,5%). Por ello, no es de extrañar que prácticamente en todas las ediciones del Barómetro del CIS, desde su creación en 1985, continúa siendo el paro la mayor preocupación, Así, tres cuartas partes de los consultados (75,3%) considera que el paro es el primer problema de los españoles. Ni si quiera la falta de Gobierno, tras el fracaso de la XI legislatura y la convocatoria de repetición de elecciones para el próximo 26-J, solo es considerada problemática por el 5,2% de los españoles.

Pero la tasa de paro no resume toda la realidad del mercado laboral. Se observan importantes diferencias en los sistemas de protección para los desempleados entre Francia y España. Ello es, en parte, lógico por las diferencias en el poder de compra como queda reflejado en el salario mínimo de Francia (1467 euros) y España (764 euros). La duración máxima de la prestación por desempleo en ambos países es de 24 meses, pero en Francia a partir de los 50 años asciende hasta 36 meses. El periodo de afiliación para tener derecho a la prestación económica en Francia requiere haber cotizado 4 meses en los 28 meses anteriores. En España el periodo de alta es de 12 meses en los últimos 6 años. Además, en Francia, aquellos desempleados que asisten a cursos de formación reciben una ayuda mínima de 19,53 euros/día.

El punto esencial del proyecto y uno de los temas más controvertidos y que está levantado grandes discrepancias se refiere a que el Gobierno invierte la “jerarquía de las normas”, es decir, se da prioridad a los acuerdos de empresa sobre los convenios colectivos. Actualmente el Derecho Laboral está regulado por la jerarquía de las normas. Así, la Ley protege a los trabajadores sobre los acuerdos de sector y éstos sobre los acuerdos de empresa. Según este principio los acuerdos de empresa y de sector sólo pueden mejorar los de orden superior.

Sin embargo, debido a la presión de la patronal, los acuerdos de empresa tendrán más fuerza legal que los del sector. Contrariamente a la tradición de la legislación francesa que daba prioridad a los acuerdos sectoriales, lo que resta fuerza a las organizaciones sindicales. De este modo, los acuerdos de empresa podrán ser menos favorables para los trabajadores que los acuerdos de sector y que las disposiciones generales, lo que supone que tanto el empleador como el trabajador están en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en el ámbito de la duración del trabajo (número máximo de horas diarias y semanales, tiempo de descanso, etc.). De este modo, como los acuerdos de empresa son prioritarios pueden modificar la duración del trabajo. Francia es el único país de la Unión Europea que mantiene una semana laboral de 35 horas (40 horas en España). Pero podría verse derogada por acuerdo empresarial.

Otro frente de discrepancia se refiere a la indemnización por despido. Los empresarios podrán justificar despidos por motivos puramente económicos (disminución de beneficios o en la demanda de pedidos). El despido por causas económica, en Francia, 12. Las indemnizaciones actuales (antigüedades inferiores a dos años) pasan de cuatro a tres meses. Para más de veinte años de antigüedad serán de 15 meses en lugar de los 24 meses actuales.

A pesar de ello, el nivel de protección de los trabajadores franceses es muy superior al nuestro. El “despido objetivo” permite a las empresas despedir por causas económicas con una indemnización de 20 días por año trabajado. En España la posibilidad de despedir más fácilmente no ha provocado que las empresas realicen contratos fijos (8,3% de todos los contratos y de ellos el 43% a tiempo parcial).

Con todo, no se entiende como el Banco de España, en su último boletín de mayo, concluya que: es necesario un marco laboral que refuerce la flexibilidad interna y facilite “la adecuación de los salarios a las condiciones específicas de las empresas”. Es decir, sugiere la conveniencia de que la negociación colectiva se circunscriba en los convenios de empresa, que ahora representan sólo el 6% de esa negociación. Además, para corregir el aumento de la contratación temporal, el Gobernador insiste en que “se hace necesario potenciar el atractivo de la contratación indefinida, pero evitando que su excesiva protección siga incentivando la temporalidad”. Es evidente que detrás de este lenguaje técnico se encuentra la reducción de la indemnización por despido improcedente.

En este sentido, se observa que la devaluación salarial que se ha producido en nuestro país aún no es suficiente. La reforma laboral ha perjudicado, sobre todo, a los nuevos ocupados, con un descenso de los salarios que perciben. Esta caída, sin embargo, no se reparte ni mucho menos por igual entre todos. Se trata de la nueva generación salarial que ha dejado atrás al mileurismo de antes de la crisis. Si no hace mucho tiempo se criticaban los salarios mileuristas de los jóvenes, hoy muchos de ellos se conformarían en percibir dichos salarios. En concreto el 30% de los jóvenes recibió un salario bruto mensual de 640 euros y el 22% de los jóvenes, un salario mensual mileurista.

En promedio los jóvenes ganaron el 55% del salario medio del conjunto de las personas asalariadas (2.188 euros, frente a 3.140 euros de los franceses). El menor nivel salarial entre los más jóvenes se explica por el mayor peso de los contratos temporales, el sector de actividad, el trabajo a tiempo parcial y la menor antigüedad.

Precisamente el Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente una encuesta, sobre costes laborales por hora trabajada, correspondiente al primer trimestre de 2016, en la que se observa que la hostelería y el comercio a pesar de ser los motores de la creación de empleo sus salarios descienden y son inferiores a la media. Así, mientras la media del conjunto de actividades aumenta (0,7%) por el contrario disminuyen en Hostelería (-1,4%) y Comercio (-1,2%).

