Valencia investiga las expropiaciones millonarias que beneficiaron a las familias Cotino y Trénor
Pese a que la mayoría de veces la desidia de las administraciones públicas puede frustrar negocios, hay veces que ésta acaba beneficiando “a empresarios cercanos” al partido que en ese momento ocupa el poder. Y un ejemplo de ello son los beneficios que han obtenido la familia Trénor Galindo y la del expresidente de les Corts, exconcejal del Ayuntamiento e imputado en el 'caso Gürtel', Juan Cotino, por el retraso del consistorio en el pago de las expropiaciones de sus terrenos para construir el Parc de Capçalera. Un descuido temporal que les ha supuesto incrementar de 5 a 17 millones de euros sus ganancias.
Un retraso, denunciado en su día por el grupo socialista en el consistorio, y que ahora investigará el Ayuntamiento. Según ha afirmado el concejal Joan Calabuig (PSPV-PSOE) “el gobierno local investigará los motivos por los que se produjo la retasación de dos expropiaciones”. Queremos aclarar una actuación que puede provocar un gran gasto a las arcas municipales y que, además, está bajo una grave sospecha, ya que beneficiaría a las familias Trénor y Cotino“. Los socialistas han presentado una moción al próximo pleno para llevar la investigación adelante.
“Tenemos todas las sospechas para afirmar que se ha producido una negligencia o situación dolosa, puesto que habido una concatenación de errores para favorecer a personas del entorno del anterior gobierno municipal”, ha criticado Calabuig, que en el pasado mandato de Rita Barberá pidió una comisión de investigación sobre el tema que fue vetada por el PP. El edil socialista, además, ha anunciado la interposición de un recurso al Tribunal Supremo por parte de la corporación local “para defender el interés público” y así evitar pagar las expropiaciones millonarias.
Los Cotino a través de la mercantil Alqueria Dolores -que tiene 2,8 millones de euros en Luxumbergo y Reino Unido y estuvo relacionado con el caso de Banco Madrid, según publicó El Confidencial- y los Trénor gozaban de 15.000 y 5.400 metros cuadrados, respectivamente en la zona donde el gobierno del PP en 1997 planteó la creación de la zona verde. Dichas expropiaciones que también afectaron a 140 personas más, hubieran tenido que costar 961.000 euros en el caso de los Cotino y 273.000 euros en el caso de los Trénor. Pero el retraso en el pago, pese a los informes técnicos favorables, supuso la recalificación de los terrenos.
Con ello, la empresa familiar propiedad de Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino e imputado por financiar supuestamente de forma ilegal al PPCV, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCJV), tasando sus propiedades en 3,5 millones de euros. Los Trénor realizaron la misma operativa en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal fijó entonces en 14 millones la cantidad a pagar por parte del Ayuntamiento de Valencia. Unas sentencias que pueden suponer un gran esfuerzo a las diezmadas arcas de un consistorio que de nuevo tiene que lidiar con otra herencia gravosa más de la etapa de Rita Barberá.
