Desde que el pasado 24 de junio entrara en vigor la ley de eutanasia en España, cuatro son las solicitudes que ha atendido la comisión valenciana de garantía y evaluación del derecho a la prestación de ayuda para morir prevista por la norma estatal (compuesta por quince profesionales de la medicina, la enfermería, la psicología, trabajadores sociales o juristas). Dos de estas peticiones ha sido aprobadas, una denegada y una cuarta está en estudio, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.
Las dos peticiones aprobadas corresponden a finales del mes de agosto. El primer caso, el ya conocido de una mujer de más de sesenta años de edad y con una fase muy avanzada de esclerosis múltiple, una enfermedad que padecía desde hace más de dos décadas, que pudo ejercer su derecho a una muerte asistida en el hospital San Juan de Alicante.
El segundo caso corresponde a una mujer de unos 86 años con tetraplegia -sufría parálisis supranuclear progresiva- y testamento vital que se resolvió “muy pronto”, tal y como reconocen desde la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) a elDiario.es. La solicitud se produjo el 31 de julio y la muerte asistida tuvo lugar el 22 de agosto.
Sin embargo, María José Alemany, presidenta de DMD en la Comunitat Valenciana lamenta que la comisión de evaluación haya rechazado una tercera petición, que tuvo lugar en septiembre, por querer ser “demasiado garantistas”.
Se trata de otra mujer, de unos sesenta años y socia de Derecho a Morir Dignamente, con un parkinson muy avanzado desde hace seis o siete años: “Se trata de una patología que requiere de mucha medicación, le causa gran dolor y le impide dormir, además de provocarle episodios de hipercinesia, con movimientos involuntarios como espasmos o saltos que hace que se golpee contra los muebles causándose daños”.
Su solicitud fue rechazada inicialmente por el facultativo que la trataba y por la coordinadora médica por lo que la petición fue documentada y trasladada a la comisión de garantías. “Para complementar los informes, la paciente recibió la visita de la trabajadora social, el neurólogo y el psicólogo, quienes entendieron que hay mas opciones de tratamiento, como la cirugía, y denegaron la petición, de forma que solo queda abierta la vía judicial por medio de la presentación de un recurso contencioso-administrativo”, señalan desde Derecho a Morir Dignamente: “Es muy difícil defender un recurso contra la comisión expertos”.
Alemany esta opción muy costosa y poco viable, “esta persona tiene que tener recursos económicos para conseguir un abogado y un médico que realice el peritaje, a lo que hay que sumar el desgaste físico y psicológico de la vía jurídica para una persona que ya está sufriendo por su enfermedad”. “Esta decisión supone una condena a seguir sufriendo hasta que ellos consideren que ya no se puede sufrir más”, lamenta la presidenta de DMD, quien explica: “Todos amamos la vida, pero hay un momento en que ya no es asumible”. Así mismo, sostiene que la alternativa quirúrgica apenas mejoraría su situación, “tal vez, si se lo hubieran propuesto antes, la respuesta hubiera sido distinta”.
Del cuarto caso, el que está en estudio, se desconocen de momento los detalles.