Con su proyecto de Ley de reforma laboral el Gobierno francés desarticula un siglo y medio de conquistas sociales ante la desesperanza de asalariados y jóvenes que aspiran a un futuro mejor. ¿Quién puede creer que despedir más fácilmente va a multiplicar las colocaciones? En España nadie. La desreglamentación no es una solución de futuro. Es una fuente de pobreza y de desigualdades y que pone en riesgo la cohesión de la sociedad.

Los empleos se crean si se incrementan los pedidos de los productos o servicios que venden las empresas. Es evidente que ninguna reforma laboral por sí sola crea empleo, solo se puede hacer con una economía en crecimiento, pero todas las reformas juntas pueden facilitar que la creación de empleo sea más rápida. El Derecho Laboral no es un obstáculo para el derecho al trabajo. Si en España ha aumentado el empleo es debido esencialmente al relajamiento de las medidas de austeridad y al comportamiento positivo del turismo. Sin olvidar los llamados vientos de cola: bajos precios del petróleo, y bajos tipos de interés junto con la compra de deuda a países con dificultades por el Banco Central Europeo. Precisamente, según una encuesta de Metroscopia (EP 6 de junio) un 52% piensa que el crecimiento de la economía nada tiene que ver con las políticas gubernamentales.

Italia se apunta a las reformas laborales

El gobierno italiano ha tenido que hacer frente igualmente a la crisis. Por ello, es otro de los países que ha elaborado una nueva reforma laboral la llamada: Jobs Act.

En 2016, la tasa de paro juvenil alcanzó el 36,9% (respecto al 12,4% total) y, el 52,5% de los contratos de los jóvenes empleados era temporal (respecto al 13,2% total).

Dos grandes aspectos son destacables de la evolución reciente en el Derecho italiano. En primer lugar, la aprobación en 2015 de un nuevo marco de modalidades contractuales, cuyo centro de gravedad se sitúa en el contrato indefinido de tutela creciente. La novedad más polémica de la reforma laboral es que los empresarios, en caso de perder el juicio, ya no están obligados a readmitir a aquellos trabajadores indefinidos que hayan sido despedidos, y los pueden compensar económicamente. Esta indemnización se objetiva en la nueva regulación (eliminando con ello la discrecionalidad judicial en su fijación) y se concreta en dos meses por año de antigüedad con un mínimo de cuatro y un máximo de 24 mensualidades.

En segundo lugar, las reformas se han orientado a una revisión del papel de la ley y la negociación colectiva. Es decir, se faculta a los convenios de empresa para actuar con autonomía para derogar normas de origen legal o de los convenios nacionales en determinadas materias.

La mayor flexibilidad en la contratación indefinida se complementa con una mayor cobertura del subsidio de desempleo y del salario mínimo. Hasta ahora, el subsidio de desempleo en Italia cubría principalmente a trabajadores de empresas de más de 15 empleados y dejaba sin protección a una parte considerable de la fuerza laboral. El nuevo seguro de desempleo tendrá ahora mayor cobertura y se extenderá el salario mínimo para los sectores sin convenios nacionales.

Con todo ello, Matteo Renzi, Presidente de Italia, declaró que el “modelo a seguir” para su país “no puede ser el de España”, “que tiene el doble de desempleo que Italia”.

Conclusiones

Los franceses no están dispuestos a renunciar sin plantar cara a una serie de conquistas sociales esenciales y a un nivel de protección laboral por encima de la media europea.

La imposición neoliberal que se está introduciendo en Francia tiene una trascendencia fundamental para el futuro de la lucha social en Europa, Así, se demuestra en las recientes reformas laborales, efectuadas en España e Italia, y que ahora se pretende hacer en Francia, arrebatando los derechos sociales de los trabajadores con un proyecto de Ley que va a cambiar de manera importante la vida de los trabajadores vía recortes salariales, facilitando los despidos (un simple descenso de la cifra de ventas será suficiente para justificar despidos económicos) y aumentando el tiempo de trabajo (cuestiona las 35 horas) en lugar de reducirlo que es lo que se tendría que hacer para reducir el paro.

Además, al eliminar los acuerdos de sector priorizando los de empresa, se reduce la garantía de protección colectiva y de igualdad de los asalariados. Ello fomenta la competencia entre empresas y posibilita el dumping social dentro de un mismo sector. En definitiva, un ataque en toda regla contra la democracia social.

El proyecto de Ley se inscribe en un contexto de crisis institucional francesa y europea donde el Derecho Laboral se concibe como un instrumento de la política económica. Se plantea un escenario donde están en juego la aplicación de estrategias neoliberales en el conjunto de la Unión Europea.

El Gobierno francés pretende destruir un siglo y medio de conquistas sociales legislando en contra de los obreros y los jóvenes. Está regresión social, la más violenta en décadas, aumentará la pobreza y la desigualdad sin reducir el paro. De este modo, se ha optado por cambiar el Derecho Laboral con un conjunto de medidas regresivas en lugar de afrontar los desafíos que se presentan actualmente en nuestra sociedad.

Vicente Castelló Roselló es profesor de la Universidad Jaume I, profesor invitado de la Universidad Lumière de Lyon, miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y experto en políticas de empleo.