Mientras el Estado asumirá las deficitarias radiales de Madrid por el desastre económico que supusieron a las concesionarias privadas, el próximo año el Gobierno deberá decidir si finaliza con la concesión a Abertis del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Valencia y la AP-4 entre Servilla y Cádiz, que caduca en diciembre de 2019 y que gestiona su filial Aumar. Estas dos autopistas son una de las joyas de la corona del gigante español de las carreteras y Aumar ya ha propuesto prorrogar el servicio a cambio de unas inversiones y mejoras en la red de carreteras.
Y no es de extrañar puesto que los peajes de estas carreteras, que tienen hartos a los vecinos de las comarcas de la Costa Blanca que no tienen otra vía que no sea de pago para viajar a Valencia o Alicante, han dado unos pingües beneficios a la concesionaria. De hecho entre 2013 y 2017, Aumar ganó 472,8 millones de euros después de impuestos, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantol. Unos resultados que han convertido a Abertis en una pieza más que apetecible para multinacionales como Atlantis o el consorcio ACS-Hochtief, que quieren hacerse con su control.
Pese a que la concesión debe finalizar en diciembre de 2019 y a que ya se prorrogó la extinción del contrato por decisión del Gobierno de José María Aznar, el Ministerio de Fomento no ha aclarado si liberará está transitada vía y asumirá su mantenimiento. De hecho, Aumar estaría encantada en continuar con la concesión puesto que en los dos últimos años ha duplicado su beneficio por la mejora de la economía, el incremento de turistas y la falta de un corredor mediterráneo ferroviario.
Es más, Abertis continúa reclamando al Gobierno compensaciones por la construcción de la CV-10, una autovía autonómica que recorre el interior de Castellón y que da servicio al potente sector cerámico que antes tenía que pasar por su peajes. Según la concesionaria, redujo el volumen de tráfico pero en los últimos años los beneficios no paran de crecer.
Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy se hace el remolón y no aclara si prorrogará la concesión, el Ejecutivo valenciano ha pedido el fin de la concesión en favor de la economía valenciana, que notaría un importante reducción de costes al ahorrarse los peajes, sobre todo en los tramos Alicante-Sueca y Sagunto Tarragona. Los municipios de la Costa Blanca (las comarcas de las Marinas y la Safor) llevan años exigiendo el fin de la concesión y de los peajes.